El IPI, un invitado molesto

El pasado día 20 se inauguró en Mallorca el seminario sobre el tema «Prensa y minorías», organizado por el IPI (Instituto Internacional de Prensa). El tema fue tratado ampliamente en cinco ponencias a lo largo de tres días; la primera de ellas, titulada Minorías en el mundo de hoy, panorama general, fue presentada por Peter Preston, editor del diario inglés The Guardian. Otros ponentes fueron Max Snidjers, editor del Utrecht Nieuwblad, y Manuel Torre Iglesias, profesional de televisión, quienes expusieron los problemas de los emigrantes y los marginados. Al seminario asistieron profesionales del mundo de la información de numerosos países (entre los españoles, José Ortega Spottorno, presidente de PRISA, empresa editora de EL PAÍS). El Instituto Internacional de Prensa existe en todos los países democráticos, y es una asociación de periodistas y editores cuyo objetivo principal es la salvaguardia de la libertad de prensa. El secretario del IPI en España es el periodista Pedro Altares.

Hace una semana se reunían en Palma de Mallorca periodistas de tres continentes para plantearse la actitud de nuestra profesión ante las minorías de todo tipo, cuya eclosión, cuya ruptura de las cadenas de la indiferencia, constituyen uno de los signos más evidentes de nuestro tiempo. Fue un seminario reducido, sin grandes despliegues, realizado por y para la profesión periodística. Las jornadas discretas de Ciutat tenían, sin embargo, algún significado más que el estricto de su enunciado.La reunión de periodistas era la primera que el Instituto Internacional de Prensa celebraba en España; algo impensable cinco años atrás, cuando el primer organismo mundial de defensa de la libertad de expresión luchaba desde fuera contra las trabas, formales y reales, que la ley de 1966 y las fuerzas políticas en el poder seguían oponiendo a una prensa libre y, a la vez, alentaba a los periodistas españoles que estaban actuando entonces de francotiradores del cambio político y de las libertades. Por eso la reunión mallorquina significaba un reencuentro con la prensa del mundo libre.

Pero la presencia del IPI en España y su vigilancia de la marcha de la libertad de expresión en nuestro país provocan resquemores, protestas por su «injerencia» en supuestos «asuntos internos», por parte de sectores definidos de nuestra propia profesión. Esto añade un nuevo matiz al seminario de Mallorca. Las protestas, cargadas de todos los sambenitos de una xenofobia con la que en viejos tiempos pretendía defenderse de las críticas exteriores nuestro autoritarismo ibérico, nos recuerdan aquello de que sólo hiere la verdad. Y, más aún, mantienen vivo en la conciencia de los periodistas españoles -de aquellos conscientes de que no hay democracia sin libertades- el convencimiento de que, logradas esas libertades formales, no por ello están realizadas las libertades reales. Parece incluso que en los últimos meses se va precisando el embate contra ellas: procesamientos, encarcelamientos, búsqueda de mayores restricciones al ejercicio de la información y la opinión en las páginas de la prensa y en las ondas de las emisoras.

Unidad de acción

La libertad informativa española va de traspié en traspié. EI IPI se mantiene informado de todo ello y actúa para defender esa libertad, Y los corifeos nacionales entonan el «IPI, go home», o algo así.

El primer problema, para los sectores oficiales y oficiosos que se rasgan las vestiduras, es que el IPI no es fácilmente identificable con la CIA ni con el KGB; que ha demostrado su independencia y ha defendidi con decisión a los periodistas y los órganos informativos perseguidos por los regímenes dictatoriales de derechas e izquierdas; en una palabra, que -como ocurría con Amnistía Internacional durante el antiguo régimen- no cabe más que rechinar los dientes cuando el Instituto pone el dedo en la llaga española.

¿Qué es el instituto Internacional de Prensa? Fundado hace veintinueve años, con sedes en Zurich y Londres, se trata de una asociación -que rehúsa firmemente todo lazo económico con cualquier Gobierno, agencias gubernamentales u organizaciones internacionales- formada por periodistas, directores y editores de periódicos y de medios de la prensa electrónica. Su objetivo es lograr la unidad de acción y, como consecuencia, una mayor fuerza para -según sus estatutos- «la promoción y protección de la libertad de prensa». Precisan los estatutos: «Por esto, se entiende acceso libre a las noticias, libre transmisión de noticias, publicación libre de periódicos, libre expresión de puntos de vista.» Y sus otros objetivos son «el logro de un entendimiento entre periodistas e, igualmente, entre los pueblos; la promoción del libre intercambio de noticias precisas y equilibradas entre las naciones; el mejoramiento de las prácticas del periodismo».

Son más de 2.000 los miembros del IPI en la actualidad, repartidos en 62 países. Entre ellos, por ejemplo, Mort Rosenblum, director del International Herald Tribune; Benjamin Bradlee, director del Washington Post; Cushrow Iraní, director de The Statesman, de Calcuta; Harold Evans, director del Sunday Times, de Londres; Hilary Ng'Weno, director de Stellascope, de Nairobi: los grandes nombres del inundo de la prensa libre. Y también los periodistas empujados al exilio por las dictaduras, como Amir Taheri, ex director de Kayhan, de Tcherán; Robert Cox, ex director del Buenos Aires Herald, y Jacobo Timerman, ex director de La Opinión, de Buenos Aires.

