La ley del Referéndum

LA PROPOSICION de ley para modificar la ley orgánica de Modalidades de Referéndum, a fin de conceder a los andaluces la posibilidad de una segunda vuelta tras la derrota del 28 de febrero, producida por la ausencia de unos pocos, miles de participantes en Alínería, será vista con simpatía por la mayoría absoluta del conjunto de los votantes andaluces, que se siente injustamente despojada de la victoria, y tiene a su favor argumentos de prudencia política, de sentido común e incluso de razón de Estado. De otro lado, las anómalas circunstancias que rodearon el referéndum del 28 de febrero, desde la grotesca pregunta sometida a los votantes hasta la neutralidad activa de los medios de comunicación estatales, pasando por el recorte de fondos y el retraso en entregarlos, contribuyeron, de forma innecesaria y prepotente, a suministrar sólidos argumentos a quienes impugnan, hoy, la legitimidad democrática del resultado final.Mientras en Antequera miles de personas exigían la reforma de la ley de Referéndum, pedían la repetición de la consulta en Almería y ratificaban la voluntad de que el Estatuto de Autonomía de Andalucía se negocie por la vía del artículo 151, el presidente del Gobierno señalaba, en la clausura de la reunión de la UCD andaluza, en Torremolinos, su opinión adversa a esa modificación. No deja de resultar paradójico que sea el señor Suárez quien se alce ahora irritado contra los falsos profetas y califique de extravagante rompecabezas el puzzle con el que jugó el señor Clavero, ministro de Regiones de UCD hasta abril de 1979, y predicador de aquella buena nueva que fue la teoría de la tabla de quesos. Es cierto que el Gobierno dio un viraje en su estrategia autonómica en enero de 1980, aunque con tanta brusquedad y tan a destiempo, que varios hombres de su partido salieron despedidos por la ventanilla. Pero todavía la opinión pública aguarda una explicación política y a fondo de una decisión que modificó sustancialmente, no un proyecto caído del cielo, sino un diseño inventado por el propio Gobierno. El extravagante rompecabezas fue un juguete regalado a los notables provinciales de UCD para que distrajeran sus ocios y colmaran sus vanidades durante la etapa preautonómica. Y los falsos profetas no fueron sino ministros del Gobierno o diputados de su partido, lanza dos a una nueva cruzada para rebajar los humos de vascos y catalanes y azuzar los agravios comparativos de otros territorios españoles. Que el señor Clavero sea ahora un resuelto profeta del andalucismo sólo plantea una duda: si lo fue siempre, en. cuyo caso las dotes del señor Suárez para elegir a sus colaboradores más inmediatos quedan en entredicho, o si sufrió un proceso de conversión al estilo del general Della Rovere. Al igual que suscita cierta curiosidad averiguar hasta qué punto el apoyo prestado por UCD al partido andalucista en las elecciones de marzo de 1979, a fin de restar votos al PSOE, incluía como riesgo calculado la posibilidad de que ese escopetazo terminara saliendo por la culata.

Por lo demás, el recordatorio del presidente Suárez de que el Grupo parlamentario Socialista aprobó con sus votos, el pasado mes de enero, esa misma ley del Referéndum que ahora trata de modificar, es tan obvio como oportuno. Porque si bien en la campana para repetir el referéndum en Almería no faltan argumentos políticos vigorosos, en cambio escasean razones convincentes para que el Congreso cambie el sentido de su voto a los pocos meses de haber aprobado una ley orgánica. El problema, desgraciadamente, rebasa con mucho el tema puntual del referéndum andaluz y remite al mucho más amplio de las reglas de juego en una democracia.

Y, fundamentalmente, del modelo de organización del Estado. Alguna vez habrá que discutir seriamente el horizonte final de las autonomías; un tema que el Gobierno de UCD no va a resolver para 1983 por muchas nuevas lecturas que haga de la Constitución. Y esta discusión que afecta a todo el armazón del Estado no debiera tener un tono partidista o regionalista. Porque lo que subyace bajo el intento de modificar la ley de Modalidades del Referéndum no son los problemas del señor Clavero, o los de los andaluces, o los de las dubitaciones de los partidos estatales de izquierda: el problema,es el de un país que con la Constitución leída y releída sigue sin saber hacia qué organización de Estado se dirige.