Holanda niega que su policía entregara a la española a los cuatro refugiados vascos

Los abogados y diputados en el Parlamento vasco por Herri Batasuna Iñaki Esnaola y Miguel Castells, este último también senador en el Parlamento español, dieron cuenta ayer de su entrevista con el embajador de Holanda en España, celebrada por la mañana, a raíz de la deportación de aquel país de cuatro ciudadanos vascos. Los abogados, que hicieron hincapié que hablaban desde su condición de tales y no de parlamentarios, «porque no ejercemos», afirmaron que el comportamiento de las autoridades holandesas ha abierto una nueva crisis en Euskadi e hicieron un llamamiento «ante esta infracción de los derechos humanos fundamentales, que afecta a todo el pueblo vasco».Según Castells y Esnaola, el embajador les hizo entrega, nada más verles, de una nota, que luego distibuyó la Embajada, según la cual a los cuatro vascos les fue negada la entrada en Holanda por orden del Ministerio de Justicia neerlandés. Venían de Adden en vuelo de la compañía Kuwaiti Airlines, a la cual se le rogó los transportase de nuevo al punto de partida. Esta compañía fue informada por las autoridades de Adden de que no aceptarían de nuevo a los vascos, y les facilitó de nuevo billetes a Madrid en un vuelo de Iberia. El Ministerio de Justicia holandés negó que la escolta de tres miembros uniformados, puesta a petición del comandante de Iberia, por razones de seguridad, según dijo el embajador a los abogados, entregara a los cuatro vascos a las autoridades de Madrid ni tuviera contacto alguno con ellas. La nota decía también que los cuatro deportados disponían de pasaportes válidos.

Según comunicó uno de los deportados, José Antonio Aguirrebarrena, en conversación telefónica con el abogado Alvaro Reizábal desde Amsterdam, donde su madre le giró las 100.000 pesetas que el súbdito vasco había solicitado, la policía holandesa, al declararse los cuatro «refugiados vascos en el Estado francés», les dijo en un primer momento que iba a mandarlos a Madrid y, al reiterar su condición de refugiados, les dio a elegir país para enviarles. Ellos pidieron Ginebra, aunque después Aguirrebarrena volvió a llamar a Reizábal y le dijo que iban a llevarles a París. Sólo especificó que «venían de un país socialista».

Según los abogados, el embajador les dijo que el Gobierno holandés desconocía que fueran personas perseguidas políticamente y que, de saberlo, el caso se habría estudiado. Castells y Esnaola afirmaron que no discutían la sinceridad del embajador, pero que lo que era cierto es que la policía holandesa, «que es también el Estado holandés», sí conocía la situación de los cuatro vascos. Los abogados explicaron que el embajador, antes de negar que su Gobierno estuviera enterado de los hechos, les dijo a los deportados que se les había aplicado el Convenio Europeo contra el terrorismo de 1977, aunque luego negó que se les hubiera aplicado dicho convenio.