La "ciudad de la chatarra" abandona Villaverde

La casi totalidad de las industrias chatarreras que todavía quedan junto a la carretera de Andalucía, en el distrito de Villaverde, aceptaron ayer firmar las actas de desalojo por las que se obligan a trasladar los desguaces. En caso de que mañana -el decreto de expulsión se firmó hace dos meses-, las chatarras no hayan sido totalmente trasladadas, el Ayuntamiento ejercerá la acción sustitutoria y sancionará con multas de hasta diez millones de pesetas a los propietarios.

A primera hora de la mañana -exactamente a las ocho-, en la Junta Municipal del distrito de Villaverde, el delegado municipal de obras, Juan Claudio de Ramón, organizaba cuatro equipos formados por técnicos de la delegación y la Junta de Villaverde, que se encargarían de recorrer los 42 emplazamientos de chatarreros que aún quedan en la zona, para levantar actas de clausura.

La policía prohibe la entrada

Paralelamente, la Policía Municipal y la Nacional colocaron vallas alrededor de todos estos focos industriales, prohibiendo la entrada de ningún tipo de material. Sólo se podía entrar para retirar. En las proximidades, varios centenares de vecinos de Villaverde se manifestaban para pedir que se acelerara el proceso de desalojo y se pusiera fin de una vez a unos focos de insalubridad y peligrosidad -ratas e incendios han sido una constante de queja-, cuya erradicación la vienen exigiendo desde hace años.Prácticamente sin oponer resistencia, a lo largo de la mañana, los chatarreros fueron firmando las actas de clausura. Muchos de ellos ya habían empezado el traslado, ante el anuncio de que el Ayuntamiento iba a ejercer la acción sustitutoria. Solamente dos de estas industrias se negaron a firmar, ambas situadas en zona perteneciente a Carabanchel: Condesa, ubicada frente al Poblado Dirigido de Orcasita, y Comendasa, próxima a la anterior. Ambos propietarios fue ron advertidos por los técnicos de la Delegación de Obras de que en caso de que el lunes no hayan con cluido el traslado de toda la chatarra, ésta será retirada por el Ayuntamiento, con las correspondientes sanciones para los propietarios.

La mayor parte de los propietarios de estas industrias están trasladando los desguaces a San Martín de la Vega, localidad en la que existe un polígono especial para la ubicación de la chatarra, sin peligro de ninguna clase para el vecindario, aunque los más retrasados en el traslado no saben dónde irán.

Emilio García Horcajo, presidente de la Junta Municipal del distrito de Villaverde, dice que no sabe el total de kilos de chatarra que puede haber almacenada en todas estas industrias, pero que solamente en la que está situada en la desviación de la carretera de Andalucía hacia Villaverde hay más de 1.500 toneladas.

Precisamente es esta la industria más grande y la que más veces ha dado pie a las protestas vecinales por el peligro que supone la quema de residuos sólidos en medio de importantes núcleos de viviendas; sin hablar de los malos olores, proliferación de ratas y delicias semejantes. Por todo ello, ya en octubre de 1977 hubo manifestaciones masivas de las asociaciones de vecinos de Villaverde, en las que, tras enfrentamientos con la policía, hubo varios heridos.

Denuncias constantes

Por eso, las constantes denuncias han conseguido que la grisácea ciudad de automóviles desaparezca de una zona verde en la que sus habitantes se habían instalado incluso sin licencia. Alguno de ellos, al no poder construir oficinas desde las que dirigir su industria, llegó incluso a comprar en Cuatro Vientos una avioneta de desecho que acondicionó con todo tipo de comodidades: baño, teléfono y dicen que incluso moqueta. Debajo de ella, un autobús servía de archivo, en el que centenares de carpetas estaban perfectamente colocadas. El señor Humanes, propietario del invento, ha sido de los que ha optado por el traslado voluntario, y ayer ya sólo quedaba la oficina como único resto de su industria.En general, los chatarreros asentados en esta zona de manera menos ingeniosa quizá que el señor Humanes tenían instalados allí sus despachos -podía valer cualquier coche-, desde donde controlaban sus negocios. En algunos momentos, los desguaces han servido también de último recurso para gentes que se encontraban sin vivienda, de paso por la ciudad, e incluso han hecho las veces de escondrijo para actividades habitualmente poco celebradas.

La visita de ayer de los representantes del Ayuntamiento, reforzada por la presencia de la policía, supone el final de una ciudad de automóviles desguazados que, durante ocho años, ha provocado las iras de los vecinos de la zona y servía de muestra de la miseria urbana de la periferia madrileña