El polvorín de Soto de la Marina iba a ser clausurado en septiembre

«El polvorín de Soto de la Marina desaparecerá en septiembre», titulaba en su primera página la Hoja del Lunes de Santander el pasado día 30 de junio, al tiempo que el autor del informe, Victor Gijón, ponía el acento, una vez más, sobre los peligros y la disparatada ubicación del aludido polvorín. Desgraciadamente, septiembre era demasiado tarde.Dadas las exigencias de seguridad planteadas con la aprobación del nuevo reglamento de explosivos del 2 de marzo de 1978, en el que se recogía por primera vez el principio de que los explosivos han pasado de ser peligrosos por sí mismos a serlo también socialmente, en especial con fines terroristas, la instalación de un polvorín en una determinada zona del territorio nacional tiene derivaciones importantes. Así se explica que la Goma 2, que es un producto relativamente barato en producción, se encarece notablemente al exigir almacenamientos y servicios de seguridad costosos. A la vista de estos elementales principios, la primera pregunta sin respuesta es si el polvorín de Soto de la Marina, robado ayer, cumplía esas características.

La ubicación del polvorín de Soto de la Marina estaba siendo duramente contestada por los vecinos. Cercano a una carretera comarcal de intenso tráfico, especialmente en verano, hacia las playas de Liencres, había sido incomprensiblemente rodeado por edificios de viviendas y, aparentemente al menos, no ofrecía la seguridad que era de suponer, dada su capacidad de almacenamiento. Tres casetas («casamatas» dicen en el lugar, aunque desgraciadamente no tengan cualidad para tal denominación) salen al paso del visitante antes de llegar al recinto del polvorín, donde otras tres casamatas, denominadas ahora con mejor propiedad, sirven de almacenamiento de los productos, todo ello cercado por una valla de unos dos metros de altura, que en sus últimos cuarenta centímetros se convierte en alambre de espinos. Dos personas son su única protección por la noche, hasta el relevo de las nueve de la mañana y el posterior ajetreo de despacho de mercancía.

El cierre de este polvorín público, decidido hace meses, se fue retrasando porque los ayuntamientos en los que se encontró adecuada ubicación no se decidían a dar la correspondiente autorización. Así las cosas, la Delegación Regional de Industria no tenía más que dos opciones: esperar a alguno de esos permisos manteniendo provisionalmente el de Soto de la Marina o cerrar, obligando a los compradores de la región a trasladarse diariamente hasta el páramo de Masa, donde está situada la fábrica de Goma 2, y ello con los consiguientes peligros del transporte, especialmente en invierno, y los no menos evidentes riesgos de robo.

Declaraciones del delegado de Industria Pedro Hernández Cruz adelantaban el 30 de junio, en Hoja del Lunes, que ya se disponía de un lugar adecuado para el nuevo polvorín y que el traslado se realizaría en septiembre, si el ayuntamiento afectado accedía.

En todo caso, también anunciaba que septiembre era fecha tope para el cierre, advirtiendo de los inconvenientes para el usuario, ya que los desplazamientos de la mercancía tenían el recargo de la vigilancia y trabajo extraordinario en tiempo y número de efectivos para la Guardia Civil, que tiene la obligación de escoltar todo cargamento de explosivos, por pequeño que sea.

El que en la región de Cantabria se utilicen anualmente 730 toneladas de explosivos, principalmente Goma 2, y el que las empresas que la utilizan están obligadas, si no tienen polvorín propio, a consumir o destruir, en su defecto, diariamente la cantidad recogida en el polvorín público da una idea de las dificultades que acarrearía la desaparición del polvorín regional, cuya capacidad es suficiente para tener tan sólo que ser alimentado dos veces al año. Además de este almacén público de Soto de la Marina, en Cantabria sólo dos empresas disponen de polvorín privado.

Toda la Goma 2 que se consume en España está fabricada en una factoría situada en el páramo de Masa, en la provincia de Burgos, en medio de una gran protección de la Guardia Civil y de vigilantes jurados de la empresa Explosivos Río Tinto. Los peligros de fabricación son mínimos y únicamente se han detectado problemas de toxicidad, productores de fuertes dolores de cabeza en las personas que manipulan un producto cuyo almacenamiento se hace cumpliendo el reglamento, en salas independientes, en las cuales sólo pueden permanecer guardadas un máximo de veinticinco toneladas. Los detonantes, sin los cuales es imposible la deflagración, ni aun aplicando fuego directamente sobre el explosivo, son fabricados en lugar diferente.