Suárez: "Autonomía gradual para todas las comunidades, sin saltos en el vacío"

21 may 1980 - 00:00CEST

El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, dedicó una parte importante de su intervención al problema autonómico, en el que diseñó una nueva oferta para el acceso de las distintas comunidades a la autonomía, así como soluciones expresas para los problemas de Andalucía y Galicia. También manifestó que a la hora de establecer un balance de lo realizado hay que tener en cuenta que no hace más de tres años que llegó la democracia. «Nadie con convicciones democráticas se atrevería a hacer hoy una valoración negativa de la transición política», afirmó.

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Hay que recordar que en tres años hemos pasado de un régimen autoritario a un sistema democrático, se han celebrado varias elecciones, se ha elaborado una Constitución por la vía del compromiso, se ha renovado la legislación política y se han hecho reformas importantes para alcanzar una más justa y estable convivencia social. Se afirma que hay crisis de Estado, que la democracia se pudre, que el Gobierno no tiene proyecto político o que hay un clima colectivo de desencanto. Hay que analizar en esta ocasión lo que de verdadero y falso tienen esos mensajes.Al hacer balance de la situación es sobradamente elocuente el lado positivo de la acción del Gobierno: se han constituido con normalidad democrática las instituciones de autogobierno vascas y catalanas, se ha concluido prácticamente una ley de tal trascendencia como la de Financiación de las Comunidades Autónomas y se ha remitido a las Cortes un número importante de proyectos. La reforma como método de cambio gradual tiene unas ventajas y unos costes. Asumimos éstos sin complejos, porque creemos que las ventajas los compensan sobradamente.

Una de las mayores demandas populares es la de tranquilidad, orden, seguridad ciudadana. Esta demanda sólo puede ser satisfecha mediante el imperio de la ley, que es emanación de la voluntad del pueblo. Energía y firmeza en el marco estricto de las leyes serán las coordenadas invariables a las que el Gobierno ajuste su acción para erradicar el terrorismo y la delincuencia, con la solidaridad de todos los ciudadanos.

En primer término, está la primacía de la Constitución y el cumplimiento por parte de todos de las normas legales vigentes, cualquiera sea la valoración que nos merezca. No se contribuye al prestigio de la ley cuando se cuestiona: su legitimidad en movilizaciones populares o se afirma que una ley recién aprobada nace muerta. La ley puede y debe ser criticada, pero junto a cualquier apreciación es preciso proclamar la obligación de cumplirla.

En segundo lugar, el imperio de la ley consiste en la efectiva protección y garantía de las libertades públicas dentro de los limites constitucionales. No es cierto que en España algunas libertades estén amenazadas, y en todo caso próximamente se remitirá a las Cortes la ley orgánica que contenga el estatuto de las libertades públicas y los procedimientos de amparo, judicial para su plena efectividad. La ley será aplicada rigurosa e inexorablemente contra el terrorismo. Que nadie espere negociación ni amnistía para quienes están en armas contra la autoridad legítima con desprecio de la vida humana.

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Se dará prioridad al incremento del aparato judicial, así como a una adecuada dotación de medios, lo que supone la inmediata puesta en funcionamiento de 44 nuevos juzgados, y otros treinta más adelante, destinados a las zonas periféricas de las grandes ciudades y a las de gran desarrollo turístico. Se ampliarán las plantillas del personal judicial y se dotarán nuevas inversiones.

La situación de la economía española es delicada y está dominada por el problema de la crisis energética. Las alzas del petróleo tienen especial incidencia en España, que es un país muy dependiente de la importación de crudos. La única alternativa consiste en desarrollar otras fuentes de energía.

La crisis energética y la atención al empleo son las únicas prioridades que se pueden contemplar, y deben ser perseguidas considerando simultáneamente los equilibrios de la inflación, que se ha reducido a la mitad desde junio de 1977 y sigue bajando; de la balanza exterior, cuyo déficit se está corrigiendo, y del nivel de divisas, que nos permite no tener preocupaciones respecto a la balanza de pagos en los próximos dos o tres años.

