La Generalidad propone la constitución de un fondo para crear empleo

, La Generalidad de Cataluña ha propuesto a los sindicatos y a las organizaciones empresariales catalanas un proyecto de decreto autonómico de creación de un «fondo de ocupación de Cataluña», en forma de «acuerdo interprofesional de comunidad autónóma», modalidad jurídico-laboral que carece de precedentes. Los fondos necesarios se obtendrían mediante detracción de un porcentaje no precisado de los incrementos salariales -pactados o no- que se dieran en Cataluña. La mitad del porcentaje sería aportada por los empresarios y la otra mitad por los trabajadores. Su utilización sería controlada de forma tripartita.Este diario ha podido obtener un extenso documento de la Consejería de Trabajo de la Generalidad, en el que se detalla el proyecto, cuya aplicación se prevé para el primer trimestre de 1981. En el curso de este mes el documento será sometido a CC OO, UGT y la gran patronal catalana, Fomento del Trabajo Nacional. Los contactos mantenidos entre el consejero de Trabajo y representantes de los tres organismos mencionados indican una fuerte receptividad por parte de las dos centrales citadas anteriormente y numerosos recelos por parte de la patronal.

El acuerdo no implica en absoluto la fijación de unas bandas salariales, ya que lo obligado es la detracción de unos porcentajes de los aumentos salariales, no la limitación de los mismos. Tampoco reviste las características de un pacto social como los habidos en países europeos.

A guisa de ejemplo, el proyecto de la Generalidad cuantifica los módulos en base a partir de la hipotética detracción de un 1% de la masa salarial, siempre por mitad (0,5%) y mitad, por parte de trabajadores y empresarios. En ese caso se obtendrían 12.000 millones de pesetas.

En cuanto a la forma de recaudación, el documento alude como procedimiento preferible el ingreso de las cantidades correspondientes en cajas de ahorro, a disposición del órgano tripartito (Generalidad, centrales sindicales y patronal) que los controlaría. Los consiguientes programas de actuación se dirigirían básicamente a crear puestos de trabajo para remediar el paro juvenil, el de los trabajadores con cargas familiares y el de los trabajadores mayores de 55 años. Pero el documento también se refiere explícitamente a la «incidencia que el proyecto puede, tener en la política de reconversión industrial en Cataluña».

La actuación pasaría tanto por «trabajos comunitarios organizados por entes públicos», como por ayudas a la formación profesional o bien a «empresas que contraten por un período mínimo de seis meses» (con lo cual se conseguiría que los trabajadores afectados volviesen a poder recibir, al cesar el subsidio de paro). También aparecen otras formas de ayudas, tales como financiación para la adquisición de material para establecerse como trabajador autónomo. En cualquier hipótesis, las empresas sólo podrán acogerse a los beneficios del fondo si las contrataciones «suponen incrementos netos de la plantilla».

El documento afirma que el costo salarial en trabajos comunitarios es de unas 700.000 pesetas/año. De lo que se deduce que el fondo, si se destinara a costear salarios y cargas sociales en trabajos de esta índole, durante un año, podrían ocupar a unas 17.000 personas, lo que, según el documento, representa en Cataluña el 74% de la totalidad de los parados no subvencionados mayores de veinticinco años. Esta estimación, como todas las restantes, se efectúa en base al supuesto meramente teórico de la detracción de un 1% de la masa salarial. En marzo de este año el número total de parados oficialmente registrados en Cataluña era de 205.000 personas, es decir, un 9,2 % de la población activa de Cataluña.

El documento de la consejería indica la posibilidad de una imposición de manera que, por vía reglamentaria o legislativa autonómicas, y previa una aceptación mayoritaria de las fuerzas sociales y económicas, el acuerdo para la creación del fondo «fuese exigible tanto por las empresas como por los trabajadores» de Cataluña. A lo que agrega que «parece recomendable cierto grado de obligatoriedad en la asunción de los factores sociales y económicos del acuerdo sobre la creación de este fondo».

Por parte de las dos grandes centrales sindicales catalanas -las únicas a las que por ahora se propone-, el proyecto de acuerdo contribuye a apuntalar su implantación, en las proximidades de las elecciones sindicales, cuya participación favorece. En cambio, dentro de la patronal, replantea el viejo dilema entre la vía del diálogo y la de la marginación de los sindicatos. En el orden político se trata posiblemente del primer proyecto social surgido de la Generalidad, a los tres años de su reinstauración.