La Audiencia Nacional anula el plan de servicios mínimos de Renfe

La Audiencia Nacional ha anulado las circulares 450 y 451 de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles sobre servicios mínimos, entradas en vigor a instancias del delegado del Gobierno en aquella entidad, para hacer frente a la huelga convocada los días 20 y 21 de febrero y 4 y,5 de marzo pasados, por estimar que dichas disposiciones «vulneran el derecho a la huelga de los trabajadores de Renfe»La sentencia, hecha pública ayer, estima el recurso interpuesto por la Federación de Transportes y Comunicaciones de Comisiones Obreras, bajo la dirección del letrado José Jiménez de Parga, contra el decreto de servicios mínimos dictado por el delegado del Gobierno en Renfe, y que obligó a los trabajadores de esta entidad a acudir al trabajo bajo amenazas de despido durante los días previstos inicialmente para efectuar la huelga.

La sentencia reconoce, en primer lugar, las facultades del Gobierno para acordar las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios públicos, siendo uno de ellos el de transporte por ferrocarril, pero nunca para extender tales medidas a asegurar el funcionamiento de aquellos, y mucho menos para anular el contenido esencial del derecho a la huelga. Sin embargo, según la sentencia, esto es lo que ha ocurrido con las circulares impugnadas, ya que «los tres niveles del plan esencial de Renfe adolecen de una absoluta abstracción, que los desconectan, no ya de una concreta situación de huelga (lo que acaso no fuera posible conseguir nunca de forma plenamente satisfactoria), sino de todos los esquemas pensables, planteamiento que conduce al absurdo de propiciar la aplicación del mismo nivel a dos situaciones, objetiva y temporalmente tan distintas, como una huelga general de tres días (la convocada para los días 20, 21 y 22 de febrero) y dos paros de cuatro horas, escalonados de dos en dos (los anunciados para los días 4 y 5 de marzo)».

Este es un dato indicativo -prosigue la Audiencia Nacional- «de que las medidas contempladas en el nivel 2 y en los otros dos del plan esencial, tanto en su concepción genérica como en las modalidades de su aplicación -circulares 450 y 451, respectivamente- no son las medidas que garantizan el mantenimiento del servicio esencial de transporte de personas y mercancías en una concreta situación de huelga legítima». En resumidas cuentas, según la sentencia, ni la delegación del Gobierno ni la dirección de Renfe tuvieron en cuenta, al dictar las circulares 450 y 451, respectivamente-, no son las anunciada ni su incidencia en industrias de la alimentación y básicas, Io que hubiera permitido que la cuantificación del personal «estrictamente necesario» hubiera resultado correcta desde la perspectiva del derecho a lo huelga reconocido en la Constitución. «Prescindiendo de los hechos», añade la sentencia a este respecto, «cualquier medida restrictiva del derecho a la huelga resulta arbitraria en sí misma y en cuanto que imposibilita el control del órgano jurisdiccional que ha de verificar si un acto de los poderes públicos invade ¡legítimamente un derecho o libertad fundamental». El fallo de la sentencia impone el pago de las costas procesales, por mitad, a la Administración del Estado y a Renfe.