El plan especial evitará que el casco urbano se convierta en un gran centro comercial
El antiguo Plan Especial de Protección y Conservación de Edificios y Conjuntos de Interés Histórico-Artístico de la Villa de Madrid entró el viernes pasado en una nueva fase, después de que la corporación municipal diera su visto bueno, en su reunión plenaria, a una propuesta de desglose en ocho apartados que trata de conseguir una salvaguardia de la ciudad con efectos inmediatos.
Sin embargo, tal y como lo reconoce el documento elaborado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, las nuevas medidas arbitradas por el ayuntamiento para hacer viable el antiguo plan especial dependen en gran medida de la aprobación que de ellas pueda hacer la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana (Coplaco). Y lo cierto es que ese organismo de la Administración central ha paralizado ya varias iniciativas municipales que tienen el mismo fin de salvaguardia del patrimonio urbano madrileño la propuesta de suspensión del planeamiento que afecta a las zonas industriales, la propuesta de modificación del Plan General para la conservación de las colonias de hotelitos y, más recientemente, la suspensión de licencias en el barrio de Moratalaz, a la espera de que sea revisado el plan general en esa zona.El plan especial aprobado por el ayuntamiento presidido por José Luis Alvarez recibió diversas acusaciones de extralimitación en las atribuciones municipales, ilegalidad o modificación del plan general, sin que, para ello se siguiera la tramitación prevista legalmente. Para soslayar estas acusaciones, el nuevo equipo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, surgido de las elecciones del 3 de abril del año pasado, decidió fragmentar el plan especial en ocho expedientes distintos que siguieran tramitaciones separadas.
La primera de esas porciones es la que hace referencia a la modificación necesaria del plan general para conseguir la definitiva eliminación del planeamiento madrileño de la gran vía Diagonal, la gran vía de San Bernardo y la prolongación de la calle de los Reyes, las tres previstas en el plan de 1963, aunque la primera de ellas procede ya del de 1946. En síntesis, responden a la filosofía urbanística que trataba de dar el máximo de facilidades para la circulación automovilística por el centro de la ciudad y tiene su reflejo inmediato en la generación de unas plusvalías económicas para los dueños del suelo de la zona a costa del desarraigo de la población asentada en ella a lo largo de generaciones. Sólo la construcción de la gran vía de San Bernardo y la calle de los Reyes (esta última a base de hacer desaparecer la antigua universidad de San Bernardo) supondrían la demolición innecesaria de más de 325 edificios.
No ocurre lo mismo, sin embargo, con la modificación de las ordenanzas municipales generales sobre uso del suelo y edificación para que no entren en contradicción con las medidas de protección adoptadas por el plan especial o la modificación de los planes parciales del Antiguo Ensanche (plan Castro-barrio de Salamanca) o del plano 90-A del casco antiguo. En el primer caso, la competencia es exclusivamente municipal, en tanto que en los planes parciales, el ayuntamiento puede llegar hasta la aprobación provisional, lo que implica su inmediata entrada en funcionamiento, quedando sólo la definitiva en manos de Coplaco.
En ambos casos, el fin perseguido es evitar que el centro de la ciudad se convierta en un gran centro comercial y de oficinas, como hasta este momento ha venido ocurriendo. A partir de ahora, la construcción de grandes edificios destinados a centros comerciales, de oficinas o espectáculos, quedará suprimida del centro urbano. De esta forma, los Corte Inglés o Galerías Preciados quedan, en la práctica, fuera de ordenación, y a su desaparición, el solar que ahora ocupan no podrá ser edificado con otro centro comercial.
Para hacer posible económicamente el proceso de conservación del patrimonio inmobiliario madrileño, el ayuntamiento propone la creación de un fondo de ayuda que, caso de ser aceptado por la Administración central, estaría dotado en un 35% por el municipio y en el 65% restante por el Estado. El fondo ha sido calculado, en principio, con un montante de quinientos millones de pesetas.
Categorías de protección
La lista de edificios a proteger por el plan especial, enumerados en expediente administrativo aparte, establece tres categorías básicas de protección: integral, es decir, que el edificio en cuestión debe ser mantenido tal cual está
ahora, si bien se permitirá obras de restauración; estructural, esto es, que aporta un valor a la estructura urbana pero no es necesario proteger todo el edificio, por lo que las obras a realizar en él podrían llegar hasta el vaciado total con el mantenimiento de la fachada, y ambiental, categoría ésta en la que no se limitan las obras a realizar, pero sí se establece un control de las calidades estéticas. En todo caso, la licencia de derribo de un edificio calificado como ambiental deberá ir acompañada de la solicitud de licencia de nueva planta, para evitar la caries urbana que suponen los solares.
Adelpha (Asociación de Defensa Ecológica y del Patrimonio Histórico-Artístico) ha mostrado ya, sin embargo, su oposición a este nuevo enfoque dado al plan especial, por considerarlo un «recorte» del anteriormente aprobado, y ha pedido del Ministerio de Cultura que deniegue la aprobación del plan elaborado por el ayuntamiento democrático -al que califica de irresponsable»- y amplíe la zona de protección del conjunto histórico-artístico de la ciudad a todo el casco urbano anterior a la guerra civil.
