Muchos incendios forestales son una acción de venganza por la enajenación de los montes comunales

La repetida pregunta de «¿Quién quema los montes?» siempre fue contestada con ambigüedad por las autoridades. Al parecer, nadie sabía nada, o no se tenían puebas. Sin embargo, la Administración tiene en su poder desde 1976 un minucioso estudio sociológico sobre los factores condicionantes de los incendios forestales, que, de haberse hecho público, habría aclarado a los confusos españoles los orígenes de lo que la propia Administración no duda en calificar cada verano de «desastre nacional».Este informe, de 142 páginas, fue elaborado por la Sociedad Asturiana de Estudios e Investigación Económica (Sadei), por encargo del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona). El estudio, por el que, al parecer, el Icona pagó dos millones de pesetas, fue entregado a este organismo del Ministerio de Agricultura en 1976.

Según fuentes cercanas al Ministerio de Agricultura, que facilitaron el informe a EL PAIS, el Icona pidió en su día al Sadei que te hiciera entrega de absolutamente todas las copias que existieran del informe y guardara reserva total sobre el contenido del mismo.

El informe de Sadei sobre los incendios forestales se limita a reflejar los resultados de un trabajo de campo, realizado en los cincuenta puntos más conflictivos de las montañas de Asturias y Santander. De este texto se deduce que los incendios forestales intencionados en el norte de España son originados por los campesinos, en venganza por, el quebranto de sus medios de subsistencia, injusticias y atropellos que han sufrido desde que el franquismo iniciara, en 1940, el Plan Nacional de Repoblaciones, que preveía la plantación de 5,7 millones de hectáreas de pinos y eucaliptos en cien años.

Según declaró el Icona a EL PAIS, este informe fue encargado para información interna de la Administración, al igual que otros estudios que se han hecho sobre Galicia y otras regiones españolas, y no para ser publicado.

El conflicto tiene su origen en los montes comunales. En Asturias, al igual que en otras regiones, como Galicia o Santander, cada parroquia suele tener uno o varios montes comunales, en los que pastaban las cabañas de ganado durante casi todo el año, el principal medio de vida de estos pueblos de montaña. El derecho al usufructo de estos montes se remonta a uno o varios siglos, y está reglamentado por las leyes germánicas, que estipulan que son propiedad de todos los vecinos, indivisibles, inalienables e inembargables.

Después de la guerra civil española, numerosos ayuntamientos registraron esos bienes comunales como si fueran bienes propios, sin conocimiento de los vecinos, y los consorciaron con el Patrimonio Forestal del Estado para que fueran repoblados.

Paralelamente, las Juntas Vecinales que los administraban fueron disueltas, prohibidas o privadas de sus atribuciones.

Los contratos de los consorcios prevén un 68% de los beneficios de la madera para el ayuntamiento, un 17% para el Icona y un 15% par ' a reinvertir en mejoras de las repoblaciones. Los pueblos afectados por las repoblaciones consorciadas con los ayuntamientos, normalmente lejos de la capital municipal, deprimidos y sin ningún tipo de servicios, tenían que contemplar cómo les plantaban de pinos sus propiedades y los condenaban a la absoluta miseria, mientras los beneficios iban a parar a las arcas del Icona y de los ayuntamientos franquistas, la mayoría de ellos acusados de corrupción por los vecinos de los pueblos.

El informe Sadei

El estudio de Sadei, el único informe serio y riguroso que se hizo sobre la historia de las repoblaciones, oculto en algún despacho durante cuatro años, cuenta con todo detalle cómo les fue arrebatado a los campesinos ese millón de hectáreas y habla de su desesperación, impotencia y acciones de venganza.

La imagen de los técnicos y guardas del Icona, expulsando a los campesinos locales de sus áreas tradicionales de cultivo y pastoreo, empujando con ello a poblaciones enteras a cambios drásticos en su forma de vivir, en busca de la supervivencia, es algo que permanecerá en el recuerdo de estas gentes durante algún tiempo.

