La patronal rechaza el proyecto de ley del seguro privado

Unespa, patronal española del seguro, mantiene amplias diferencias con los presupuestos que la Administración baraja en la redaccción del proyecto de ley de ordenación del seguro privado. En opinión del presidente de aquella organización, Félix Mansilla, la legislación en que trabajan -los subsecretarios desde hace un mes implica «más cargas de las necesarias» y en cualquier caso superiores a las que soportan las compañías de la Comunidad Económica Europea.Según explicó Félix Mansilla ayer, en Madrid, el Ministerio de Hacienda parte, en la redacción del proyecto de ley, de la realidad de que la dimensión de las compañías aseguradoras españolas es inferior a la media que existe en la Comunidad Económica Europea y, «por tanto, hay que ir a la concentración». Pero el proyecto, comentó el presidente de Unespa, «impone unas condiciones de solvencia y fondos de garantía superiores al de los países comunitarios», frente a lo cual no se ofrece una política de liberalización de primas y de inversiones, lo que supone una progresiva descapitalización de las empresas, una disminución de su solvencia y una falta real de competitividad en un supuesto de integración en la CEE.

Con aquella política, las empresas, según argumentó Félix Mansilla, se ven obligadas a disponer de muchos recursos financieros y cauciones. El modo de conseguir esas exigencias tiene dos vías: la ampliación de capital o la autofinanciación, que sólo se consigue con la elevación de las primas a los asegurados.

El presidente de Unespa citó los márgenes de solvencia y fondos de garantía mínimos que la Comunidad Económica Europea exige a las compañías aseguradoras y que se sitúan entre los 100 y 150 millones de pesetas. Por países, los fondos de garantía que se exigen son: 90 millones de pesetas, en Italia; 80 millones, en Francia, y 100 millones, en la República Federal de Alemania. En el proyecto de ley de ordenación del seguro privado español la cifra, como mínimo, se duplica, «por lo que las entidades pequeñas se niegan a aceptarlo».

Después de insistir en que al sector de seguros español le satisfacen las normas comunitarias destacó que, ante el futuro y necesario ingreso de España en la CEE, el período de transición que prevé el proyecto de ley es de cinco años, y Unespa entiende que debe ser de ocho años.