No se podrán publicar encuestas electorales en los cinco días anteriores a la votación

El Pleno del Congreso aprobó ayer la proposición de ley sobre encuestas electorales, merced a la cual no se podrán publicar ni difundir sondeos sobre intenciones de voto durante los cinco días anteriores a la votación. No se admitió la tesis de Manuel Fraga, portavoz de Coalición Democrática -grupo proponente de la ley-, de que también se prohíban los comentarios públicos de este tipo de sondeos.

Manuel Fraga advirtió que en el proceso de tramitación la propuesta ha ido perdiendo «plumas y hasta algún diente». Así, se excluyeron las elecciones sindicales, y no se obliga a declarar el grupo que encarga el sondeo, sino únicamente la persona física que hace el encargo, y que el representante de CD advirtió puede ser un hombre de paja. No obstante, Fraga sólo defendió su propuesta de que el plazo de prohibición, en principio previsto en diez días y después recortado a tres en la tramitación del proyecto, se ampliase a cinco días. También el Grupo Socialista mantenía una propuesta similar.Tanto el PSOE como UCD se opusieron a que se prohíba la publicación de comentarios. Esta tesis, en cambio, fue votada favorablemente por el Grupo Comunista y la Minoría Catalana. La ley, en su conjunto, fue aprobada por 286 votos favorables y dos abstenciones. Su texto establece que la publicación de cualquier sondeo preelectoral deberá ir acompañada de la denominación del organismo que lo ha realizado, de la persona que lo encargó, las características técnicas de la encuesta y el texto íntegro de las cuestiones planteadas. Asimismo se dispone que la Junta Electoral Central velará por que los datos publicados sean exactos, y tiene la capacidad de obligar a los medios informativos que violen la ley a publicar las rectificaciones oportunas. Se establecen multas de 50.000 a 500.000 pesetas.

Asimismo, el Pleno celebrado ayer concluyó el estudio de la ley sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El principal debate sobre el articulado aprobado lo produjo la enmienda socialista que pedía que se suprima la necesidad de acompañar con pólizas los documentos que se presentan ante la Administración. Enrique Barón, por el Grupo Socialista, calificó la póliza como humillación secular del pueblo español, anacronismo y antigualla, además de considerarla contraria a la Constitución, ya que el artículo 31 de ésta establece que los ciudadanos están obligados a contribuir a las cargas del Estado según sus posibilidades económicas.

Por UCD replicó el diputado Rodríguez Miranda, quien apoyó la tesis de que todo documento público debe llevar una póliza -cuando entre en vigor esta ley serán todas de veinticinco pesetas-, porque el ciudadano que recibe un servicio de la Administración debe pagar por él. Añadió el representante centrista que mientras el PSOE pide la gratuidad de estos servicios, los ayuntamientos «bajo la égida del poder socialista» cobran hasta 8.000 pesetas por la tramitación de documentos.

Enrique Barón replicó mostrando su sorpresa porque «creíamos que la Administración del Estado se financiaba con los impuestos, no con las pólizas». Respecto a los ayuntamientos, contestó que el PSOE no tiene la culpa de que el Gobierno haya perdido las elecciones municipales, lo que provocó las protestas de UCD. Rodríguez Miranda cerró el debate afirmando que, si bien servicios como la milicia o la diplomacia no son divisibles a la hora de fijar quién los paga, otros, que cada ciudadano solicita particularmente, sí lo son, y en esto se justifican las pólizas.

El Grupo Socialista propuso también que la sucesión de un título nobiliario esté gravada por una tasa de 500.000 pesetas, en lugar de las 70.000 que prevé el proyecto. Luis Solana manifestó que para ningún grande de España sería un coste excesivo. Por su parte, el Grupo Comunista pidió que el otorgamiento de un título siga sometido a gravamen, ya que la presente ley lo excluye.

Nuevamente, Rodríguez Miranda replicó a la izquierda, argumentando que en ningún país de Europa se grava la transmisión de títulos nobiliarios, y que todo lo demás es rozar en la demagogia.

Heribert Barrera, de Esquerra Republicana de Cataluña, cerró el debate, calificándolo de discusión irrelevante y mostrando su sorpresa porque socialistas y comunistas contribuían, aunque de forma indirecta, a mantener la vigencia de los títulos nobillarios.