Pregunta comunista al Gobierno sobre la urbanización Nueva Alcalá

El diputado comunista por Madrid Simón Sánchez Montero ha presentado ante la Mesa del Congreso una doble pregunta al Gobierno, relacionada con los problemas sociales que viene ocasionando la urbanización Nueva Alcalá, compuesta por 2.448 viviendas, construidas por la empresa Segunda Aldeva, SA, en el término municipal de Alcalá de Henáres.Hasta el momento han sido presentadas más de mil denuncias relacionadas con las demoras de las obras y las irregularidades en las operaciones de venta de los pisos A raíz de las denuncias, los empresarios han sido multados en tres ocasiones, por un total de más de cincuenta millones de pesetas. Al mismo tiempo, fue ordenado el reintegro de las cantidades cobradas indebidamente, aunque se dejara «un portillo abierto» -señala la pregunta del parlamentario- para que la empresa pudiera reclamar ciertas cantidades a los compradores que justificaban el aumento de los costes.

Además de relatar otras irregularidades, que en ocasiones se utilizaron para justificar el despido de los trabajadores que participaban en la construcción, el diputado comunista señala que, «dada la incidencia de Nueva Alcalá en el orden público de Alcalá de Henares, no se acierta a comprender la pasividad del Gobierno Civil de Madrid ante una representación de compradores recibida por el señor Rosón en la ya alejada fecha del 13 de julio del año pasado».

Señala asimismo Sánchez Montero que existe un problema de financiación oficial, ya que el Banco de Crédito a la Construcción entregó a la empresa Segunda Aldeva, SA, más de 1.600 millones de pesetas, sin acreditación total de ventas" como exigen las normas del banco. Sigue el diputado indicando que «no se conoce que nadie haya puesto en conocimiento del Ministerio de Economía este proceder desarrollado por un organismo de crédito oficial, y, desde luego, no consta que se haya practicado deducción de testimonio en este sentido por parte del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo».

Termina el diputado comunista interesándose por si el Gobierno «podría aportar alguna información acerca del significado de la protección oficial a la vivienda» cuando éstas «se califican de subvencionadas, se bonifican como tales, se promueven por cooperativas de viviendas», etcétera, y, sin embargo, «se construyen fuera de todo calendario de obra y se venden con enormes sobreprecios».

Entre las irregularidades denunciadas por Sánchez Montero se señalan las relacionadas en algunos casos con problemas de cooperativismo de tipo social llevado a cabo por la cooperativa La Familia Española, que fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo.

La construcción de las 2.448 viviendas fue llevada a cabo por las compañías constructoras Obrascón, Padrós, Esteban y Bartolomé, entre otras.