Dos proyectos para una ley

El proyecto de ley de Divorcio que ayer defendió Sagaseta en las Cortes comenzó a gestarse hace más de un año en el seno de la Coordinadora de Organizaciones Feministas, entidad unitaria que engloba a los aproximadamente sesenta grupos de mujeres organizadas con implantación en todo el país. Su elaboración partió de una doble vía: todos los grupos debatían en asamblea qué propuestas debían incluirse en el texto divorcista, la Coordinadora los unificaba y los devolvía de nuevo a sus bases para nueva discusión. Así, en julio del pasado año, una comisión de ocho mujeres (entre ellas abogadas y psicólogas) redactaron el proyecto definitivo que ahora ha sido rechazado en el Parlamento.Sin embargo, durante el proceso de elaboración se perfilaron dos posturas contrapuestas. De una parte, siete grupos feministas (la Federación de Amas de Casa, la Asociación de Mujeres Separadas, el Colectivo Feminista, la Secretaría de la Mujer del Sindicato Unitario, la Unión para la Libera ción de la Mujer, la Asociación Democrática de Mujeres y el Mo vimiento Democrático de Mujeres, estos tres últimos inspirados en la ORT, PTE y PCE, respectivamente) propusieron que las pensiones para el cónyuge necesitado (en la práctica, la mujer) recibiese la pensión alimenticia de su marido y, en caso de imposibilidad, propor cionalmente con el Estado, y que las causas de separación estuvieran basadas en motivos psíquicos, físicos y éticos.

El resto de los grupos de la Coordinadora, en cambio, defendían que las pensiones corrieran a cargo del presupuesto nacional, mediante un subsidio similar al que reciben los parados, para la mujer necesitada, y rechazaron enumerar cualquier tipo de causas de divorcio. Para ellas, basta con el deseo de uno o ambos cónyuges para separarse.

Pese a los constantes intentos de acercamiento, ambas posturas no lograron reconciliarse y, así, existen actualmente dos proyectos de divorcio elaborados por las feministas: el de la Coordinadora, defendído por Sagaseta, y el redactado por los ocho grupos mencionados, que esperan poder recoger las 500.000 firmas necesarias para que su proyecto entre en las Cortes. En lo que sí han coincidido ambos sectores ha sido en el atañe al proyecto gubernamental, por considerarlo «inadmisible» y por ello se realizaron manifestaciones unitarias contra UCD.