El asesinato de Yolanda González, un paso más en la organización del terrorismo "ultra" en España

En la noche del sábado día 1 de febrero pasado fue asesinada en las proximidades de San Martín de Valdeiglesias, cerca de Madrid, la joven Yolanda González, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Un mes después fueron procesados, como implicados en los hechos, Emilio Hellín e Ignacio Abad, presuntos autores materiales del asesinato; Félix Pérez Ajero y Ricardo Prieto Díaz, actualmente huidos, que tuvieron a su cargo la vigilancia exterior del domicilio de la víctima, y Juan Carlos Roda Crespo, policía nacional, que colaboró con los anteriores en la misma tarea, pero que, arrepentido posteriormente, denunció a sus superiores lo sucedido. Todos formaban parte del Comando 41 y los cuatro primeros pertenecen a Fuerza Nueva. El asesinato fue reivindicado por el Batallón Vasco Español, acusando a Yolanda de ser enlace de ETA y en venganza del asesinato de seis guardias civiles en el País Vasco. Sobre la situación del sumario y sobre las dificultades que impiden ahondar en la investigación de los hechos y en la relación de David Martínez Loza con los mismos, los abogados acusadores (José Mariano Benítez de Lugo y José María Mohedano) han hecho las siguientes declaraciones.

Pregunta. ¿En qué situación se encuentran las investigaciones sumariales sobre el asesinato de Yolanda González?

Benítez de Lugo. La visión global del sumario sobre el asesinato di Yolanda González permite contemplar dos fases o caminos en las actuaciones: la instrucción de diligencias policiales y la actuación judicial.

En la primera fase aparece una declaración muy larga de Emilio Hellín y otra de Ignacio Abad, una diligencia de búsqueda de David Martínez Loza, con resultado negativo, en la que su esposa manifiesta que el buscado ha desaparecido de Madrid. En estas declaraciones, Hellín y Abad citan a Martínez Loza no menos de diecisiete veces. También constan en tales diligencias la relación de efectos intervenidos a los dos presuntos autores materiales de la muerte de Yolanda González. Y una petición de registro de la sede de Fuerza Nueva, denegada por el magistrado del Juzgado número nueve de los de Madrid, a quien correspondió la instrucción de la causa en principio. Esta denegación es considerada en medios judiciales como anómala, pues lo .normal es que actualmente se conceda permiso para que la policía efectúe registros dentro de horarios normales, no como antes, que se hacían principalmente de noche, y así como la clara concreción de las dependencias registrables.

Las actuaciones judiciales, es decir, la segunda fase, presentan curiosidades como éstas: Me personó en la causa en nombre de los padres de Yolanda el 14 de febrero, en el Juzgado número nueve, que fue el que,primeramente hizo las diligencias, y no me acepta el escrito porque dice que está pendiente de ver sí el asunto pasa al Juzgado Central de Instrucción, de, la Audiencia Nacional. Mi sorpresa es grande cuando ve o que el Juzgado número nueve, una vez que la causa ha pasado efectivamente al Juzgado Central número uno, no ha tramitado mi escrito y me dicen que lo presente, si quiero, en el Central. Esto tiene gran importancia porque, en ese momento, ya estamos a finales del mes y, días antes, el 26, David Martínez Loza se había presentado'a declarar, y luego, el día 28, el sumario se declaró secreto, justo el día antes de que se aceptara mi personación en la causa. Posteriormente, en esta fase judicial, se ha incorporado una declaración del director del colegio al que asistía Yolanda y una nueva declaración de Ignacio Abad.

P. ¿Podía haber ahondado más en los hechos la investigación policial?

Mohedano. Sin infringir en el secreto sumarial, pues ya la prensa y el propio ministro del interior han facilitado suficientes datos, yo opino que la investigación policial ha sido amplia. Que no se ha quedado, como ocurrió en el caso de Atocha, en lo imprescindible, para acusar a los propios inculpados, sino que aquí se ha podido vislumbrar una infraestructura terrorista que en la matanza de Atocha no se vio, bien porque no existiera con tanta fuerza, bien porque la investigación policial no llegara a ella.

La participación de Martínez Loza, aquí, se oculta. No se puede hacer tampoco el registro en las sedes de Fuerza Nueva y Fuerza Nacional del Trabajo. Falta una investigación continuada sobre el terrorismo de ultraderecha.

