Acordada la constitución de las comisiones mixtas de transferencias para la Generalidad de Cataluña y el Gobierno vasco
El Consejo de Ministros acordó ayer facultar al ministro de Administración Territorial, José Pedro Pérez Llorca, para que previa consulta con la Generalidad de Cataluña y el Gobierno autónomo del País Vasco, proceda a la constitución de las comisiones mixtas previstas en los respectivos estatutos de autonomía. Este es el acuerdo más importante de la reunión del Gobierno, que en su mayor parte estuvo dedicada al análisis de la situación política, tras el debate parlamentario de esta semana y de cara a la moción de censura que ha de votarse en el Congreso a partir del miércoles próximo.En la rueda de prensa habitual para dar cuenta de lo tratado en el Consejo, el portavoz oficial del Gobierno, Josep Meliá, afirmó que no entendía esta facultad acordada para el ministro de Administración Territorial, en orden a constituir las comisiones mixtas para el País Vasco y Cataluña, como una baza negociadora para el Gobierno, con las dos minorías parlamentarias nacionalistas, frente al debate de la moción de censura.
Meliá aseguró que uno de los principios legales básicos del ordenamiento autonómico es que se constituyan las comisiones mixtas y que éstas están previstas con el plazo de un mes, tras constituirse los respectivos órganos autonómicos. «La baza no está en la constitución de las comisiones mixtas», añadió, «sino en todo el proceso autonómico. La baza es que el Gobierno cumple y hace cumplir lo previsto. Y este acuerdo sirve de interpretación auténtica respecto a la voluntad autonómica expresada eh el discurso del presidente Suárez ante el Congreso el martes pasado.
El Consejo de Ministros además de aprobar un único nombramiento, el de Francisco Lavilla Alsina -hermano del presidente del Congreso-, como director general de Servicios del Ministeri o de Industria y Energía, acordó regular las relaciones administrativas y económicas entre el Monopolio de Petróleos y Campsa. La nueva regulación sustituye a la vigente desde el año 1947 y basa la retribución en criterios empresariales, pretendiendo -dice la información oficial- que los resultados de Campsa estén subordinados a una acertada gestión. La misma información oficial asegura que se trata de un paso importante en la política iniciada por el Ministerio de Hacienda, que se traduce en acciones concretas en el seno de Campsa, como la reducción del número de vocales del consejo de administración, incompatibilidades del personal directivo, clarificación de sus actividades como administradora del monopolio y otras.
Igualmente, el Consejo aprobó el reglamento de la ley de Costas, la formación del plan director territorial de coordinación de la sierra de Gredos, respondiendo a una recomendación de la Comisión Interministerial del Medio Ambiente y que comprende municipios de las provincias de Avila y Cáceres, en una zona socioeconómicamente deprimida, próxima a grandes centros urbanos que inducen -añade la información oficial- una gran demanda de ocupación y con valiosos espacios naturales, cuya defensa es necesaria. El plan se realiza a solicitud de las diputaciones de Avila y Cáceres, del Consejo General de Castilla y León y de la Junta de Extremadura.
El Consejo de Ministros reguló este problema partiendo de la existencia de dos modalidades de venta, la ambulante y la de mercadillos y ferias comerciales, teniendo ambas una larga tradición en España, especialmente en las zonas rurales. Un decreto aprobado ayer reconoce la vigencia de estas dos modalidades de comercialización y considera que en las capitales de provincia y ciudades de más de 50.000 habitantes, al menos en sus centros urbanos, es difícil que exista un problema de insuficiencia de abastecimiento a la población. En consecuencia, el decreto establece la necesidad de limitar un perímetro urbano dentro del cual dicha venta no pueda ejercerse.
El «perímetro urbano exceptuado» se fijará por el ayuntamiento correspondiente, previo informe de la Cámara Oficial de Comercio e Industria.
