La huelga de la Diputación fue seguida en quince centros

Todas las partes implicadas en la huelga iniciada ayer por los trabajadores de la Diputación Provincial coinciden en señalar que el conflicto ofrece perfiles muy peligrosos, por cuanto se trata de la pugna de dos estrategias sindicales de izquierda, que tienen como campo un organismo oficial regido también por la izquierda. Tanto comunistas como socialistas esperan que el conflicto no llegue a agravarse demasiado, pero hasta ahora las posturas se mantienen inflexibles y ya han sucedido los primeros incidentes que pueden crispar aún más la situación.

Las cifras sobre el alcance real de la huelga son contradictorias. Según los comités convocantes, se sumaron al paro unos 5.500 trabajadores, sobre un total de 7.000, afectando a quince de los veintiún centros de trabajo. La UGT, contraria a la huelga, cifró el número de los que la secundaron en unos quinientos.Sócrates Gómez, diputado socialista y presidente de la comisión de personal, declaró que la huelga no alcanzó, a primeras horas de la tarde, proporciones importantes y que sólo en los serviciós forestales, imprenta provincial y las residencias de ancianos de la carretera de Colmenar y de Villaviciosa de Odón el paro había sido prácticamente total. Al contrario, en la residencia de ancianos de Arganda sólo significó el 50%, así como en la de Alcalá de Henares, y que incluso en las de Aranjuez, San Martín de Valdeiglesias, Colmenar Viejo y Torrelaguna, el trabajo se estaba desarrollando normalmente. En el caso de estas dos últimas residencias, la huelga habría sido desconvocada por el propio comité de empresa. En cuanto al colegio de San Fernando, sólo pararon los empleados del servicio de limpiezas, y en la Ciudad Sanitaria Provincial, los de limpieza y cafetería, mientras que los servicios médicos y de enfermería funcionaban como es habitual.

Comités contra UGT

A las dos de la tarde de ayer unos trescientos trabajadores de la Ciudad Sanitaria Provincial analizaban en asamblea los datos que iban llegando de participación en la huelga de los diverso centros que dependen de la Diputación. Miembros del comité de empresa intercentros criticaron duramente la postura de UGT y de los diputados socialistas, a quienes acusaron de intentar vaciar de contenido la vida sindical en las empresas y tratar de sustituirlo por mecanismos de negociación que recuerdan los antiguos sindicatos verticales.

«Para nosotros, esto no es una lucha entre dos centrales, sino que, por vez primera, se quiere negar a los trabajadores la capacidad directa de negociar sus propios convenios, y eso nos suena a una maniobra de imposición desde el poder y de intentar anular el futuro sindical de participación. Sabemos que la situación es muy delicada, pero la huelga continuará a toda costa. Nuestros objetivos son muy claros: denunciar la seudonegación que realizan PSOE y UGT, que en el fondo tiene su gracia eso de que firmen un convenio un partido y su central. El segundo objetivo es negar la representatividád de UGT, que en la Diputación es mínima, y se da el caso de que militantes de base ugetistas están en contra de su central. Por supuesto, el tercer objetivo es hacer inviable la aplicación obligatoria del convenio que puedan firmar al resto de los trabajadores no afiliados a UGT y, por último, exigir de la Delegación de Trabajo que declare ilegal la forma en que se firme dicho convenio.

Las noticias del comité intercentros respecto al desarrollo de la huelga son muy diferentes a la versión ofrecida por el diputado Sócrates Gómez. A las once de la mañana, la huelga sería total en los servicios forestales, imprenta provincial (ayer no se publicó el Boletín Oficial de la Provincia, y es posible que tampoco hoy, a menos que haya orden expresa del Gobierno Civil), en los servicios industriales, agropecuarios y de arquitectura en la central de abastecimientos, en las ciudades de ancianos de la carretera de Colmenar y de Villaviciosa de Odón. Casi total, con márgenes entre el 75% y el 95%, en las residencias de ancianos de Arganda del Rey, Alcalá de Henares, Hospital Psiquiátrico y la Ciudad Sanitaria Provincial.

En la mañana de ayer, unos doscientos o trescientos empleados del Hospital Psiquiátrico y del colegio San Fernando, situados muy cerca uno del otro, celebraron una manifestación conjunta, en el transcurso de la cual insultaron a un diputado socialista, Jesús González Escribano, a quien también aporrearon el coche. En la Ciudad Sanitaria pararon los servicios generales cafetería y consultas. El paro no se extendió a maternidad, y se ha respetado la voluntad de trabajar de algunos empleados, que a título personal decidieron no secundar la huelga. Los servicios de urgencia se han reforzado, atendidos por médicos que no realizan su trabajo normal, pero que de esta forma aseguran que todos los casos urgentes estén atendidos. Esta tónica de mantener e incluso reforzar los servicios de urgencia y mantenimiento se sigue tambien en los restantes centros asistenciales de la Diputación.

Preocupación a nivel político

La huelga preocupa profundamente en la Diputación Provincial, aunque tanto el vicepresidente primero, el comunista Luis Larroque, como el diputado socialista Sócrates Gómez, estiman que el pacto municipal no va a verse en peligro, al menos de forma inmediata.

Los diputados comunistas y socialistas celebraron a lo largo de la semana pasada varias reuniones para intentar llegar a un acuerdo que hiciera innecesaria la medida de fuerza que significa la huelga, pero sin resultados satisfactorios. Los comunistas insisten en que los convenios deben ser negociados por los comités de empresa, y los socialistas, por las centrales sindicales. Para los primeros, los comités de empresa son los órganos de participación directa de los trabajadores de cada empresa, y quitarles tal función sería reducirlos a simples comités de seguimiento de convenios y conquistas laborales que pudieran conseguir las centrales. Para los segundos, y más en el caso de la Diputación los comités adolecen de falta de representatividad, y estiman que son las centrales sindicales fuertes quienes la ostentan en mucho mayor grado.

Así las cosas, los diputados comunistas han abandonado la comisión negociadora, como en su día lo hizo CCOO, que no llegó a formar parte de la misma, por lo que la negociación del convenio ha quedado reducida a diputados socialistas por una parte y UGT por otra. El único acuerdo a que llegaron socialistas y comunistas fue el de intentar suavizar al máximo las tensiones y que éstas no afecten al desarrollo y potenciación del pacto municipal.

Según declaráciones del señor Larroque, todo el mundo tendrá que valorar en profundidad sus responsabilidades en caso de que la huelga continúe y la situación se agrave en demasía. El convenio no tiene que ser aprobado en pleno, lo que obvia la posibilidad de que los comunistas votaran en contra de algo planteado por los socialistas (en este caso, los comunistas recurrirían a la abstención, tras la explicación de voto). El presidente de la Diputación, Carlos Revilla, tiene competencias para firmarlo, en razón de su cargo, y limitarse a dar cuenta al pleno. Es razonable pensar que los comunistas no pondrán dificultades a esta fórmula, que permitirá que las divergencias entre ambos grupos no se planteen crudamente en el máximo órgano de gobierno de la Diputación. En esta misma línea, tanto el comité provincial del PCE como CCOO ya han decidido que su postura será de no beligerancia en el desarrollo del conflicto, y dejarán que todo el protagonismo recaiga en los comités de empresa, por una parte y UGT y PSOE por otra.

Sócrates Gómez, en cambio, quiso dejar bien sentado que en absoluto se trata de una negociación PSOE-UGT, sino de la Diputación Provincial con dicha central, aunque por causas conocidas sean diputados socialistas quienes lleven las conversaciones.