UCD introdujo varias enmiendas que mejoran la ley Básica de Empleo

El Pleno del Congreso de los Diputados prosiguió ayer con el debate de la proposición de ley Básica de Empleo e inició su sesión a las 11.30 horas. Se debatieron los artículos referidos a la duración, cuantía y dinámica de las prestaciones por desempleo, y UCD aceptó alguna enmienda de la oposición y, sobre todo, introdujo varias transaccionales que, en opinión de la izquierda, mejoran ligeramente un texto que sigue mereciendo firme rechazo por parte de socialistas y comunistas.

El artículo 20 de la proposición, que regula la cuantía de la prestación de desempleo, contó con una enmienda del Grupo Comunista, defendida por Josep Solé Barberá, que trataba de añadir al tope de que «en ningún caso el importe de la prestación será superior al 220% del salario mínimo interprofesional», una cláusula que fijase que tampoco sería «inferior para los trabajadores con cargas familiares a la cuantía que en cada momento tenga el salario mínimo interprofesional».Por parte de los socialistas, Joaquín Almunia defendió la supresión del apartado tres del artículo por el que se determina que «en los casos de suspensión y reducción de jornada el pago de las cuotas de Seguridad Social será a cargo de la empresa correspondiente. La autoridad laboral podrá efectuar desde su puesto las suspensiones y reducciones de jornada provenientes de fuerza mayor».

La enmienda socialista fue rechazada y se votó y aprobó una transaccional propuesta por UCD respecto de la propuesta comunista por la que se fija que la cuantía de la prestación nunca será «inferior para los trabajadores con cargas familiares a la cuantía que en cada momento tenga el salario mínimo interprofesional».

En el artículo 21, y con respecto a los trabajadores agrarios, se acordó, tras defender una enmienda del socialista Esteban Caamaño, que se votara en su momento una adición a la disposición final primera, en la que se disponga, de acuerdo con la petición socialista, que «podrá sustituirse la prestación por desempleo a los trabajadores del régimen especial agrario por cursos de formación profesional, retribuidos por ayuda de igual cuantía a la percepción reconocida, que tiendan a readaptarle profesionalmente a las necesidades de¡ mercado de trabajo ».

El artículo 22, que regula la dinámica del derecho de protección en el desempleo, dio lugar a un extenso debate. El socialista Ciriaco de Vicente pretendía la supresión del apartado 5 del artículo, por el que se determina que «los plazos previstos en el artículo 19 de esta ley -es decir, plazos de cotización y de percepción del seguro- sólo se suspenderán por el hecho de que el beneficiario haya obtenido ocupación por tiempo no superior a seis meses dentro de ellos, sin que dichos plazos se amplíen por la circunstancia de que durante los mismos el trabajador haya pasado a la situación de incapacidad laboral transitoria».

De Vicente calificó esta redacción como un auténtico expolio de derechos y aseguró que debajo de ese párrafo subyace una concepción por la que se culpa de los problemas económicos y de empleo a los trabajadores y a los parados. «Se parte del apriorismo inaceptable», dijo, «de que el parado es un defraudador y el enfermo un absentista, cuando lo cierto es que la defraudación imputable a los empresarios es seis veces superior a la de los trabajadores».

Añadió luego que la política de fomento de empleo y de protección de desempleo no se puede presentar como excluyente, sino que se trata de los mecanismos complementarios.

Femández Arias, en nombre de UCD, aportó una transacional por la que al párrafo que antes se ha transcrito se añade lo siguiente: «Excepcionalmente, cuando dicha situación de incapacidad transitoria impida el acceso a un puesto de trabajo, el INE podrá establecer la reanudación del seguro de desempleo en las condiciones que reglamentariamente se establezcan».

En el apartado seis del mismo artículo, Jerónimo Saavedra consiguió en nombre de los socialistas que se suprimiese la traba de un período mínimo de seis meses, para cobrar el seguro de desmpleo, desde que una empresa redujera número de días u horas de trabajo, y que se autorizase, posteriormente, «por resolución administrativa» la extinción de relaciones laborales En el artículo 25, que fija la cuantía del subsidio, la referencia a las prestaciones asistenciales sanitarias fue sustituida por prestaciones asistenciales médico-farmacéuticas. Esta nueva ayuda que introduce la ley que fue calificada de una de las pocas cosas positivas que confiere, por parte de la oposi ción, tuvo también otra enmienda por la que se señala que la ayuda se percibirá por un período de seis meses, «prorrogables por otros tres, en las condiciones que determine el consejo general del INEM».

Financiación

Las prestaciones se financiarán en un 60% de su cuantía total mediante cotizaciones de empresarios y trabajadores y el 40% restante correrá a cargo del Estado. A tal efecto, según el texto del artículo 29, aprobado con la oposición de la izquierda, se fijará «reglamentariamente un tipo único de cotización para esta contingencia». Una enmienda socialista que pretendía que la fijación de este tipo único de cotización se hiciera «mediante ley» fue rechazada por 138 votos favorables, 154 en contra y 5 abstenciones.

Casi por unanimidad, se aprobaron los artículos 30 y 31, que atribuyen la gestión y pago de las prestaciones al Instituto Nacional de Empleo, ásí como se establece las obligaciones de las empresas y trabajadores en relación con las cotizaciones y la posesión de la denominada cartilla de trabajo.

El diputado socialista Navarrete defendió una enmienda al artículo 32, por la que pretendía que el hacer públicas ofertas de empleo a través de los medios de comunicación, sin cumplir el requisito previo del visado por parte de las oficinas de empleo fuese considerado como una infracción grave. Se opuso Moreno, en nombre de UCD, que calificó de desmesurada la apreciación del representante socialista, que había llegado a calificar de delito tal conducta, e insistió en que para su grupo era sólo una falta leve. Así se aprobó después de que la enmienda fuera rechazada.

En el artículo 38, Jerónimo Saavedra defendió -y así lo aceptó UCD- que la expresión «opinión pública» como causa excluyente para el empleo fuese sustituida por «opinión política, afiliación sindical».

En el artículo 40 también Saavedra defendió con éxito la enmienda por la que el presidente del Consejo General del INEM y el director general de dicho organismo tendrán la consideración de representantes de la Administración entre los miembros que integran el consejo, de forma que se guarde la proporción tripartita entre representantes sindicales, empresariales y de la Administración.

El Pleno puntuará hoy a las once y media de la mañana y ha quedado aplazado para el próximo período de sesiones, que comenzará en septiembre, el debate del proyecto de ley de arrendamientos rústicos.