La reestructuración y saneamiento de los sectores en crisis impone una absorción de recursos limitados que impide su inversión en sectores potencialmente más productivos. Por esto, las ayudas a las empresas en crisis han de ser limitadas, tanto en cuantía como en tiempo y han de estar estrictamente condicionadas al saneamiento efectivo de los sectores. El paro es el gran drama de las sociedades industriales y el mayor factor de injusticia. Actualmente alcanza la cifra de 1.245.349 personas, el 60% de las cuales cobra el seguro de desempleo, excluyendo el paro agrícola. El sistema de subsidio detrae excesivos recursos que podrían emplearse en inversiones productivas creadoras de empleo, por lo que el Gobierno espera que con el proyecto de ley de empleo se produzca una asignación más eficaz de los recursos. La estrategia del Gobierno en la política de empleo se completará con la revisión de las actuaciones actualmente en marcha, que ofrecen un balance positivo en líneas generales.

Para disminuir el paro son necesarios recursos elevados, los cuales dependen del aumento del ahorro y de la productividad. Sólo mediante la inversión y el beneficio puede este país seguir creciendo crear puestos de trabajo.

Frente al modelo centralista, la superioridad de unas fuertes autonomías se apoya en las ventajas que ofrecen el acercar el poder de decisión a los gobernados y el identificar a las distintas comunidades con su ser cultural e histórico, que no tiene por qué ser anulado por el general y común a toda la nación.

Desde esta perspectiva parece difícil negar, por ejemplo, que la distinción claramente desorbitada por razones de índole emocional -de dos vías en el ejercicio de una iniciativa única de acceso a la autonomía; la general, del artículo 143, y la excepcional del 151- ha perdido prácticamente todo su sentido inicial.

La distinción fue formulada, en efecto, como es noticia común, en función de lo establecido en la disposición transitoria segunda de la propia Constitución, esto es, para asignar la segunda de las vías a aquellos «territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía», concretamente Cataluña, País Vasco y Galicia, a los que se entendió que se debía una restitución histórica.

Restitución histórica no sólo fundamentalmente derivada de la demanda autonómica, sino sobre todo de la de liquidación de secuelas y heridas de la guerra civil. Restitución que se ha hecho en niveles de plena igualdad, ya que es evidente que los tres estatutos de Cataluña, País Vasco y Galicia recibirán un tratamiento de interpretación, aplicación y desarrollo idénticos en la medida en que así lo deseen cada una de las comunidades.

Es cierto que en la Constitución se preveía ese procedimiento singular del artículo 151 para asimilar el proceso autonómico de otras comunidades al de los territorios de restitución histórica, contemplados en la transitoria segunda, procedimiento que fue concebido y caracterizado como excepcional y revestido de unos requisitos de todo tipo que han sido desarrollados en una ley orgánica ampliamente votada que no debe, a nuestro juicio, ser modificada arbitrariamente. Pero al mismo tiempo queremos atenernos a la experiencia del proceso; el anhelo general en esta materia es el de la igualdad y, por tanto, efectuadas las tres restituciones históricas y generalizada la demanda autonómica, quedan las siguientes opciones:

- O todos los procesos van por la vía de la asimilación a la disposición transitoria segunda, es decir, por el 15, lo que comportaría, entre otras cosas, la celebración, en un plazo de dos años, de no menos de dos docenas de referendos pre y posestatutarios.

- O se hacen discriminaciones entre las regiones que no pueden obtener la restitución histórica, discriminación odiosa difícilmente comprensible.

- O, como parece más justo, se opta por un camino común e igual para todos, que no puede ser más que el camino ordinario previsto en la Constitución.

El problema es, pues, el de superar no ya la dicotomía entre el artículo 143 y el 151, sino la existencia entre el artículo 143, aplicable a todos, y la transitoria segunda, aplicable sólo a Cataluña, País Vasco y Galicia. De otro modo se produciría una auténtica mutación del espíritu del texto constitucional, al convertirse la excepción en regla y la regla en excepción.

Por tanto, el problema es ahora no el de hacer tres tipos de estatutos, los de la transitoria segunda, los del 151 y los del 143, sino articular las posibilidades constitucionales para que por la vía llana, expedita y ordinaria del 143 puedan todas las regiones, aparte de las tres históricas, caminar sin sobresalto ni temor, de modo firme y seguro hacia la igualdad autonómica, por supuesto entre todas ellas y con las ya mencionadas nacionalidades históricas.

