Juicio contra los presuntos autores del asesinato del ex alcalde de Echarri-Aranaz

Acusados de ser los autores de la muerte del ex alcalde de la localidad navarra de Echarri-Aranaz Jesús Ulayar Liciaga, hecho ocurrido el 27 de enero de 1979, comparecieron ayer ante la Audiencia Nacional los presuntos miembros de ETA Militar Vicente y Juan Nazábal, Jesús María Reparaz y Eugenio Ulayar Huici, sobrino carnal este último del asesinado; los dos primeros, acusados de un delito de asesinato; el tercero, de complicidad, y el cuarto, de encubridor de los hechos.

Según el fiscal los procesados, vecinos de Lizarrabengoa y de Echarri-Aranaz, recibieron la orden de ETA para dar muerte al ex alcalde de esta última localidad, Jesús Ulayar Liciaga. Los hermanos Nazábal se pusieron de acuerdo con Jesús María Reparaz para preparar los pormenores del atentado. El 27 de enero de 1979 -continúa el fiscal-, Reparaz y los hermanos Nazábal acudieron, al hotel Izarra, de Arbizu, donde robaron un coche que un taxista había dejado con las llaves puestas en el contacto. Se trasladaron a Echarri-Aranaz, y los hermanos Nazábal se acercaron a las proximidades del domicilio del ex alcalde. Mientras Juan Nazábal esperaba en el vehículo, su hermano Vicente, con el rostro cubierto con un pasamontañas y portando una pistola, disparó cinco veces sobre el ex alcalde, causándole la muerte en el acto. A continuación, los dos hermanos fueron a encontrarse con Eugenio Ulayar Huici, colaborador del comando, quien les ayudó a cambiarse de ropa y a ocultar las armas. El fiscal ha solicitado las siguientes penas: veintisiete años de reclusión mayor y cuatro meses de arresto para Vicente Nazábal; veintidós años y cuatro meses para Juan Nazábal; catorce años y cuatro meses de arresto para Jesús María Reparaz, y siete años de prisión mayor para Ulayar.Durante el interrogatorio, uno de los procesados manifestó que hablaba en nombre propio y de dos compañeros de banquillo, y que ninguno de los tres reconocía al tribunal, por lo que fueron sacados de la sala de audiencia y conducidos a los calabozos. El juicio continuó sólo con la presencia del procesado Eugenio Ulayar, quien negó todos los hechos que le imputa el ministerio fiscal. El citado procesado manifestó que no negó las acusaciones ante el juzgado instructor por haber recibido amenazas, y que en sus declaraciones ante la policía confesó bajo presiones. Los abogados defensores solicitaron la libre absolución de sus defendidos.

Acuerdo del Ayuntamiento

En relación con este juicio, el Ayuntamiento de Echarri-Aranaz, compuesto por seis concejales del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y por cinco de la coalición Batzarraren Aldeko Indarra (BAI), acordó por unanimidad «no reconocer a los tribunales españoles, por ser el pueblo vasco el único que les puede juzgar, así como pedir su libertad y la de todos los presos y refugiados vascos». El acuerdo propuesto por la coalición BAI, fue votado por los concejales del PNV «en base al derecho que tiene toda persona a la libertad y a la vida, y porque deseamos tenerles entre nosotros rápidamente».Por su parte el gobemador civil de Navarra, Eduardo Ameijide, ha manifestado a Efe que este acuerdo, de haber sido adoptado en los términos reflejados en algunos medios informativos, no sólo es manifiestamente contrario a derecho e inconstitucional, sino también presuntamente constitutivo de delito. A estos efectos, el gobernador civil de Navarra ha anunciado que la Guardia Civil tiene orden de instruir las oportunas diligencias, a la vez que se ha oficiado al fiscal de la Audiencia Territorial para que inste las acciones penales que procedan.

También el secretario del Euskadi Buru Batzar -órgano ejecutivo del PNV- ha declarado a Efe que «el FINV no asume, evidentemente, el contenido textual de la moción aprobada, que, en la propia explicación de voto hecha por los concejales nacionalistas, éstos ya hicieron notar sus reservas con el texto». «Nosotros», añadió el secretario del Euskadi Buru Batzar, Koldo Amezketa, «hemos mantenido siempre la exigencia de supresión de los tribunales especiales, y que las causas que tramitan estos tribunales deben ser remitidas a los juzgados de origen». La actuación del Ayuntamiento de Echarri-Aranaz, concluyó, no puede sacarse del contexto político existente en este muncüpio y «del alto clima de radicalización en él existente». Echarri-Aranaz, localidad de unos 2.00.0 habitantes, tiene catórce o quince vecinos presos o exiliados,, como presuntos militantes de ETA.