La Comisión de Justicia no devuelve al Gobierno el proyecto de ley de divorcio

El proyecto de ley de divorcio y modificación del matrimonio presentado por el Gobierno a las Cortes fue aceptado ayer, en la Comisión de Justicia del Congreso, «a los solos efectos de su estudio en comisión», según especificó el presidente de ésta, Pío Cabanillas, por diecisiete votos a favor (UCD), uno en contra (Pi i Sunyer, de Izquierda Republicana de Cataluña) y diecisiete abstenciones (el resto de los grupos), tras debatir durante más de cuatro horas las cuatro enmiendas a la totalidad que propugnaban la devolución del texto al Gobierno, presentadas por los diputados del Grupo Mixto Pi i Sunyer, Piñar y Bandrés, y el centrista Diez Pinés. El proyecto ucedista superó, pues, aunque sólo con sus propios votos favorables, la posibilidad de que fuera devuelto al Gobierno.

A lo largo de la sesión de ayer, los presentes tuvieron ocasión de enterarse de que el diputado Pi i Sunyer tiene «una vida familiar óptima y feliz», como él mismo comunicó a la comisión, y de que, sin llegar a tanto, Juan María Bandrés diría que «mi situación familiar es satisfactoria». Asimismo, los diputados supieron que al centrista Díez Pinés la disolución del matrimonio le parece tan mala que piensa que «puede haber ciudadanos que se abstengan de casarse por repugnancia al divorcio legal», y que para Blas Piñar el matrimonio desaparecerá, simplemente, cuando se apruebe la posibilidad de su disolución: «Podrá la ley seguir llamando matrimonio a la institución», dijo, «pero sería otra cosa distinta, desnaturalizada ».Las intervenciones de los dipu tados socialistas Antonio Sotillo y Josep Verde i Aldea ratificaron las palabras del ministro de Justicia del día anterior sobre la ausencia de acuerdo previo con las fuerzas parlamentarias antes de la presen tación del proyecto. «Nada se di jo», puntualizó no obstante Sotillo, «de fuerzas que no están en el Parlamento». El diputado socialista por Castellón ha venido haciendo hincapié en distintas mesas redon das en su convicción de que el texto ucedista ha contado, en alguna manera, con el visto bueno de la Conferencia Episcopal española, o con el de alguno de sus miembro más relevantes, lo cual ha sido desmentido «firme y categóricamente » por la Administración.

Sotillo planteó ayer cuatro puntos sobre los que, a juicio de los socialistas, debería pronunciarse UCD: la reducción de los plazos previstos en el proyecto para la obtención del divorcio; la supresión de las causas de simulación o similares; la supresión del artículo 87, que da una amplia discrecionafldad al juez para conceder o denegar el divorcio, y una regulación clara que permita que la separación pueda hacerse por mutuo acuerdo y conduzca al divorcio sin un nuevo proceso. Iñigo Cavero, ministro de Justicia, afirmaría después que «todos esos puntos son negociables».

Pi i Sunyer: "Proyecto reaccionario"

La sesión se inició con la intervención del diputado Pi i Sunyer, quien calificó el proyecto de ley del Gobierno de «reaccionario, cojo, regresivo, raquítico y que no viene a solucionar,los graves problemas que tiene planteados la sociedad española». Expresó su creencia en la importancia de la célula familiar, ya que su vida, a este respecto, es óptima y feliz; criticó las amplias facultades que el proyecto otorga al juez (artículo 87) y atacó al Gobierno por haber olvidado «el derecho a obtener una sentencia de divorcio favorable en base a la culpabilidad del otro cónyuge, ya que recoge las causas para la separación, pero no para el divorcio ».

Respondió a la intervención anterior el centrista José Antonio Escartín, quien opinó que «las consecuencias de lo que pide Pi i Sunyer serían la devolución del proyecto al Gobierno y la vuelta a la legalidad actual, que es más regresiva que la que se propone en el nuevo texto».

El socialista catalán Verde i Aldea contestó a lo anterior que «también requieren inscripción y publicidad las hipotecas, terreno que el señor Escartín conoce tan bien, y también se sale de ellas difícilmente, pero lo que debe decir el legislador es justamente cuál es esta salida». Tras calificar el proyecto de «corto y tírnido», Verde i Aldea criticó el artículo 87, que deja la concesión del divorcio en manos del juez, y recordó que «este artículo tiene un precedente en los países llamados socialistas, donde el juez decide si lo acordado por los cónyuges va contra la construcción del socialismo en el país. No creo que éste sea el precedente que el Gobierno quiera invocar».

Otro de los enmendantes a la totalidad que pedían la devolución del proyecto al Gobierno, Blas Piñar, manifestó que todo lo que afecta a la familia debería integrarse en un Código Civil de la Familia, distinto al que recoge obligaciones y contratos, y respondió a las citas de varios canonistas que hizo el ministro de Justicia el día anterior «con una del vicario de Cristo, que ha dicho reiteradas veces: "Rechazad el divorcio"». Opinó que el divorcio no es una solución para el matrimonio en quiebra, porque la ley admite volver a fracasar y solicitar nuevos divorcios, y dijo que le permitieran una ironía, pero que pensaba que «el oficial del Registro Civil debería dar un certificado de perpetua felicidad a los nuevos contrayentes». Citó el modelo colombiano y se mostró partidario de regular un triple matrimonio: canónico indisoluble; de otras religiones, disoluble o no, según lo previera cada confesión, y civil, disoluble o no, a elegir por los contrayentes en el momento de casarse.

Respondió María Dolores Pelayo, de UCD, quien habló de los cambios operados en la familia. «Cuando el divorcio llega», apuntó, «la familia no existe ya, y lo dijo San Agustín al afirmar que donde no hay amor no hay matrimonio».

Manuel Díez Pinés, ucedista por Ciudad Real, defendió también su enmienda a la totalidad en un largo parlamento sobre lo que llamó «ley de divorcio Cavero». A su juicio, el proyecto no se ajusta al programa electoral de UCD. Al enumerar éste y llegar a la promesa de protección fiscal, el diputado exclamó: «Tengo que decir una vez más que el concubinato se ve primado o el matrimonio penalizado». Estimó que «la estabilidad de esta gran familia que es España pasa por UCD necesariamente », y se mostró contra la oportunidad del proyecto, contra su constitucionalidad y contra su juricidad.

Tras una intervención del socialista Virgilio Zapatero, que advirtió contra «quienes pretenden convertir esta Cámara en un confesonario», y defendió que el proyecto no iba contra los acuerdos firmados con la Santa Sede, como había apuntado algún diputado; llegó el turno a Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, quien se opuso «a la filosofía de que la meta del hombre o la mujer es el matrimonio », y fue el único que puso en cuestión el modelo tradicional de familia compuesta por una pareja heterosexual -«hay quienes la ven formada por individuos de su propio sexo o por la relación libremente consentida de varias personas»-. Afirmó que «en España hemos empezado a desmitificar el municipio y el sindicato vertical, y ya es hora de que empecemos a hacerlo con la familia», y justificó su petición de devolución del proyecto por entender que «la legalidad actual es pésima; la que se nos propone es mala o muy mala, y no nos conformamos con la solución mala para no tener la pésima».