El Parlamento puede asumir las funciones del Consejo de Administración de RTVE

La Comisión parlamentaria de Control sobre RTVE asumirá las funciones del consejo de administración de este organismo por acuerdo de la Comisión de Cultura, que tomó ayer en consideración una propuesta socialista, aprobada por dieciocho votos a favor y diecisiete en contra. La Comisión de Control, que preside Antonio de Senillosa, diputado de Coalición Democrática (CD), asumirá las funciones que corresponden al Consejo de Administración de RTVE, en tanto no se produzca la mayoría de dos tercios necesarios para la elección de los vocales por el Congreso y el Senado.

El socialista Pedro Bofill acusó a los centristas de dilatar el nombramiento de los vocales; la comunista Pilar Brabo responsabilizó a UCD de apoyar la situación actual de corrupción y sectarismo en TVE, mientras que el centrista Bravo de Laguna calificó la decisión de la comisión como una «aberración jurídica».También se reunió la Comisión parlamentaria de Control, que acordó, a petición del centrista.

Bravo de Laguna, que Fernando Arias-Salgado, director general de RTVE, comparezca ante la misma, a la mayor brevedad posible, para informar de la situación en este organismo. Asimismo, a propuesta de los comunistas, se aprobó que la dirección general tendrá que remitir a la comisión dos informes mensuales sobre los contenidos de la programación, incluidos informativos y publicidad, tanto de Televisión Española como de las emisoras de radio estatales.

El Gobierno, por otra parte, tendrá que responder en el Pleno de hoy a dos preguntas de socialistas y comunistas, relacionadas con la incomparecencia de altos cargos de RTVE (los señores Navas, Ramos, Gelices y Gozalo) el pasado día 11 ante la tercera comisión parlamentari competente en materias de radiodifusión y televisión, la de investigación. Este incidente había provocado la dimisión del centrista Alberto Estella, presiden te de la comisión, al ser desautorizada su versión sobre la incomparecencia. Un supuesto documento del Gobierno habría justificado esta incomparecencia alegando «falta de garancias jurídicas» de los funcionarios citados a informar. El ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva, y el secretario general para las Relaciones con las Cortes, Ga briel Cisneros, desmintieron la existencia de tal documento. EL PAIS ha tenido acceso a un documento por el que Fernando Arias Salgado proponía que el Gobierno no autorizase la comparecencia hasta que se regulase el procedimiento de la Comisión de Investigación.

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