Seis abogados vascos presentan denuncia por la actuación de las FOP en la prisión de Soria

Seis abogados vascos presentaron ayer, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián, una denuncia por la actuación de la policía el día 13 de junio en el interior de la prisión de Soria. El escrito narra detalladamente los violentos sucesos en los que resultaron heridos una treintena de reclusos y tres miembros de las FOP. Los letrados explicaron en una conferencia de prensa celebrada ayer en la capital guipuzcoana que las leyes vigentes les obligan, bajo pena de multa, a poner en conocimiento de la autoridad judicial todos aquellos delitos públicos; de los que tuvieran conocimiento en razón de su profesión.

Los seis abogados firmantes opinan que los hechos ocurridos en la cárcel de Soria pueden ser cosntitutivos de varios delitos de lesiones recogidos en el artículo 420, y de homicidio, en grado de frustración plasmado en el artículo 407 del Código Penal vigente. La denuncia explica que durante la actuación policial, «según el relato recibido los agresores lanzaban gritos de "os vamos a matar", "queremos cabezas" y otros similares, siendo incitados y azuzados por el llamado comandante, que gritaba: "Matadlos a todos"'. Asimismo, pudieron oírse gritos contra el pueblo vasco de la más variada índole y carácter». Los abogados consideran que esta conducta puede reconducirse a través del artículo 137 bis del Código Penal, referente al genocidio, «si nos atenemos al contenido de los gritos que los agresores lanzaban durante su actuación».Los letrados entienden también que los agresores han incurrido en delito de apología al terrorismo, ya que «tras la actuación de la fuerza, y al decir de los presos, pudieron verse pintadas del mismo estilo, una de las cuales decía:"Gora el Batallón Vasco Español. Es la única solución"».

Por último, la denuncia, que cita informaciones aparecidas en la Prensa, señala que «el Ministerio de Justicia, ha proferido amenazas contra los testigos de los hechos y las víctimas, lo cual pudiera !ser constitutivo de un delito de entorpecimiento, del recto proceder de la justicia o, en su caso, de coacciones».

El escrito presentado ante el juzgado lleva las firmas de los abogados Javier Aramburu, José Manuel Balerti, Miguel Castells, Iñaki Esnaola, Alvaro Reizabal y Nekane San Miguel.