P. ¿La investigación judicial podría superar las limitaciones objetivas de la investigación policial?

B. de L. La policía, de haber podido interrogar en caliente a Martínez Loza, quizá habría podido obtener más datos..

M. No sé si ahora será imposible, pero sí dificil, para que la actuación judicial pueda salvar esas limitaciones. Y no ya sólo dictando el procesamiento de Martínez Loza, completamente necesario desde nuestro punto de vista, sino para esclarecer la fase organizativa de estos comandos del Batallón Vasco Español o de cualquier otro nombre.

Este grupo detenido dependía jerárquicamente de Martinez Loza. La infraestructura de este grupo, armamento, documentación falsa, aparatos transmisores-receptores, información extraída o sustraída de organismos del Estado, etcétera, revelan una infraestructura más amplia que la propia de cuatro personas. Sobre estos puntos se insistirá judicialmente, pero para ello es imprescindible el procesamiento de Martínez Loza. Hellín y Abad afirman que aquél dio instrucciones no sólo al Comando 41 que ellos formaban, sino a otros y para diversos cometidos, como los de la quema de quioscos, entre otros. Concretamente, señalan que el día de la muerte de Yolanda tenían el encargo de atentar contra la agencia Cinco Cero, y que Martínez Loza les cambié el plan, indicándoles que fueran a por Yolanda.

B. de L. El auto de procesamiento,dictado por el juez Ricardo Varón limita y acota el campo, de la investigación judicial, ya que dice que al domicilio de Yolanda fueron a instancia de Emilio Hellín y que los comunicados reivindicativos del asesinato los hizo Hellín. Es decir, que a pesar de haber responsabilizad'o Hellín a Martínez Loza en las órdenes, la entrega de armas y de Goma 2, del alquiler del piso de la calle de la Libertad -con nombre falso-, de ordenar que cambien el atentado a la agencia Cinco Cero por ir contra Yolanda, para vengar la muerte de los seis guardias civiles asesinados en aquellas fechas en el País Vasco, así como del dictado de los textos de los comunicados, el juez no estima aué existen suficientes indicios racionales de criminalidad para procesar a Martínez Loza.

M. Decimos nosotros: si se descarta a Martínez Loza, ¿de dónde sale toda esa infraestructura? De aquí a decir que la muerte de Yóláñdá füe Por'motivos personales sólo hay ún paso, desvinculándola de la acción de una organización terrorista.. Pero, entonces, ¿cómo se explica todo ese aparato organizativo y jerárquico? ¿Es que sólo Hellín y el joven Abad podían organizar todo eso? Habrían muchas preguntas que quedarían en el aire. Si no se quiere procesar a Martínez Loza, ¿qué altemativa de investigación se ofrece para esclarecer todos esos puntos? ¿Por qué tenía grabado Hellín un seguimiento de vigilancia del coche del vicepresidente del Gobierno Gutiérrez Mellado? Abad dice que Ie ordenaban investigar esas cosas, de las que hizo varias, y no sabía a dónde iban a parar los resultados.

Otras complicidades

P. ¿En lo investigado hasta ahora se ha encontrado algún indicio de posibles complicidades en instituciones del Estado?

B. de L. Hellín tenu un camé de los servicios de protección civil del Ministerio del Interior y placas de la policía y de la Guardia Civil, que él dice. que compró en tiendas de la calle Mayor, de Madrid. Pero se pretende ahora decir que Hellín estaba al servicio de Presidencia del Gobierno, y que lo que se intentaba con esta acción era desprestigiar a Fuerza Nueva.

M. Cierto es que se mueven con facilidad en los cuerpos de seguridad y que tienen relación con nas de estos cuerpos.

A Hellín se le intervino también una cinta de télex cursada por un teniente coronel de la Guardia Civil, similár en el tipo a la que él empleó para reivindicar el crimen y de la cual dijo luegó que la había robado en un cuartel de la Guardia Civil de Huelva, un día en que fue a visitar a su herinano.

También tiene matrices de armas que pertenecen al Ministerio del Interior. Así como cartulinas del Documento Nacional de Identidad, ciento cuarenta, las cuales no suelen estar al alcance de cualquiera, precisamente, y sobre las que Hellín dice que se las facilitó Martínez Loza; manejan con facilidad esas enseñas y armas militares. Sin embargo, el no procesamiento de éste impide que se investigue en otra dirección.

