Las proposiciones de ley para repetir el referéndum andaluz, nueva prueba de fuerza para el Gobierno

Las proposiciones de ley presentadas por los grupos socialista, comunista y andalucista del Congreso, junto con otra de Manuel Clavero para modificar la ley de Modalidades de Referéndum, de forma que se posibilite la repetición de la consulta en Andalucía y ésta pueda acceder a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, acaparan la atención política parlamentaria para el Pleno del Congreso que comienza hoy. El resultado de las votaciones se convierte en una prueba política para calibrar la fuerza del partido gubernamental.

La votación, tras el debate correspondiente, decidirá si se toman o no en consideración las distintas proposiciones de ley. Ello significa que el compromiso de la Cámara se concreta a tramitar los proyectos o cerrarles el paso. De cualquier forma, la significación política del tema es alta, ya que la posibilidad de que se acepte la tramitación de alguno de ellos reabre la discusión sobre un tema especialmente enojoso para el partido gubernamental.Se tiene certeza sobre el voto favorable a la tramitación por parte de socialistas, comunistas y andalucistas, así como varios miembros del Grupo Mixto, entre ellos Sagaseta, Bandrés, Pi i Sunyer y el propio Clavero. La duda se centra en la Minoría Catalana y en Coalición Democrática (CD).

Los primeros estaban reunidos ayer tarde y se supone que estudiaron el tema, que afecta directamente a su condición de grupo nacionalista. El grupo de CD se reúne hoy por la mañana; ayer tarde la ejecutiva de AP tocó el asunto muy de pasada, pero no se descartaba que, como voto de castigo al Gobierno, pudiera dar su voto favorable a la tramitación de alguna de las proposiciones de ley, aunque sin olvidar que la decisión final estará condicionada por las continuas manifestaciones de Manuel Fraga, contrarias a la expansión autonómica, salvo por procedimientos lentos y con toda clase de cautelas.

Otra duda que se manejaba ayer tarde era la posible presencia del PNV en el Congreso, lo que significaría su vuelta al Parlamento central y, con toda probabilidad, el apoyo a las proposiciones. Sin embargo, la impresión dominante es que los diputados vascos tampoco se reintegrarán hoy a sus funciones en el Congreso. En esta apreciación se valora especialmente el clima de tensión intensificado últimamente entre el PNV y el PSOE.

Txiki Benegas, secretario general del PSE-PSOE, ha hecho un llamamiento público al PNV para que ocupe hoy sus escaños en el Congreso. Benegas argumentó, en la segunda convención sindical de su partido, que se clausuró el domingo, que la presencia del PNV en el Congreso serviría para expresar la solidaridad a los andaluces en su lucha por la autonomía de aquel territorio.

El pasado fin de semana, dirigentes del PNV declararon que antes de finalizar el mes podrían ocupar de nuevo sus puestos en las Cortes, si confirmaban una disposición favorable del Gobierno de Suárez a respetar las cotas autonómicas del Estatuto de Guernica.

Antonio Jiménez Blanco, portavoz del Grupo parlamentario de UCD en el Congreso, declaró ayer a Europa Press que su grupo votará en contra de la toma en consideración de las proposiciones. «Nosotros nos limitaremos a poner e práctica lo que ha sido acordado por el Congreso de UCD de Andalucía. Allí se celebró una votación», dijo Jiménez Blanco, «en la que sólo hubo dos abstenciones, y los demás fueron votos a favor de que se mantuviera la actual legalidad en materia de referendos».

El portavoz centrista calificó la proposición de ley de disparate, porque su aceptación equivale a retrasar la autonomía andaluza, y añadió: «Nosotros defendemos los máximos techos autonómicos para Andalucía y esto va a conseguirse sin necesidad de tomar en consideración la citada proposición de ley, que, insisto, de ser tomada en consideración, y con las vacaciones parlamentarias a la vista, retrasaría el proceso autonómico».

Alejandro Rojas Marcos, líder del Partido Socialista de Andalucía, ha declarado que «el pueblo andaluz no está dispuesto a aceptar la legalización del fracaso formal del referéndum del día 28 de febrero», y añadió: «Lo que el pueblo andaluz quiere es la legalización del triunfo político que supuso el día 28 de febrero para Andalucía. Nosotros, el PSA, nos ratificamos en la necesidad de la reforma de la Constitución, ya que Andalucía ha demostrado que, en la práctica, la carta magna española es discriminatoria».

En definitiva, puede darse por seguro que la oposición tomará el tema como plataforma de ataque al Gobierno, tras el debate de la moción de censura, y se empleará con la máxima dureza para debilitar la imagen del Ejecutivo en torno a un tema especialmente vidrioso y que ya supuso un serio deterioro en la imagen gubernamental.