Las asociaciones de vecinos consideran insuficiente el cauce de participación aprobado por el Ayuntamiento
La normativa municipal sobre participación ciudadana aprobada en el pleno ordinario del pasado viernes, con el voto en contra de UCD, ha sido acogida con un escepticismo importante dentro del movimiento ciudadano madrileño. El año de provisionalidad es visto, sin embargo, como una puerta abierta a más auténticas expectativas de participación.
La colaboración ciudadana, tal como se recoge en el documento aprobado, podrá realizarse a través de las juntas municipales, concretamente a través de los consejos de distrito. Estos elaborarán propuestas que deberán ser recogidas en el orden del día de las sesiones ordinarias de las juntas. Los vecinos no asociados que deseen presentar una propuesta tendrán que recoger un número de firmas que todavía no se ha determinado.Los consejos de distrito, que constituyen el primer escalafón participativo y se definen como órganos de asesoramiento y estudio, estarán formados por las entidades ciudadanas de cada distrito y por los residentes que, aunque no sean vecinos del distrito en cuestión, ejerzan un trabajo en el mismo.
El documento aprobado en el pleno va a recibir forma de texto articulado y después será enviado a todas las entidades ciudadanas y personas que lo soliciten. La aceptación de este documento por parte de las asociaciones de vecinos federadas se decidirá en un pleno convocado por la Federación de Asociaciones de Vecinos (FPAV) para después de las vacaciones de Semana Santa.
Desconfianza ante el documento
Todos los miembros de las entidades ciudadanas consultadas por este periódico sobre el contenido del documento coinciden en señalar que es un texto insuficiente, aunque supone un cierto avance. Su mayor desconfianza va hacia la aplicación que hagan de él los presidentes de las juntas municipales. Este miedo viene, en parte, por las discrepancias habidas entre concejales socialistas y comunistas durante la redacción del documento, ya que hasta última hora no hubo acuerdo sobre el tema.José Molina, secretario de política municipal del Partido de los Trabajadores (PTE) -partido fuertemente arraigado en el movimiento ciudadano- y miembro de la asociación de vecinos de Palomeras Altas, opina que el documento supone un indiscutible avance: «Si se aplica textualmente, va a suponer un nivel de participación importante, pero habrá que ver qué es lo que hacen.»
Como aspecto negativo, José Molina cree que se le da demasiado juego a los vecinos no asociados, «porque, si de verdad quieren trabajar, es raro que no estén organizados, y porque puede ocurrir que ante un tema espinoso surjan asociaciones o vecinos interesadísimos que tengan el mismo poder que entidades de solvencia demostrada».
La opinión de Isabel Vilallonga, vocal de la junta directiva de la FPAV y de la asociación de La Corrala, es que el documento es a todas luces insuficiente. «Es positivo en parte, pero insuficiente porque no garantiza el derecho a voz, de las entidades ciudadanas en los plenos de la junta. Que las propuestas individuales se contesten en un plazo de tres meses me parece demasiado tiempo. Las mayores limitaciones están en el derecho de propuesta en el orden del día que elaborarán los consejos y en las competencias.»
José Díaz, presidente de la asociación de vecinos de Moratalaz, piensa que las vías de participación no recogen todas las aspiraciones de las asociaciones, pero añade que puede ser una posibilidad de participar que no debe despreciarse.
Durante la sesión ordinaria en la que se aprobó el documento en el que se recoge la participación ciudadana, Ramón Tamames, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento, habló de la necesidad de que las entidades integrantes de los consejos sean de «reconocida solvencia». Se refería a la necesidad de que estas asociaciones no sean fantasmas y carentes de contenido y asociados.
La opinión del señor Tamames es coincidente con la de la mayoría de portavoces vecinales. Sin embargo, Angel Hernández, concejal socialista encargado de Acción Vecinal y padre del documento, asegura que «el tema de la solvencia no se contempla en el documento. Con que una asociación exista legalmente, ya tiene los mismos derechos que las otras. A mí no me preocupa el que se creen asociaciones fantasmas. Cuantas más, mejor».
Las entidades que no tengan el sello de legalidad del Ministerio del Interior tampoco tendrán posibilidades de participar en la vida municipal. Así, asociaciones como el Frente de Liberación, Homosexual de Castilla (FLHOC) -cuyos compañeros de Barcelona han sido reconocidos por el Ayuntamiento como entidad ciudadana- o peñas de arraigo, como la de Fosforito, en Vallecas, no podrán entrar en los consejos como tales entidades.
Respecto a la actuación de los presidentes de juntas y la diferencia de criterios entre concejales socialistas y comunistas, Angel Hernández dice que los criterios serán únicos y que se atendrán todos al documento. «Es cierto que ha habido discrepancias, pero todos teníamos la intención de coincidir en un texto. Los roces con los comunistas se han ido eliminando según ellos aceptaban los diferentes puntos de un texto redactado, fundamentalmente, por el grupo socialista.»