Del mismo modo que no deseartamos tampoco que personas de los servicios de Presidencia del Gobierno, o lo que antes eran esos servicios de inteligencia, así como con otros cuerpos militares o paramilitares, hayan podido tener relación con tal infraestructura de ultraderecha. Pero de ahí a que, como dice Fuerza Nueva, esté orquestado por la cúspide de tales organismos para desprestigiar a Fuerza Nueva, yo creo que no hay ahora datos para tal afirmación.

El informe del ministro del Interior

P. El télex que pasó Hellín reivindicando el asesinato de Yolanda hacía referencia a que su grupo conocía un informe de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao dirigido a la Brigada Central de Información. ¿Se sabe cómo llegó a su conocimiento un informe tan secreto en el que se citaba a Yolanda y atambién a otras personas, según parece?

B. de L. Lo que dice el comunicado que pasé Hellín es que Yolanda era miembro de un comando de información de ETA, hecho este conocido por la Brigada Central de Información -dice- y que nos sorprende que no se hubieran tomado medidas. Hay otro télex en el que aparecen nombres de diversos militantes vascos de ETA. Pero a lo que quiero hacer referencia es que el contenido del télex de Hellín, en el que se dice que el hecho era conocido por los servicios policiales y, de una u otra forma, por el Gobierno, hay que explicarlo dentro de la política actual de Fuerza Nueva de desprestigiar al Gobierno. Es decir, se quiere dar a entender que ellos han tenido que suplir al Gobierno, que el hecho era conocido por el Gobierno y que éste no había actuado.

M. Hay otra cuestión. Hellín dice que el télex se lo había dictado Martínez Loza. Entonces, si se quiere investigar esos datos, háy que ir hasta Martínez Loza. Si a Martínez Loza se le saca de la investigación, nuevamente ésta se, queda coja. Hay otro dato concreto también. Abad dice que ha hecho docenas de investigaciones sobre personas, que se las ha ordenado Hellín, y éste dice, a su vez, que se lo ordenó Martínez Loza. Al no aparecer los resultados de estas vestigaciones en poder de Abad ni de Hellín, pues tienen que estar en manos de otra persona que, según ellos, es precisamente Martínez Loza. O sea, que se produce un cuello de botella cuando se llega a un nivel determinado y, claro; si no pasas a la estancia siguiente, que es en la que está Martínez Loza, la investigación se corta.

B. de L. En este punto concreto nosotros no partimos del supuesto de culpabilidad de Martínez Loza. Pero lo que nos negamos a aceptar es que sea totalmente inocente. Es decir, nosotros lo que queremos introducír en el sumario es que existe algún indicio racional, como dice la ley de Enjuiciamiento Criminal, de que este señor tiene algo que ver en este asunto. Y que si luego resulta, a través de las pruebas, que es inocente, nosotros no

nos llevaremos ninguna rabieta.

P. En todo este asunto, ¿en qué situación queda el informe del ministro del Interior, señor Ibáñez Freire, en la Comisión del Interior del Congreso? ¿Podría decirse que, el juez instructor, al no adoptar ninguna medida contra Martínez Loza, ha descalificado la intervención del ministro?

B. de L. Hay dos facetas en la declaración oficial del ministro del Interior. La faceta de su declaración ante el pleno del Congreso y la faceta de su información ante la Comisión de Interior. En la información al Pleno no se menciona a David Martínez Loza, sólo se hace una referencia, con una manifiesta sutileza, a que hay algún relacionado (un policía nacional), que luego se vería que no estaba sólo relacionado, sino también implicado y que por ello está procesado. Luego, está el informe del ministro ante la Comisión de Interior, en la que se ha dado una extraña anomalía, que José María Mohedano puede explicar.

