Cinco heridos en Castro Urdiales por una carga de las Fuerzas de Orden Público

La presencia de más de doscientos miembros de las Fuerzas de Orden Público (FOP) impidió la celebración de la asamblea popular que, convocada por Izquierda Castreña Unida (ICU) deberia haber tenido lugar en la mañana del domingo en Castro Urdiales. La concentración había sido prohibida, al igual que la semana anterior, en la que también hubo incidentes, por el gobernador civil en funciones, Vicente Oraa. Cinco heridos de cierta importancia y dos personas detenidas fue el balance de casi dos horas de enfrentamientos entre manifestantes y una compañía antidisturbios de la Policía Nacional.

Desde primeras horas de la mañana, las FOP habían establecido controles en los puntos de acceso a Castro Urdiales para evitar la entrada en la villa de personas que pudieran unirse al acto. En el lugar señalado para realizar la asamblea tomaron posiciones un centenar de policías nacionales, que impidieron estacionarse al numeroso público que allí se encontraba y cargaron poco después contra medio centenar de personas que lanzaban gritos por la libertad de expresión. Este grupo fue disuelto.A partir de ese momento, las cargas de la Policía Nacional se extendieron a toda la villa. Los guardias irrumpieron en varios locales públicos, que fueron desalojados, y se produjeron los primeros heridos, entre los cuales se encuentra un niño de ocho años, que resultó alcanzado por una bala de goma. Las dos personas detenidas fueron un dirigente del PSOE y el ex secretario de USO y actualmente dirigente de Comisiones Obreras, quienes quedaron en libertad tras permanecer dos horas en el cuartel de la Guardia Civil.

En las últimas horas de la tarde, unas mil personas se manifestaron en la villa, de la cual ya habían sido retiradas las FOP, en medio de un impresionante silencio, que sólo quedaría roto al pasar ante el domicilio del alcalde, actualmente separado del cargo por enfermedad, y cuya dimisión se pidió, al igual que la del gobernador civil. La totalidad de los partidos políticos castreños han denunciado la intervención de la policía, de la que hacen responsable al gobernador civil.

En Castro Urdiales se vive desde hace meses en un clima de tensión social provocado por el rechazo popular a un proyecto urbanístico denominado Castro Novo, con el que se pretende convertir a la población santanderina en una ciudad dormitorio.