No hay acuerdo sobre la vía autonómica aragonesa

Ayer terminó el plazo previsto por la Constitución para que los ayuntamientos aragoneses se pronunciaran por la autonomía, sin que se hubiera logrado quórum en ninguna de las dos vías. Gracias a la ley establecida al respecto, Aragón dispone todavía de algo más de un mes para poder ratificar o rectificar sus acuerdos. Esta circunstancia va a permitir la búsqueda de fórmulas para que la región se encamine por el artículo 143, como ya nadie duda que va a suceder.

Han transcurrido seis meses desde que el primer Ayuntamiento respondiera a la llamada de la Diputación General en el sentido de lograr «la máxima autonomíaposible» para Aragón. A la mitad del plazo se habían logrado adhesiones que superaban con creces el 75% de los ayuntamientos y la mayoría de la población -tal como estipula el artículo 151 -, pero sólo en las provincias de Huesca y Zaragoza. El retraso de Teruel, que apenas llegaba a un 11% de pronunciamientos, hizo posible que la ley de referendos, marcando nuevos requisitos, y la decisión ucedista de reconducir las autonomías por la vía del 143 sorprendiera a Aragón sin haber iniciado su proceso autonómico en la única línea que todas las fuerzas políticas de la región -incluido el partido centrista- habían considerado, es decir el artículo 151, ya que en ningún omomento se mencionó el 143.Tras las adhesiones en masa de Teruel en el último mes, la situación, hoy, se puede resumir del siguiente modo: la mayor parte de los acuerdos municipales, que están expresados con una gran variedad de fórmulas, no especifican el artículo concreto a seguir.Y aunque todos ellos pudieran asimilarse al 143, éste no alcanza el tope mínimo de población en Zaragoza, ni se logra el de municipio por el 151.

Ante esta situación, el resultado del referéndum andaluz tenía una importancia trascendental en Aragón, y lo prueba el extraordinario interés con que fue seguido en los círculos políticos aragoneses. Esta región accedió a la preautonomía inmediatamente después de las comunidades históricas, los partidos regionalistas habían tenido un relativo triunfo y un enorme calor popular, como nunca se recordaba, acogió los primeros pasos de la Diputación General de Aragón.

Hoy la situación es muy distinta. El organismo preautonómico se encuentra en un profundo bache, sin realizaciones tangibles y dividido por la retirada de los consejeros socialistas. La UCD en Aragón tiene una cierta marejada de fondo, aunque apenas se filtre en la superficie. El PSOE está atravesando una fuerte crisis por el enfrentamiento de las distintas tendencias, y, sobre todo, el pueblo aragonés se ha desentendido en general de los asuntos políticos y está muy lejos de ser el que abarrotó las calles de las ciudades en los primeros tiempos de la autonomía.

Entre los partidarios del 151, los que tienen mayor poder de gestión no quieren ser los verdugos de la autonomía, y todos los cálculos apuntan a que se va a negociar. En principio, parece existir acuerdo para presentar una posición conjunta entre PSOE, PAR y PCE -a pesar de su diferente ideología- ante UCD, aunque se cree que todavía no se han producido contactos formales entre uno y otro bloque. La prórroga del mes de marzo ha sido providencial y todo hace predecir que, en su transcurso, se calificará finalmente el proceso autonómico aragonés, cuyo desarrollo ha sido hasta ahora tan complejo.