J. M. M. Bueno, hemos pedido el acta de la reunión del 21 de febrero pasado en la Comisión de Interior del Congreso, en la que intervino el ministro Ibáñez Freire y en la que con pelos y señales describió las conductas de todos los responsables y muy concretamente la de Martínez Loza. Pedimos el acta de la sesión, pero resulta que, como hay escasez de taquígrafos en el Parlamento, no se levantan actas de las sesiones de las comisiones. Entonces pedimos a través de un grupo parlamentario la cinta magnetofónica de esa sesión y nos encontramos con la sorpresa de que no existe la cinta de la sesión completa, que es de casi una hora, que lo único, que existe es el debate posterior, es decir, las intervenciones de los parlamentarios y las contestaciones del ministro. Lógicamente, preguntamos que dónde está esa cinta y nos dicen que por confusión no se ha grabado la intervención del ministro, porque no sabían si la sesión era privada o pública, cuando desde su comienzo la sala estaba atestada de periodistas. Lo raro es que se haya grabado el debate y no se haya grabado la primera parte, que es el informe del ministro que da pie al debate. Por tanto, de una intervención tan importante políticamente y hasta jurídicamente, no se puede levantar acta porque no existe cinta magnetofónica del informe del ministro.

P. Pero ¿se sabe ya con certeza que no se grabó?

J. M. M. La contestación de que no se ha grabado vino de la secretaría general del Congreso. Ahora nosotros, lo que debemos plantear es que los grupos parlamentarios eleven una protesta y esta es la única manera de que se investiguen las causas de que no se grabase o, si se ha grabado, de la desaparición de la cinta. En todo este asunto se aprecian ciertas coincidencias en las dos fases de investigación de los hechos. Primera fase: la policía investiga, sale a relucir el nombre de Martínez Loza, muy relacionado con los hechos, según las declaraciones de los procesados, Se busca a Martínez Loza y éste desaparece. Como consecuencia de esa investigación de la policía el ministro del Interior informa al Congreso sobre los resultados de la investigación policial. Segunda fase: el asunto pasa al juez instructor. Este declara secreto el sumario (yo no estaba todavía personado), casualmente, en el momento en que la acusación particular podía intervenir en relación con este tema...

J. M. B. de L. Y no antes.

J. M. M. Y no antes, efectiva mente. En ese período de secreto sumarial es cuando se toma declaración a Martínez Loza y se hace el careo de éste con los procesados. Martínez Loza aparece ante el juez después de haber estado desaparecido durante casi quince días, sin explicar dónde ha estado y por qué se ha ocultado a la persecución de la policía. Y después de todo esto no se puede levantar acta del informe del ministro, en el que se hacían unas manifestaciones inequívocas y taxativas sobre la participación de Martínez Loza, porque, al parecer, no se ha grabado esa cinta. Hay un cúmulo de coincidencias que dificultan la investigación y existen cosas,que son inexplicables, al menos esa concatenación de casualidades.

Respecto a la actuación del juez instructor, hay que decir que el juez actúa con independencia respecto a lo que dice el ministro y puede tener otro criterio distinto. El juez, para tomar esa decisión, se basa en la independencia del poder judicial. Ahora bien, en el informe del ministro se contienen indicios suficientes, y la independencia judicial debe entenderse en este caso concreto respecto del poder ejecutivo, pero no respecto de los hechos mismos.

El asesinato de Yolanda y la matanza de Atocha

P. ¿Qué diferencias y semejanzas existen entre el asesinato de Yolanda González y la matanza de Atocha? ¿No son casos que de alguna manera se parecen?

J.M.M.: Yo empezaría por las diferencias. Para mí la diferencia mayor entre un caso y otro es que en el sumario por el asesinato de Yolanda aflora con bastante nitidez la existencia de una infraestructura amplia, con una organización mayor, con unas relaciones fuertemente jerárquicas y con una organización política inequívoca, corno es Fuerza Nueva. Mientras que en la matanza de Atocha, a pesar de que nunca se ha descartado la existencia de ese tipo de organización, aparece corno más rudimentaria. A partir de ahí se pueden establecer algunas semejanzas. La semejanza de que el inductor condenado en el sumario de Atocha, Albaladejo, está en el mismo nivel de importancia política que el inductor no procesado, pero declara do como tal por Hellín en el sumario, es decir, Martínez Loza. Y si hacemos una comparación histórica, y vuelvo a insistir en que a Martínez Loza yo no le califico de inductor, sino que lo califica el principal procesado en este sumario, vernos que ser secretario de un sindicato tan mafioso, como en aquella época era el del transporte, en un momento de transición y de desaparición de las instituciones franquistas, es equivalente en cuanto a importancia a ser secretario o jefe de seguridad (esto está sin aclarar, pero parece que jefe de Seguridad Nacional) como es el caso de Martínez Loza. Están digamos en el mismo nivel, pero en el último caso en una situación histórica de construcción de la democracia y en un partido que, a pesar de que formalmente acepta las reglas de la democracia, se pronuncia permanentemente por la utilización de la violencia. También hay semejanzas en las coarta das y argumentos que utilizan los procesados para exculpar su responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de Atocha decían que ellos tenían instrucciones no de matar, sino de dar un susto, aunque luego, por arte de birlibirloque, resulta que matan a cinco personas y hieren gravísimamente a otras cuatro. Aquí dicen que tampoco tenían, a pesar de ir absoluta y suficientemente armados, instrucciones de matar a nadie, sino las de interrogar a una persona. Y de repente, cuando el interrogatorio aún no se había practicado, se dirigen directamente al lugar que les puede permitir en la impunidad de la noche y con la lejanía de una población matar, a esa persona.