Tal es la razón por la que de una manera responsable y desde una estricta fidelidad a la Constitución, leída a la luz de la experiencia presente, UCD, cuyos miembros participan en las decisiones propias de los distintos territorios, formuló la legítima opción de encauzar todo el proceso autonómico restante por la vía del artículo 143. Esta vía es, por otra parte, dado el incumplimiento generalizado en una u otra fase de los requisitos previstos para la vía extraordinaria del artículo 151, la única abierta hoy para la generalidad de las regiones, y será, por tanto, la que hayamos de utilizar, haciendo de ella una vía ancha, segura y rápida en la consecución de una autonomía para todos. El problema de igualdad está resuelto por la libertad organizativa que preside el mencionado precepto. Si las regiones que van a acceder ahora a la autonomía plena por el 143 desean realmente dotarse de un esquema organizativo paralelo al previsto para las regiones de restitución histórica, nada hay ni en la Constitución, ni en los postulados del partido mayoritario, ni en la actitud del Gobierno, que lo impida.

Pero ni la Constitución ni los estatutos resultan siempre suficientes para delimitar con precisión la distribución de las competencias. Ello da especial importancia a las leyes sectoriales, que han sido la técnica utilizada por los Estados federales. Así pues, la constitución definitiva del Estado de autonomías se hará mediante la promulgación de una serie de leyes que, respetando los textos de los estatutos y de la Constitución, delimitarán con precisión e igualdad para todos las competencias de cada institución.

El Estado de las autonomías debe ser construido con los mismos medios de que dispone la Administración actual, para evitar a toda costa la acusación de que el proceso autonómico es un despilfarro.

El proyecto autonómico que proponemos estará basado en la solidaridad y en la generalidad, ya que si algún territorio no accede a la autonomía se rompería la coherencia del modelo. Si es preciso, las Cortes podrán sustituir la iniciativa local, aunque no creemos que este mecanismo tenga que ser usado. Finalmente, esta dinámica deberá inspirarse en la gradualidad, ya que el acceso de todas las comunidades a nivel último de autonomía supondría un salto en el vacío y un auténtico caos.

Las líneas inmediatas de actuación son: elaboración y promulgación de todos los Estatutos de Autonomía; utilización de los medios constitucionales para dotar de autonomías a Ceuta, Melilla y las provincias que queden al margen de la organización autonómica; envío a las Cortes de los proyectos de leyes de competencias; instrumentación de órganos de cooperación entre las comunidades y el Estado, presididos por un miembro del Gobierno. En el caso de Andalucía, el Gobierno promoverá la tramitación de un estatuto por la vía del 143, que deberá estar promulgado dentro de este año, y dotar a la comunidad, si ésta lo desea, de asamblea legislativa elegida por sufragio universal, consejo de gobierno y tribunal superior de justicia.

Las elecciones para las asambleas u organismos electivos de las comunidades se celebrarán con las primeras elecciones generales o municipales que se convoquen, en seis meses se convocará referéndum para la aprobación del Estatuto gallego.

Rojas Marcos: "Andalucía no perdona"

Tras media hora de descanso, el Pleno se reanudó con la intervención de los portavoces de los distintos sectores parlamentarios. El primero en hacerlo fue Alejandro Rojas Marcos, del Grupo Andalucista, quien dijo:«Si este debate sólo va a servir para que el partido del Gobierno diga que lo ha hecho todo bien, que mejor aún lo va a hacer en el futuro, para que el primer partido de la oposición (PSOE) diga que él lo hubiera hecho mejor y que sin él no habrá futuro (protestas en los bancos de la izquierda) y para que los demás apoyemos a coro uno u otro, según seamos de derecha o de izquierda, me temo que habremos frustrado una vez más a tantos hombres y mujeres de España que de verdad están cansados de cómo nos escuchamos a nosotros mismos».

«El grupo andalucista está decidido a que este debate no quede en una película de buenos y malos, cargada de palabras vacías, sino que se plantee la crisis de lo que verdaderamente está en crisis: nuestro régimen democrático».