El informe McBride

Dentro de unos días, en su asamblea anual, en Florencia, el IPI se enfrentará como siempre con unos temas de estudio de inmediata trascendencia para la profesión; esta vez, El informe Mac Bridey los temas de la conferencia general de la Unesco en 1980, El derecho a saber, el interés nacional, los medios informativos y la ley, Información a través de las barreras culturales: el problema de Irán, y Autocensura: el dilema del director. Además, se presentarán varios informes nacionales y regionales sobre países o zonas especialmente conflictivos. Significativamente, en este apartado ha previsto el IPI una intervención sobre España, por parte de Juan Luis Cebrián, miembro del comité ejecutivo del Instituto.

En Florencia estará, entre otros, el propio Sean Mac Bride. El estadista irlandés, por segundo año consecutivo, vendrá a defender ante los periodistas independientes el informe de la comisión, por él presidida, que ha elaborado para la Unesco las bases del discutido y discutible «nuevo orden mundial de la información». Mac Bride sabe que sin un pacto con los representantes de los medios informativos libres de todo el mundo el «nuevo orden» nunca será realidad. Es esta una muestra típica del poder y, sobre todo, de la responsabilidad del IPI.

Antes de Florencia y de los grandes temas, el IPI se ha reunido, pues, en Mallorca, bajo el patrocinio de su comité español, para cumplir con uno de sus fines estatutarios, el que se refiere al «mejoramiento de las prácticas del periodismo».

Del seminario mallorquín salió un volumen importante de informaciones y opiniones sobre la cobertura periodística de las minorías, un tema que ha dominado las preocupaciones de la profesión en Estados Unidos desde 1960, pero que en otras partes, y particularmente en Europa, sigue en el limbo de la técnica y la política informativa. Peter Preston, director de The Guardian, de Londres, acotó bien la cuestión: o se explotan negativamente todos los «clichés» relacionados con las minorías o se calman los remordimientos periodísticos con «alguna columna semanal, un poco de cobertura ritual en el periódico de cada día». Y ninguna de esas actitudes es la justa. Del seminario ha nacido una mayor conciencia de lo inadecuada que resulta la respuesta de una prensa que debe ser -entre tantas otras cosas- la voz de las minorías; en consecuencia, de Mallorca ha despegado lo que será un estudio permanente por parte del IPI del tema y de las soluciones posibles.

Junto a los españoles, los miembros internacionales del Instituto han hecho, pues, un esfuerzo por mejorar la práctica profesional. Ahora, y, siempre en relación con España, el IPI se esfuerza por cumplir otro de sus fines, el priniordial: «La promoción y protección de la libertad de prensa.»

Mientras el IPI hable de minorías, mientras monte campanas mundiales para que se libere a un periodista paquistaní encarcelado por el régimen del general Zia ul-Haq, nadie se queja en España. Pero en cuanto escudriña la serie de entuertos a la libertad de prensa en la España democrática, el invitado se vuelve incómodo, y los sectores gremialistas de la profesión ponen el grito en el cielo.

Las jurisdicciones especiales

El IPI estudia con particular detenimiento y preocupación, estos días, dos fenómenos peculiares a España: la creciente presión judicial sobre los periodistas y los intentos de limitar el acceso a la profesión periodística mediante la prórroga del sistema de licencias instaurado en el anterior régimen, un sistema que el IPI combate en el mundo entero.

De la oleada de acciones judiciales contra periodistas, el Instituto considera con especial preocupación la intervención, de jurisdicciones especiales -en contradicción con el articulado de la Constitución de 1978-, ilustrada recientemente por el procesamiento militar de Miguel Angel Aguilar, director de Diario 16. La aplicación a la prensa de leyes que no sean las que rigen para cualquier ciudadano de un país -o sea, el Código Penal o Código Civil- es, según el IPI, uno de los medios más comunes y eficaces que en el mundo se emplean para controlar la libertad de expresión.

Esa libertad de expresión, como siempre, es lo que quiere defender el Instituto cuando critica abiertamente -lo hizo su director, Peter Galliner, en una de sus últimas visitas a Madrid- el intento, prornovido desde la Federación de Asociaciones de la Prensa, de repetir en un nuevo estatuto de la profesión la limitación del acceso a ella que se creó hace cuarenta años: un «registro profesional» obligatorio, al que sólo tendrían acceso los poseedores de un título acadérnico determinado de una facultad determinada. Este sistema de «licensing», generalmente traducido por «exigencia de licencias», es combatido sistemátícam ente por el IPI en cualquier parte; en todo el mundo occidental industrializado sólo existe en un país: España.

Las razones de esa oposición no estriban en una supuesta negativa a una mejor formación del futuro periodista en la Universidad, sino en que, a diferencia de las profesiones de médico o ingeniero, la de periodista está amparada por un derecho humano básico: el de la libertad de expresión, que no puede limitarse a 5.000 de los 36 millones de ciudadanos de un país. (La Constitución española, en su artículo 20, reconoce a todos los ciudadanos el derecho «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».)

El IPI, en su oposición a los regímenes que constriñen mediante licencias las posibilidades de cualquier ciudadano de acceder a los medios informativos (posibilidades que incluyen la fundación y dirección de un medio nuevo cuando, por ejemplo, los medios existentes se nieguen a publicar las cartas o colaboraciones de ese ciudadano), argumenta que la situación del periodista es igual a la de los demás profesionales amparados por el derecho a la libertad de expresión. No se exige a un novelista, en efecto, la licenciatura en filosofía y letras, ni al pintor el diploma de la Escuela de Bellas Artes. Lo mismo sucede con los que están amparados por el derecho, también básico, a la intervención en los asuntos del Estado democrático: no se exige a un ministro, un diputado o un senador la licenciatura en ciencias políticas. Y eso que su cargo entraña al menos tanta responsabilidad como la que se aduce para acotar la profesión periodística...