P.: ¿Pero no será que no se investigó suficientemente en el caso Atocha el entorno político y organizativo de los implicados y que, por eso, aparece más difuso que el que rodea a las personas que actúan en el asesinato de Yolanda?

J.M. M.: Yo no he dicho nunca, y así lo he sostenido siempre, que en el caso Atocha no haya habido organización ni vinculaciones ideológicas. Lo que digo es que en el asesinato de Yolanda González aparece que se ha perfeccionado el dispositivo logístico y la infraestructura de los grupos terroristas de extrema derecha en relación con hace tres o cuatro años. Eso se explica fácilmente. Antes estaban en un momento de impunidad, actuaban amparados y protegidos con las instituciones franquistas y, por tanto, no necesitaban de un gran dispositivo organizativo. Se reúnen en el sindicato vertical, no tienen que actuar con documentación falsa, las pistolas que llevan están en su mayor parte legalizadas, pero cuando se produce la transición hacia la democracia ya no pueden ampararse en las instituciones y tienen que crear organizaciones nuevas.

J. M. B. de L: Yo añadiría que la infraestructura que se atisba en estos hechos sólo se ha podido descubrir merced a un hecho absolutamente imponderable por parte de los implicados y que para nosotros ha sido afortunado. Y es que el policía nacional, por las causas que fuera, al ver que los periódicos del día siguiente daban la noticia del asesinato de Yolanda, relaciona los hechos y se decide a contarlos a sus superiores.

J. M. M.: Sin embargo, en el caso de Atocha si algo les perdió a los asesinos fue precisamente su confianza en aquel momento, mientras que aquí se ha tenido que producir ese hecho casual. Yo no .descarto que los implicados en el asesinato de Yolanda mantengan relaciones con individuos de los cuerpos armados o de los cuerpos de investigación del Estado. Ahora bien, ya demuestran hacia tales cuerpos una hostilidad y desconfianza evidentes. O sea, que ellos ya no tienen la protección que tenían en aquella época y eso, claro, les obliga a actuar más en la clandestinidad.

P.: ¿La investigación judicial sobre el terrorismo y las bandas armadas gana o pierde estando a cargo de una jurisdicción especializada y centralizada como son los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional?

J. M. M.: Nosotros hemos sido siempre partidarios de que el enjuiciamiento de unos supuestos hechos delictivos sea realizado por el juez del lugar donde aquéllos se producen. Pero los hechos terroristas, al tener una relación entre ellos, exigen una continuidad en las personas que llevan la instrucción y la investigación de estos hechos. Yo pienso que la solución sería nombrar jueces especiales, figura prevista en la ley de Enjuiciamiento Criminal, que deberían contar con el auxilio de los jueces naturales de los lugares donde se han producido los hechos. Con ello se salvaría el principio de inmediación y, al mismo tiempo, se centralizaría la investigación y se podría ir avanzando y profundizando en el entramado terrorista. El hecho de pronunciarse por la figura de los .jueces especiales, auxiliados de los jueces naturales, o por una jurisdicción especializada, como la de ahora no debe hacerse sólo en base a la calidad de los jueces, que puede haberlos buenos y malos, como en todos los estamentos (si a veces hemos tenido quejas de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, sin embargo no habría que decir sino elogios de los magistrados de este tribunal, que, según muchos abogados, es el que tiene mayor cuidado y presta mayor atención a los asuntos), sino por la funcionalidad de la estructura judicial y de la eficacia de los organismos que tienen a su cargo la investigación del terrorismo.