«La investigación de campo», señala el informe de Sadei, «no pudo ajustarse, por la índole de lo que se busca, a un procedimiento de encuesta estandarizado. Ha sido preciso adoptar un procedimiento mucho más libre de conversaciones informales, ocultando en ocasiones la identidad de los encuestadores o el tema que se deseaba tratar, el cual, frecuentemente, hubo de ser suscitado indirectamente en el curso de la charla».

Los encuestadores de Sadei entrevistaban en primer lugar al alcalde del municipio. «Ha sido usual», dice el informe, «advertir que el alcalde no se siente representante de unos vecinos de cuyas ideas o intereses no ha de ser portavoz ante la Administración, sino como el titular de unos intereses que han de ser defendidos de las inoportunas pretensiones de los vecinos. En ocasiones, el alcalde facilita nombres de vecinos a los que califica de negativos, provocadores, etcétera».

Posteriormente, se entrevistaba a la Guardia Civil. «Como regla general», comentan los encuestados de Sadei, « se puede decir que la Guardia Civil participa de la idea de que los incendios son provocados por los campesinos, y ha comprobado reiteradamente cómo éstos se niegan a participar en la extinción, o, más frecuentemente, y para evitar multas, se esconden o se van del municipio antes de que empiece el fuego».

Sin embargo, apenas sí existen casos en los que se halla identificado a los autores del incendio, que se provoca normalmente con mechas de efecto retardado. «Quien provoca el incendio se provee siempre de una coartada, y cuenta además con el apoyo y colaboración de los vecinos, que niegan todo el conocimiento sobre el caso».

La oposición de los campesinos a las repoblaciones no se limitó a acciones de venganza a posteriori. En el año 1968, los vecinos de las aldeas asturianas de Curries y de Arenas de Beloncio, en el municipio de Piloña, cerca de Infiesto, arrancaron en una sola noche 6.00T pinos recién plantados por el Servicio de Repoblación Forestal en la sierra de Las Grandes Llanas, donde desde siglos pastaba su ganado. Después de arrancarlos los apilaron y los prendieron fuego.

La Administración volvió a repoblar aquellas tierras, que había consorciado con el Ayuntamiento. Los campesinos no volvieron a arrancarlos. Esperaron a que crecieran lo suficiente. Pocos años después se declaraban en esta zona 47 incendios, todos ellos intencionados, que arrasaron con todos los pinos. «Que no se hagan ilusiones, que de aquí no van a sacar ni un pino es una frase que recogieron con frecuencia los investigadores de Sadei mientras realizaron su informe.

El estudio de Sadei comienza por Ibias, el municipio más suroccidental de Asturias. De sus 33.144 hectáreas de superficie, 14.131 son de bosque, de las cuales, 9.219 son pinos. El resto, son bosques autóctonos de hayas y robles.

«Antes de la repoblación», dice el informe de Sadei, «todos los pueblos de Ibias utilizaron los montes, a los que consideraban de propiedad común. Cuando comenzaron las repoblaciones se enteraron de que la corporación municipal había suscrito consorcio con el Patrimonio Forestal del Estado. «Había entregado nuestros montes a la forestal», dicen los vecinos. En efecto, habían sido consorciados todos los montes comunales sin consultar a los afectados.

«En aquellos años difíciles», continúa Sadei, «el pueblo no supo oponerse a la repoblación y aceptó el trabajo de plantar pinos para ganar los jornales. Al disminuir el ritmo de repoblación perdieron estos jornales y, habiendo disminuido los espacios que utilizaban para el pastoreo e intensificándose la vigilancia de las repoblaciones, tuvieron que deshacerse del ganado».

En el municipio de Allande, donde el Icona ha repoblado 4.500 hectáreas de pinos, el pueblo de Bustantigo dice tener o haber tenido papeles acreditativos de la propiedad comunal del monte. Basados en ellos, los habitantes del citado pueblo se opusieron a la repoblación y se enfrentaron con los representantes del Patrimonio Forestal del Estado. «Como consecuencia de los enfrentamientos», señala el Sadei, «hubo un muerto por arma de fuego; se trata del suceso más grave que ha podido recogerse en nuestra investigación, lo que puede tomarse como un indicio de la impopularidad de las repoblaciones».

