Procesos militares y objeción de conciencia

En relación con los procesos militares a civiles de que la prensa se hace eco estos días y, en general, con los recortes que el derecho a expresarse libremente viene sufriendo últimamente, quiero destacar un caso que está pasando casi inadvertido y es, paradójicamente, de gran envergadura.Daniel González, objetor de conciencia, fue detenido el pasado día 16 de marzo en Bilbao mientras repartía octavillas contra el servicio militar, de contenido antimilitarista, frente a uno de los colegios donde se estaba procediendo a la talla de mozos. Trasladado a la prisión provincial de Basauri (Vizcaya), donde permanece aún en prisión preventiva, se le acusa de injurias al estamento militar y de atentar contra la integridad de las Fuerzas Armadas.

Desde el día de su detención, objetores de conciencia de Bilbao, San Sebastián, Salamanca, Madrid, Barcelona, Pamplona, Zaragoza y Cáceres han realizado diversas acciones pidiendo su libertad. Las encarteladas, sentadas y encadenadas se suceden, repartiéndose en varias ocasiones la misma octavilla que motivara la detención. En algunas de estas acciones, los participantes son detenidos y puestos posteriormente en libertad. Concretamente, después de una sentada (el 18 de marzo) frente al Gobierno Militar de Bilbao, que concluyó en detención, el juez decreta libertad condicional para las diecinueve personas que la realizaron. Semanas después se dicta orden de búsqueda y captura contra ellas, y el 18 de abril es detenido Santi Sande Vázquez.

Paralelamente a las menciona- das acciones, más de quinientas personas, en su mayoría objetores de conciencia, envían sendas cartas de solidaridad al vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa y al capitán general de la VI Región Militar. En las mismas se pide la libertad de Daniel González (Santi Sande aún no había sido detenido) y el respeto fáctico a la libertad de expresión, solicitando los firmantes que, de no satisfacerse sus peticiones, se les aplique el mismo trato que a aquél, y anunciando que colaborarán en la difusión de la octavilla causante de la detención. Los hechos hablan por sí solos: una octavilla ha desencadenado la detención de dos personas, una de las cuales cumplirá pronto el mes y medio de cárcel, existiendo orden de búsqueda y captura para otras dieciocho y abriéndose los expedientes contra todas ellas por la jurisdicción militar.

¿Puede hablarse de libertad de expresión? ¿De unidad jurisdiccional? ¿Debe ser el objetor de conciencia mudo respecto a las razones de su objeción? ¿Por qué razón el estamento militar no acepta las críticas que puedan difigírsele, como cualquier otro grupo social? ¿Qué dicen el Gobierno y los partidos políticos en casos como éste, el de Pilar Miró, Miguel Angel Aguilar, los continuos procesos a periodistas y el largo etcétera de violaciones a la libertad de expre sión que día tras día se producen? Estas preguntas no deberían que dar sin respuesta. /

(miembro del Movimiento de Objetores de Conciencia de Barcelona).