«La culpa de esta frustración la tenemos todos los miembros de esta Cámara. Pero, claro, unos más que otros. Nosotros, el grupo andalucista, tenemos poca culpa, porque tenemos poco poder. Ningún poder en el Gobierno, poco en los escaños, y menos en los pasillos. Me refiero a los pasillos, porque en este Congreso a veces mandan más los pasillos que los escaños; es en los pasillos donde se encuentran, pactan y consensúan los dos partidos mayoritarios UCD y PSOE con sistemática exclusión de las otras fuerzas parlamentarias. (Protestas y silbidos en los bancos del PSOE.) Y cuando no pactan ni consensúan su comportamiento, son frecuentemente de tal pobreza política que difícilmente pueden significar solución para los grandes problemas de hoy».

«Frustración produce una UCD, endiosada, que no siempre consigue ocultar sus canas franquistas, por más que use tintes democristianos, liberales o socialdemócratas y que se comporta con España como si fuera de su propiedad. Y porque frustración produce un PSOE aventurero, que no siempre consigue ocultar su adolescencia, por más que grite y huya hacia adelante, y que se pase el día componiéndose para recibir una alternativa que nunca llega».

«Lo más importante de la política autonómica es conseguir una forma idónea para resolver la contradicción entre el desarrollo y el subdesarrollo, entre el enriquecimiento de los pueblos y el empobrecimiento de otros».

«Señor Suárez, nosotros queremos que usted, aquí y ahora, conteste a esta pregunta: ¿Su Gobierno va a respetar la voluntad mayoritaria del pueblo andaluz expresada en las urnas del 28 de febrero o va a seguir negándole su derecho a una autonomía igual a la de catalanes y vascos?». «El pueblo andaluz no descansará hasta que se repare esta injusticia de la única manera que puede ser reparable: respetando la voluntad del 28 de febrero de conseguir una autonomía igual a la conseguida por los pueblos catalán y vasco. Si eso es posible dentro de nuestras leyes, vamos a respetarlas; si no lo es, vamos a cambiarlas».

Miguel Roca: "El Gobierno debe buscar el respaldo de una amplia mayoría"

Miguel Roca, portavoz de la Minoría Catalana, habló a continuación para decir:«No queremos contribuir a la imagen de unos políticos que se pelean, ni convertir este debate en plataforma de desgaste para la credibilidad de las instituciones democráticas».

«Es incuestionable que la economía española está en una situación difícil desde hace tiempo y también lo es que, de una forma razonable, no se puede pedir ni una solución radical ni rápida de la misma. Es preciso recordar también que, en estos momentos, la situación de la economía española está más deteriorada que hace unos meses. Y que ello sea así debe atribuirse a que se ha llevado una dirección errónea de nuestra economía, y no tanto porque los términos globales de su planteamiento hayan sido equivocados, como por su aplicación concreta».

«¿Qué puede hacerse? La reforma de la Administración es fundamental. El sector público está ofreciendo un penoso cuadro con el aumento del déficit presupuestario. La necesidad de acotar el sector público es esencial en la mejora de la economía española. Es evidente que los déficit del sector público se compensan a través de retraer recursos del sector privado».

«Es preciso mantener nuestros mecanismos de apoyo a la exportación, que tiene aún su camino por recorrer: no adelantar rebajas arancelarias más allá de lo que marquen nuestros compromisos internacionales, mejorar el acceso al crédito; acabar el proceso de liberalización financiera que ha quedado a medio camino».

«Es preciso fomentar la inversión conteniendo el nivel de consumo. Hemos de hacer mención principal al tema del paro», son precisos «planes y potenciación de la formación profesional, el reciclaje de la mano de obra, la mejor información posible sobre zonas y tipos de empleo, la participación de centrales sindicales y organizaciones empresariales en el conocimiento de las cuentas y los proyectos de este ámbito. Debe procurarse que los servicios en que se concretan el salarlo social mejore sus prestaciones, disminuyendo así el efecto individualizado de la crisis. Debería reconsiderarse la oportuna flexibilización del sistema fiscal».

