Treinta y tres personalidades vascas vinculadas a la cultura, contra la violencia de ETA

Treinta y tres personalidades vascas vinculadas directamente a las distintas parcelas culturales de Euskadi han suscrito un manifiesto que contiene la crítica política más radical que hasta el momento se ha hecho de forma colectiva a la lucha armada de las dos ramas de ETA, aunque sin mencionarlas expresamente. Pese a las diferencias ideológicas que pueden separar a los firmantes, la mayoría ha obtenido, en la reciente historia del País Vasco, el reconocimiento popular por su labor profesional y por su contribución en la lucha contra la dictadura franquista.

Muchos de ellos se mueven hoy en la órbita política del PNV, ESEI, PCE, DCV, mientras que otros mantienen una independencia ideológica dentro de un marcado talante progresista. Firman entre otros el escultor Eduardo Chillida, el antropólogo Julio Caro Baroja, el catedrático Koldo Mitxelena y el poeta Gabriel Celaya.El origen de la violencia que padece hoy Euskadi lo sitúa este grupo de intelectuales en la guerra civil que arrebató al pueblo vasco sus legítimas instituciones y que derivó en los cuarenta años de dictadura franquista. «Sabemos muy bien, porque no hemos dejado de padecerla, que ha habido y hay una violencia dirigida desde fuera contra la comunidad vasca, así como una incomprensión que raya en ocasiones en la demencia. Pero no tenemos el menor reparo en afirmar que la violencia que ante todo nos preocupa», dice el extenso manifiesto de cuatro folios, «es la que nace y anida entre nosotros, porque es la única que puede convertirnos de verdad en verdugos desalmados, en cómplices cobardes o en encubridores serviles».

Los planteamientos esenciales del escrito están recogidos en el pasaje en el que los intelectuales consideran que el pueblo vasco, «en cuatro ocasiones y libremente, ha optado por las vías pacíficas para la solución de sus problemas. Aquellos que pretenden imponer sus propias y violentas maneras no se oponen, muy a pesar de sus afirmaciones, a ninguna violencia institucional, sino lisa y llanamente a lo que no son sino los deseos de su propio pueblo. Nadie tiene derecho a erigirse, al igual que los antiguos sindicatos verticales y el extinguido Movimiento, en representantes de un pueblo que ya tiene sus organizaciones políticas y sindicales, a las que sostiene con su afiliación, militancia y voto».

«Observamos con asombro», dicen en otro pasaje del escrito, «que hechos que preocuparon a criminalistas, sociólogos y penalistas de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX se dan ahora en nuestro país, en 1980, de modo tan semejante como bárbaro: asociaciones más o menos secretas, muertes crueles y brutal encarnecimiento en atentados contra personas, todo ello protegido por la ley del silencio y la complacencia. Exacciones, amenazas utilizando símbolos primitivos y castigos corporales».

Advierten también de los peligros que, en su opinión, puede acarrear la lucha armada y consideran que «muy al contrario de la consideración que parece merecer a sus promotores, esta violencia, relanzada al amparo de las facilidades que ofrece un frágil Estado de derecho, no tendría otra consecuencia final que la de servir de elemento provocador de enemigos que volverán gustosos a aplastarnos durante decenios. No podemos creer hoy en los amaneceres que cantan ya que es preciso decir, bien alto y claro, que cualquier paso regresivo en el actual camino hacia la libertad y la democracia generaría una indiscriminada represión contra nuestro pueblo».

Acusan precisamente a los partidarios de la lucha armada de no haber conseguido otra cosa que el aumento de la represión policial y parapolicial y al tiempo que definen la amnistía como una medida bella, los intelectuales consideran que tiene que tener como contrapartida el cese de la violencia. «De lo contrario», dicen, «hablar de amnistía no sería sino algo más que una broma macabra».

«Hay gente», opina este colectivo de intelectuales, «que de continuo están demostrando insensibilidad moral de perversión, unida a necedad, características todas ellas que nos hacen sospechar puedan haberse convertido en víctimas de ciertas plagas psicosociales». Recomiendan, por ello, a los que ostentan el poder y a los representantes de partidos políticos que, además de otras medidas, busquen el remedio también en «el dominio de la medicina y de la sanidad pública».

El escrito finaliza asegurando que Euskadi no saldrá de esta situación «si no nos protegemos de nuestros "salvadores" y no logramos salvarnos de nuestros protectores».

Además de los mencionados, figuran en la lista de firmantes: José Miguel Barandiarán (sacerdote y etnólogo), Juan San Martín (secretario de Euskaltzaindia, Academia de la Lengua Vasca), Javier Lete (poeta y cantante), Gregorio Monreal (catedrático), Julián Ajuriaguerra (psicólogo), José Ramón Recalde (abogado), Agustín Ibarrola (pintor), Martín Ugalde (escritor), Néstor Basterretxea (escultor) y Miguel Castelis Adriansens (notario jubilado).

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 27 de mayo de 1980.

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