Arquitectos y autoridades, enfrentados por cuestiones urbanísticas

La falta de entendimiento entre los arquitectos cántabros y la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) en torno a la adjudicación de la construcción de viviendas de promoción directa del Ministerio y la forma en que se está llevando a cabo la designación de los equipos redactores de normas de planeamiento urbano en la región, ha llegado a su punto culminante por las manifestaciones realízadas por un grupo de colegiados, y que ha obtenido una dura respuesta del delegado provincial del MOPU, Roque Manresa.A finales del año pasado, y ante la noticia de que 52 viviendas, comprendidas en la categoría mencionada, habían sido encargadas a un arquitecto residente en Madrid y a otro en Santander, la asamblea general del Colegio de Arquitectos manifestó que consideraba «inoportuno, inadmisible y a todas luces injusto y lesivo a los intereses de los colegiados residentes en la provincia de Santander que los proyectos de ejecución y dirección de obra de las viviendas sociales promovidas directamente por el MOPU sean adjudicados a arquitectos no residentes en Santander». Como consecuencia de este pronunciamiento, el arquitecto santanderino renuncia al trabajo y el delegado provincial del MOPU se lo encarga a otro arquitecto de Santander.

Sin embargo, no es sólo el contencioso de la adjudicación de viviendas de promoción directa del Ministerio lo que puede generar una guerra abierta entre el delegado provincial y el Colegio de Arquitectos. La salida a concurso de normas de planeamiento urbano se ha hecho, ajuicio de los arquitectos denunciantes, sin tener en cuenta recomendaciones precisas, como las que recogen los propios documentos informativos editados por el MOPU, y en donde se señala, como factor a tener en cuenta para la designación de los equipos que deberán acometer trabajos de planeamiento urbano, la residencia en el territorio. Sin embargo, se da el caso de que numerosas normas urbanísticas han sido encargadas a equipos residentes en Madrid, cuya actuación ha sido contestada por algunos de los municipios afectados.