Cooperativistas de Hipergranada denuncian irregularidades en la gestión de la sociedad

Veintiún cooperativistas de la sociedad Hipergranada, cuyo edificio comercial fue construido y abierto al público en 1979 sin las correspondientes licencias municipales, han enviado a los ministerios de Trabajo y de Comercio, Ayuntamiento de Granada y otros organismos oficiales un escrito en el que denuncian graves irregularidades internas, económicas y organizativas, al tiempo que piden la apertura de una investigación en profundidad, con objeto de salvar la supervivencia de la cooperativa.

Por otra parte, una comisión de proveedores y acreedores del hiper controlará e intervendrá directamente, según un acuerdo adoptado el sábado, la gestión económica y comercial de la sociedad cooperativa, cuyas deudas actuales se elevan a varios cientos de millones de pesetas. La comisión fue nombrada el mismo sábado, en el curso de una asamblea general de proveedores y acreedores de Hipergranada, y su primera reunión de carácter ejecutivo se celebró ayer, sin que haya trascendido públicamente ningún aspecto importante de la misma.Tanto los firmantes del escrito como los miembros de la comisión consideran, sin embargo, que el problema más grave de la actual crisis no sólo consiste en la situación de incertidumbre que pesa sobre el futuro del edificio -para cuya clausura y demolición existen varios decretos de la alcaldía granadina, temporalmente suspendidos por el juzgado, mientras se resuelve un recurso presentado por los cooperativistas-, sino también, y principalmente, la forma en que hasta ahora se ha venido gestionando el negocio,

Las críticas se centran, en este sentido, en la persona del presidente de la sociedad, Rogelio Rodríguez, en quien se acumulan además los cargos de consejero delegado, apoderado general (única firma jurídica autorizada), comprador y proveedor, a pesar de la expresa prohibición al respecto que la ley de cooperativas y los propios estatutos de Hipergranada establecen.

En el escrito de los veintiún cooperativistas, entre los que figuran tres miembros del consejo rector del hiper, se afirma que las deudas actuales de la sociedad ascienden a un total de 590 millones de pesetas, y que la misma «está siendo manejada de una forma arbitraria, caprichosa e ineficaz por su presidente, Rogelio Rodríguez». Igualmente se dice que «no existe un control sobre la gestión» y califican de «desastrosa» la política de personal. Asimismo dicen que las asambleas se celebran, por lo general, en convocatorias informales y presididas de un «talante dictatorial».

Otra de las irregularidades denunciadas es que no se ha procedido a la preceptiva renovación de cargos del consejo rector, formado por doce miembros, una vez transcurridos los dos primeros años de mandato, según establece el artículo 46 de los estatutos de la cooperativa, así como el hecho de que «actualmente se encuentran formando parte del mismo dos personas que ni siquiera reúnen la condición de socios, al no haber hecho la aportación lineal obligatoria».

Finalmente, en el escrito se señala que la cooperativa tiene concedido por el Instituto para la Reforma de las Estructuras Comerciales (Iresco) un préstamo de 104 millones de pesetas, sólo pendiente para su obtención de la legalización urbanística del edificio. A este respecto existe, al parecer, un compromiso entre los cooperativistas y la comisión de proveedores y acreedores del hiper, elegida el sábado, para presionar al Ayuntamiento granadino, a través del grupo municipal de UCD, en pro de la recalificación del suelo u otra fórmula capaz de conseguir la legalización del polémico centro comercial, situado en zona rústica.