Ligero avance de la reforma del Código de Justicia Militar

La reforma del Código de Justicia Militar experimentó ayer un ligero avance en el seno de la ponencia que estudia el proyecto gubernamental. Según los centristas, se produjo una «aproximación de posiciones» que los socialistas valoraron sólo como el paso hacia una minirreforma que no satisface la necesidad de adecuar el código castrense a la Constitución. En todo caso, el límite de la jurisdicción militar puede anticiparse en la Comisión de Defensa, que inicia hoy el debate sobre la ley orgánica de Bases de la Defensa y la Organización Militar.El ponente centrista Joaquín García Romanillos señaló que en la reunión de la ponencia celebrada ayer se habían excluido de la jurisdicción militar los delitos de falsificación de sellos, marcas, contraseñas o documentos militares y se había limitado la competencia por adulteración de víveres destinados a los ejércitos sólo a los casos de guerra o estado de sitio. Aludió a la necesidad de que la reforma del Código de Justicia Militar se acomode a la sistemática del actual cuerpo legal, quedando una reforma más en profundidad para el futuro código.

Altas fuentes del Ministerio de Defensa informaron a EL PAÍS que el ministro, Agustín Rodríguez Sahagún, ha encargado un estudio jurídico sobre un futuro borrador de código castrense, que no podrá estar terminado antes del año próximo, aunque agregaron: «A lo mejor damos la sorpresa antes.»

El ponente socialista catalán, Julio Busquets, ex comandante del Ejército, expresó su desconfianza sobre un rápido envío a las Cortes del nuevo proyecto de Código de Justicia Militar, y en esta apreciación basó el criterio de su grupo de que debe aprovecharse la actual reforma parcial y no hacer «un simple parcheo, que va a durar muchos años». Respecto a la reunión de la ponencia, Julio Busquets reconoció la actitud positiva de UCD y el cierto avance registrado -«al menos, ayer traían instrucciones», dijo-, si bien lo consideró insuficiente a la vista de la Constitución, ya que se pretende mantener el aforamiento por razón del delito, el lugar y la persona. Según dijo, los socialistas han rebajado el techo de su posición inicial, al aceptar, por ejemplo, que por razón del lugar pueda intervenir la jurisdicción militar cuando se tratede delitos cometidos en zonas próximas al enemigo en caso de guerra.

El ponente socialista consideró no acorde con la Constitución la pretensión centrista de considerar sujetos pasivos de la jurisdicción castrense a los militares retirados. En general, expresó su discrepancia con el mantenimiento de la competencia de la jurisdicción militar por razón del delito, el lugar y la persona, hecho que parece decidido por UCD al sostenerlo en el proyecto de ley orgánica de bases de la defensa, que hoy comienza a debatirse en la Comisión de Defensa del Congreso. El criterio del PSOE en este punto es hacer una remisión al proyecto de modificación del Código de Justicia Militar de todo lo relativo a los límites de la jurisdicción castrense.