«Política de seguridad: la delincuencia común aumenta. Tenemos dotaciones insuficientes, casi siempre mal repartidas, normalmente mal provistas y con instrucciones poco definidas».

«La certeza de la inseguridad ciudadana está conduciendo peligrosamente a una reiterada interpretación restrictiva de las libertades individuales».

Modelo de Estado: «No ha existido una auténtica aceptación de lo que representaba un Estado de autonomías. No tiene sentido construir, primero, un Estado de las autonomías para frenarlas, para discutirlas o cuestionarlas después; hay que aceptarlas y ayudarlas con todas sus consecuencias. La primera es que la comunidad autónoma es Estado, es Estado en el territorio de la comunidad. A esta Cámara le corresponde pronunciarse sobre la constitucionalidad de los estatutos y armonizar a posteriori la actuación de las comunidades, pero no plantearse ni la oportunidad de aquéllos ni la capacidad para autogobernarse de éstos».

«Debe acelerarse el trámite de los traspasos de servicios a las comunidades autónomas». Hay que «configurar al Senado como una Cámara de representación territorial».

Fraga: "Bases para una auténtica mayoría de gobierno"

Seguidamente intervino Manuel Fraga, portavoz de Coalición Democrática, quien afirmó, entre otras cosas:«En estas circunstancias, nuestro grupo no puede ni apuntalar a un Gobierno que no merece nuestra confianza, ni tampoco contribuir a apuntillarlo antes de que exista una alternativa válida».

«Nosotros no pensamos que la solución de los problemas de esta hora de España esté en la improvisación de una nueva mayoría heterogénea. Los mismos que la proponen saben muy bien que esta Cámara podría haber tenido y podría tener todavía una mayoría natural coincidente con la mayoría natural de la opinión, a la que se han apresurado a descalificar como mayoría mecánica».

«En cuanto a los grupos que piensan que la prioridad corresponde a los cambios, que siguen pensando en la huida hacia adelante, que, en definitiva, pretenden agravar la crisis general, para mejor resolverla, quisiera decirles, con el corazón en la mano, que todos deseamos reformas profundas y decididas de la sociedad española; que nadie desea cerrarles el paso para que ellos las promuevan dentro de la Constitución con arreglo a la ley. Que deseamos que llegue a ser una razonable alternativa de gobierno. Pero ellos deberían ser los primeros en reconocer que éste no es su momento y que en medio de los problemas de hoy es más la hora de afianzar que la de nuevas y peligrosas aventuras».

«Yo estoy convencido, de que una inmensa mayoría de los españoles estarían dispuestos a suscribir un programa político y al Gobierno que se comprometiera con credibilidad a cumplirlo, concebido en los siguientes concisos términos:

1º Unidad de España, potenciada y no puesta en peligro por autonomías regionales, razonables y económicas.

2º Actuación eficaz del Ejecutivo y del poder judicial para una plena paz civil y seguridad ciudadana.

3º Libertades públicas y democracia fuerte, con una modificación de la ley Electoral y de la Televisión, que permita la creación de mayorías estables y de un turno real de alternativas políticas.

4º Aceptación plena del principio o modelo de economía social de mercado.

5º Libertad sindical, con una legislación que oriente los conflictos colectivos a soluciones arbítrales, siempre que sea posible.

6º Potenciación de las empresas, de la inversión y de la creación de puestos de trabajo.

7º Política agraria de pleno apoyo a una mejor alimentación de los españoles, a precios razonable para todos, con salvaguardia de éste sector clave de nuestra salud física y moral y de nuestra independencia.

8º Política de enseñanza completa y libre para todos.

9º Política de defensa de la salud y de la calidad de vida y de la naturaleza.

10º Política exterior con pleno respeto a los principios de las Naciones Unidas, cada vez más integrada en las comunidades económicas -Europa-, culturales -Iberoamérica- y de defensa -mundo atlántico- a las que naturalmente pertenecemos».

«El terrorismo sólo se puede combatir con los métodos con que se. le derrota en todas partes: yendo sin vacilaciones a la cabeza, creando servicios adecuados de información, condenando con la misma dureza a los comandos informativos que a los que luego, con los datos de aquéllos, asesinan y secuestran y dejando claro que el terrorista que mata o lesiona no volverá a tener libertad para volver a hacerlo».

