Mercoguadalquivir se encuentra en situación de suspensión de pagos

La empresa Mercoguardalquivir, que comercializa productos agrarios de varias provincias andaluzas, se encuentra en situación real de suspensión de pagos, tras haber sufrido durante el ejercicio económico de 1979 un desfase financiero superior a los 69 millones de pesetas, de acuerdo con el estudio de viabilidad elaborado por un equipo de expertos, por encargo de la empresa nacional Mercorsa, principal accionista de la sociedad, al que ha tenido acceso EL PAIS.

Mercoguadalquivir, S A, uno de los quince mercas que funcionan actualmente en nuestro país, se dedica a la comercialización de productos agrícolas perecederos procedentes de la vega del Guadalquivir y provincias aledañas, y su actividad afecta a muchos centenares de campesinos andaluces. La empresa pública Mercorsa (Mercados de Origen, S A) posee el 51,84% del capital social, repartiéndose el resto entre la Caja Rural Provincial de Sevilla, Cámara Agraria, Unión Territorial de Cooperativas y otras entidades agrícolas y financieras.Según el estudio, la viabilidad de la empresa requiere una financiación permanente de setenta millones, conseguida a través de aportaciones de los socios o de créditos a largo plazo. «La relativa estabilidad actual se debe a la no exigibilidad de las obligaciones vencidas de pago por parte de los acreedores», se añade. Hay que añadir que en la actualidad se está realizando una auditoría sobre los datos contables del pasado año.

Desde el punto de vista estrictamente económico, Mercoguadalquivir se considera inviable en las presentes circunstancias, puesto que la cifra de negocios necesaria para cubrir los costes fijos de la actividad básica (transacción de productos) se presenta como inalcanzable, debido a la sobredimensión de las cargas fijas generales y a una política de márgenes errónea y no uniforme.

Excesivos gastos de personal

En la sobrecargada partida de costes fijos hay que destacar los relativos a gastos de personal. Las conclusiones del estudio son rotundas en este aspecto: elevado número de personas fijas en relación al trabajo a realizar, existencia de departamentos innecesarios a causa de una excesiva diversificación de funciones, carencia total de coordinación entre el personal y realización de funciones no específicas de la actividad de cada cual. Se da el caso de la existencia de una secretaria de promoción (883.000 pesetas anuales), que tiene asignadas actividades propias del gerente o el departamento comercial de la empresa.

Pero los problemas fundamentales son de dirección y gestión, opinan fuentes empresariales consultadas por este periódico. El propio estudio de viabilidad denuncia que Mercoguadalquivir, S A, en lugar de promover la unificación y canalización de la fuente de productos, ha recurrido en los últimos años a una captación esporádica del mayor número posible de agricultores, sin coordinación ni visión de futuro, lo que ha imposibilitado cualquier tipo de planificación y originado problemas de falta de calidad, retrasos en las entregas, mermas y, en suma, la pérdida de las coyunturas favorables del mercado.

La verdad es que durante 1979, Mercogualdalquivir, SA, se embarcó en operaciones ambiciosas, que resultaron fallidas, poniéndose como ejemplo sus avales a los anticipos concedidos a los cultivadores de melones, a base de 100.000 pesetas por hectárea, cantidad que los propios agricultores consultados por EL PAIS consideran una barbaridad. A todo ello, habría que unir una deficiente gestión comercial en destino y falta de profesionalidad. El resultado final es una grave pérdida de imagen y un alejamiento progresivo de los usuarios, tanto compradores como vendedores, que recurren a Mercoguadalquivir cuando no pueden hacer uso de otros canales.

Hay que reseñar, por último, que, al ser Mercorsa el accionista mayoritario en Mercoguadalquivir, el presidente del Consejo de Administración de la entidad es el propio delegado de Agricultura de la provincia de Sevilla. Es también Mercorsa la que ha ordenado el tantas veces citado estudio, del que se desprende con claridad la urgencia de reestructurar la empresa como única garantía de continuidad de la misma.