Continuando con este problema, el informe de Sadeí sigue analizando uno a uno los municipios asturianos.

En Tineo, el Icona repobló 7.320 hectáreas. A lo largo del período considerado se registraron en la zona 68 incendios, de los cuales, al menos cincuenta fueron intencionados. «Merece destacarse», dice el informe, «que 56 incendios se iniciaron en los montes consorciados por el Ayuntamiento. En cambio en los consorcios no municipales han ocurrido solamente tres incendios, cuya causa se conoce, y no fue intencionada, sino fortuita. En los montes particulares solamente se incendió uno en una ocasión, a causa de un rayo ».

«La repoblación en Tineo, un municipio de grandes recursos ganaderos, ha causado un gran malestar. Hemos podido recoger frases como esta: «No sé quién quema los pinos; pero lo único que sé es que los pinos, como mejor están es quemados".»

"La forestal se levantó con el monte"

Salas, un municipio situado en la zona interior de Asturias, lindando con Tineo, tiene una superficie de 22.500 hectáreas, de las que están cubiertas de arbolado 4.000. De éstas, la mitad corresponden a repoblaciones forestales realizadas por la Administración en colaboración con la Diputación Provincial.

«Al igual que hemos visto en Tineo», dicen los encuestadores de Sadei, «los montes consorciados por el Ayuntamiento eran, según los vecinos, de propiedad comunal, y fueron consorciados sin previo aviso».

«En el Ayuntamiento», añaden, «hemos podido recoger algunas precisiones. La política municipal respecto a los montes se guía por el principio de actuar sin previo aviso a los pueblos. Los asuntos concernientes a estos bienes es Preferible que no sean sacados a información pública, a fin de evitar problemas (en todo caso, si se sacan, puede hacerse de forma que nadie llegue a enterarse). En cuanto a la administración de los fondos procedentes de los aprovechamientos forestales, se estima que el Ayuntarniento es su dueño y puede disporier de ellos para emplearlos dónde y cómo necesita».

« La corporación», continúa el informe Sadei, «prefiere no emplearlos en el pueblo cercano al monte, por considerar que «el pueblo ya tiene bastante con el monte». Estas son, resumidas, las líneas de actuación que presi.den la política forestal del municipio de Salas, y que deben de ser consideradas en el ayuntamiento como riormales, a juzgar por el tono en itie nos fueron expuestas, un tono que parecía exigir aquiescencia y complicidad».

«En este municipio se han registrado en el período que venimos considerando veintisiete incendios; de ellos, dieciséis corresponden a montes consorciados. En un pueblo de esta zona, Colniella, los vecinos consideran que la forestal se levantó con el monte". No obstante lograron retener en su poder una zona, que dividieron en lotes entre los vecinos y, posteriormente, la plantaron de pinos. Estos no quemaron nunca.»

Muchos de los pueblos no han podido superar el descalabro económico que supuso para ellos la privación de los montes comunales, y quedaron fuertemente despoblados. Así, en el municipio de Proaza, hay pueblos, como Bandujo, que antes de la repoblación contaba con una cabaña de setecientas cabezas de ganado vacuno y otras tantas de ovino. El ganado vacuno se mantenía, durante el verano, en los puertos altos; durante el invierno se trasladaba a las zonas comunalessituadas por debajo del pueblo.

El informe Sadei finaliza diciendo: «A la luz de los testimonios recogidos, no cabe duda alguna de que el. malestar de los ganaderos es muy grande; se sienten expoliados de sus bienes, sometidos a procesos de cambid que deben afrontar en solitario, enfrentados a una Administración que es vista como un enemigo (sentimiento, en ocasiones, recíproco), las Junas Vecinales han sido suprimidas, el ganado es rritiltado por entrar en pastaderos que se utilizaban durante siglos; prácticas ancestrales, romo la roza a fuego, son reguladas o prohibidas sin ofrecer ninguna solución alternativa, la roturación de eriales comunales es dificultada, mientras las corporaciones municipales pueden establecer consorcios que más tarde la oposición de todo un concejo es incapaz de remover, los Ayuntamientos entregan sus tierras como cotos de caza sin el consentimiento de los vecinos...