«A la delincuencia común no se la puede desanimar (...) sin la creación de un ambiente claro de que esto se ha acabado y de que empieza una etapa en la cual el que la hace la paga».

«Una mayoría, que es la misma que hoy prevalece en toda Europa, es perfectamente viable en España; puede y debe, en un plazo de dos años, poner orden en el conjunto de los problemas».

Aizpún: "Navarra defiende la unidad de España"

Finalizada la intervención de Fraga, se concedió el uso de la palabra a los representantes del Grupo Mixto, quienes se repartieron el tiempo total atribuido a cada grupo -veinte minutos- en turnos de cinco para cada una de las cuatro personas que hablaron.El primero en hacerlo fue Jesús Aizpún, de Unión del Pueblo Navarro, quien planteó que «no hay que alejarse en el tiempo para encontrar ejemplos de la amenaza terrorista: este mediodía ETA ha interferido el telediario de las tres de la tarde en Navarra, durante cinco minutos, para lanzar sus proclamas conocidas».

«Se conculca el derecho a la vida, a la propiedad, el derecho de muchas familias que se ven obligadas a abandonar sus hogares y su trabajo. Mientras todo esto ocurre, el Gobierno no parece tener ninguna respuesta adecuada para paliar el clima de grave inseguridad en que vivimos».

«Cuando Navarra defiende su propia identidad, está defendiendo, al mismo tiempo, la unidad de España».

«Se ha procedido con en enorme superficialidad en el tratamiento del problema autonómico».

Bandrés: "No tenemos que demostrar que queremos la paz"

Juan María Bandrés, representante de Euskadiko Ezkerra, dijo que esta fuerza política «está en contra de una estrategia que intenta agudizar al máximo las situaciones de violencia. Se ha dicho que es necesario erradicar la violencia, y erradicar significa arrancar de raíz, pero la violencia en Euskadi hunde sus raíces en una parte nada despreciable del pueblo».«Los resultados de las últimas elecciones son bien ilustrativos para un grupo nada crítico para la violencia». Nadie quiere esta violencia y, quizá, «los que la practican menos que nadie» (fuertes protestas de los bancos de UCD). «Son necesarias medidas de gracia» (abucheos centristas).

«Los vascos no podemos contribuir a la solución de la violencia si no se nos dan soluciones políticas. Apoyamos y apoyaremos el Estatuto de Guernica, si no sufre recortes a través de leyes orgánicas. Nadie tiene derecho a pedir a los vascos que demostremos que queremos la paz. Es el Gobierno quien tiene que demostrar que desea soluciones».

Gómez de las Roces: "No sabéis a dónde vais"

En nombre del Partido Aragonés Regionalista (PAR), Hipólito Gómez de las Roces tomó la palabra para decir que hablaba en nombre de Aragón. Y agregó:«Hablo en nombre del Partido Aragonés Regionalista. Hablo en nombre de Aragón. El Gobierno carece de una política económica seria; no conoce más que una política para mañana».

«Los de UCD no sabéis a dónde vais. Estáis creando simples sucursales de vuestro partido; estáis creando autómatas en lugar de autonomías; estáis falseando todas las promesas electorales que hicisteis. La Diputación General de Aragón no es de Aragón, sino de UCD.

Blas Piñar: "La Constitución está muerta"

Blas Piñar, presidente de Fuerza Nueva, utilizó el último de los turnos concedidos al Grupo Mixto. Dijo que «el Estado se configura como un Estado de autonomías, un Estado de derecho y un Estado social. La verdad, sin embargo, es que el Estado de autonomías no es un Estado descentralizado, sino un Estado de nacionalidades, y que la nacionalidad se identifica con la nación, y que la nación, biológicamente, busca el sello político de su personalidad, constituyéndose en Estado. De aquí que el Estado de autonomías sea un tópico, a no ser que por Estado de autonomías se entienda lo que no quiere la Constitución, un Estado federal ».«Hay que reconocer -y ahí están los hechos- que la Constitución de 1978 ha fracasado y está muerta».