El PCE, partidario de la vía del artículo 143 para Castilla-León

Los comités provinciales del PCE de Castilla y León han decidido crear una «comisión política regional» encargada de coordinar y orientar las actividades del partido en las ocho provincias del ente preautonómico -a las que se añade León- como paso previo a la formación de un futuro comité regional previsto para 1981. Los acuerdos, adoptados el pasado fin de semana en la capital de esta última provincia, incluyen una serie de consideraciones en las que se reclama la presencia del PCE en la elaboración del futuro Estatuto de Autonomía de Castilla y León, junto con las demás «fuerzas parlamentarias representadas en ayuntamientos y diputaciones». La nueva comisión política regional, integrada por dieciocho miembros -dos por cada provincia del área-, se ha mostrado partidaria de la vía del artículo 143, «siempre que se garantice la existencia de instituciones propias elegidas mediante sufragio universal y directo, configurándose de acuerdo con el principio de la representación proporcional». En el mismo documento la nueva comisión expresa su «total apoyo al sí en el referéndum autonómico andaluz». Por último, el comunicado del PCE señala la preocupación de los comités provinciales por lo que consideran como «actitud restrictiva de UCD» en materia de política autonómica, y denuncia la lenta incorporación de los ayuntamientos dirigidos por el partido del Gobierno al proceso autonómico de la región castellano-leonesa. Como se recordará, solamente dos provincias -Avila y Palencia- han superado, hasta el momento, los dos tercios de adhesiones municipales fijados por la Constitución para poner en marcha el nuevo ente autonómico. El plazo para su recepción finaliza dentro de dos meses.Sobre este último punto, el dirigente del PCE, Armando López Salinas, uno de los miembros de la ejecutiva nacional del partido presente en la reunión, manifestó a EL PAIS que, en su opinión, las últimas decisiones de UCD en este terreno constituían una clara maniobra para retrasar los procesos autonómicos del Estado.