Todas estas circunstancias han venido creando un clima en el que muchos campesinos emigran, bastantes se resignan, y unos pocos, finalmente, colocan mechas y las encienden».

Toda la desesperación de los campesinos ante la actuación del Icona se resume en esta frase airada y repentina que pronunció un vecino al llegar a un pueblo uno de los encuestadores de Sadei: «Si usted es de la forestal y viene a plantar esto, lo mato».

La devolución de los montes comunales

El pasado día 17 de abril, la Comisión de Agricultura del Congreso aprobaba por unanimidad un proyecto de ley sobre Montes Vecinales en Mano Común, que pretende poner fin a este estado de injusticia que, por otra parte, amenaza con acabar con todos los árboles repoblados. Tan sólo entre 1960 y 1980 han ardido 883.532 hectáreas de superficie arbolada, con unas pérdidas económicas estimadas en cerca de 30.000 millones de pesetas.

Según este proyecto de ley, que pasará próximamente al pleno del Congreso para su aprobación, cerca de un millón de hectáreas que en su día fueron enajenadas a los campesinos y registradas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública o a propiedad de los ayuntamientos podrán ser devueltas a las agrupaciones vecinales.

La posibilidad de esta devolución ya estaba prevista en la Ley 52/1968, de 27 dejulio, sobre Montes Vecinales en Mano Común. Como dice el informe de Sadei: «Esta ley podría servir para devolver de algún modo la titularidad de los montes a las entidades locales que han sido desposeídas de todos los derechos de gestión y aprovechamiento de sus montes, La citada ley no ha sido puesta en práctica o, al menos, no tenemos noticias de su aplicación».

En los últimos tiempos, especialmente desde que han desaparecido los ayuntamientos franquistas, el Icona se ha apresurado a aplicar esta ley, y, por ejemplo, en Galicia ya ha devuelto cerca del 40% de los montes comunales. Algunos observadores estiman que esto ha sido una maniobra para adelantarse a la ley que aprobará próximamente el Congreso y que te podría ser más desfavorable. Incluso hubo intentos de frenar este proyecto de ley, presentando el Ministerio de Agricultura un anteproyecto después de que UCD-Galicia hubiera efectuado una proposición de ley sobre este tema, que, al parecer, era demasiado progresista para los intereses del Icona.

La Comisión de Agricultura del Congreso ha refundido ambos textos logrando un proyecto de ley que soluciona el problema en parte, pero que no cuenta con el apoyo total de los afectados. La Coordinadora de Montes Vecinales de Galicia, organización dedicada a la lucha por la recuperación de las propiedades de los campesinos gallegos, ha anunciado ya que realizará, el próximo día 15 de mayo, una concentración en Santiago de Compostela para protestar por el contenido de este proyecto de ley que no da cauce de participación en los jurados provinciales que se crearán para devolver los montes comunales ni a los entes autonómicos ni a las organizaciones sindicales agrarias. En opinión de la Coordinadora de Montes, los jurados provinciales están en manos del poder central y de los caciques de la zona.

Por otro lado, la Coordinadora de Montes considera que los afectados por la enajenación de los bienes comunales durante estos últimos cuarenta años deben ser indemnizados y considera absurdo que el Icona pretenda todavía cobrar a los campesinos lo que te queda para amortizar las inversiones que realizó para llenar los pastos comunales de pinos.

La Coordinadora de Montes también acusa al Icona de no tener interés en solucionar el problema de los incendios forestales y ha denunciado repetid as veces los suculentos negocios que la industria maderera realiza con los troncos de los árboles quemados, que son subastados por el Icona a precios de saldo. Precisamente en estos días se está realizando un juicio contra dos miembros de esta coordinadora, denunciados por el Icona por haber impedido una de estas subastas. El fiscal pide para ellos más de medio millón de pesetas de multa y tres meses de arresto.