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La economía española ante una Europa en mutación: un proyecto futuro / y 3

Decíamos en un anterior artículo que la situación económica española sería insostenible si continuara la tendencia de estos últimos años, que nos ha llevado a un 10% de desempleo (entre parados y activos marginales) y que nos puede llevar a tasas bastante más altas. Planteábamos entonces dos estrategias posibles, una liberal y otra de consenso, que podrían proporcionar una salida a la crisis. En este último artículo intentaremos sintetizar nuestra opinión sobre ambas estrategias.La estrategia liberal

Una estrategia económica liberal debe tender, fundamentalmente, a que la remuneración de los factores de producción corresponda a su productividad marginal. Para que eso suceda deberían existir mercados de trabajo, de capital y de bienes y servicios auténticamente libres, libertad absoluta de transacciones con el exterior y un mínimo de regulación estatal sobre la actividad económica. El liberal inteligente sabe que ese mundo no existe, aunque sólo sea por la existencia de grandes empresas con capacidad oligopolística y de sindicatos de trabajadores con capacidad de negociación colectiva. Pero el liberal inteligente intenta reducir en la medida de lo posible las distorsiones que se producen inevitablemente respecto al modelo teórico.

En España esas distorsiones son múltiples. El modelo nacionalsindicalista estaba basado en un profundo intervencionismo estatal y la estructura del poder permitió además una influencia tal de todo tipo de grupos de presión que es casi imposible encontrar algo parecido a un mercado libre en la economía española. Es también necesario constatar que ese modelo todavía no ha cambiado radicalmente, a pesar del gigantesco esfuerzo hecho por el Gobierno y el Parlamento en ese sentido. Existen dos razones para que el cambio no haya sido todavía profundo. La primera es puramente factual: el número de leyes, decretos, reglamentos, órdenes ministeriales y circulares que sería necesario reformar o transformar radicalmente es tal que la labor será necesariamente larga. Pero además no debemos olvidar que la burocracia que las aplicó sigue en pie y que las tecnoestructuras del antiguo régimen siguen siendo las del régimen actual. Y eso no es una crítica, sino una constatación. Cuarenta años es un período suficientemente largo como para que la mayor parte de los españoles con vocación pública la hayan tenido que manifestar trabajando en el anterior sistema.

Tampoco caigamos en el error de considerar a la función pública como causa de nuestros males. El empresario español ha prosperado y a menudo se ha enriquecido con un sistema proteccionista, ineficaz e injusto, pero muy cómodo para quien de él se beneficiaba. Los sindicatos españoles, sobre todo Comisiones Obreras, están demostrando que a la hora de discutir el Estatuto de los Trabajadores prefieren considerar como derechos adquiridos de los trabajadores elementos de una legislación fascista que no son compatibles con un sistema de libertades.

La estrategia liberal comportaría, entre otras cosas, una liberalización de precios, una flexibilización de plantillas, un control estricto del gasto público que permitiera una máxima asignación de recursos al sector privado y una liberalización casi completa del control de cambio que al permitir las salidas de capitales situaría a la peseta a niveles más bajos y por tanto más acordes con la competitividad real de la economía española.

Esta ha sido, parcialmente, la estrategia adoptada en el PEG, mitigada, sin embargo, no sólo por las razones que hemos mencionado anteriormente, sino por los importantes costes sociales que implicaría, al menos a corto plazo, una aplicación radical de esa estrategia. Es muy probable que inicialmente se producirían aumentos importantes de desempleo y de los precios, aunque también es bastante probable que a plazo medió el excedente empresarial reconstituido y la confianza empresarial recuperada permitirían nuevos aumentos de la inversión y del empleo y a largo plazo mayores niveles de renta para todos.

El problema es que la transformación profunda que ello implicaría para la sociedad española no, se puede hacer de la noche a la mañana, al menos en un sistema de libertades públicas. Es imprescindible, por tanto, que las reformas que aparezcan como técnicamente necesarias sean socialmente aceptadas en un clima de consenso en el que los costes de la adaptación se repartan equitativamente. En otras palabras, el liberalismo es sólo operativo si está casi universalmente aceptado, como ocurre en países como EEUU, Alemania, Suiza o, en un contexto cultural diferente, Japón.

La estrategia de consenso

En nuestra opinión, la única forma de llevar a la práctica en España una estrategia de consenso es llevando a cabo las reformas necesarias mediante un acuerdo tripartito entre empresarios, sindicatos y Gobierno, sobre un programa de dos a tres años. Ese acuerdo, que debería constituir un auténtico pacto social de duración definida, implicaría un reconocimiento por parte de todos de la gravedad de la situación y una definición de la contribución de cada sector para resolverla.

La contribución de los sindicatos está muy clara: inicialmente renunciar a aumentos de salarios superiores a los aumentos de precios en un clima de paz laboral. Posteriormente, aceptar crecimientos del salario nominal que sean compatibles con unas tasas moderadas de inflación e impliquen aumentos del salario real iguales al aumento de la productividad.

Se dirá que en el pasado reciente los aumentos de salarios no han sido significativarnente superiores a la inflación y se constata, en efecto, un estancamiento de la participación de los salarios en la renta nacional. Pero la realidad es que eso ha sido el resultado de un continuo tira y afloja en el que las autoridades económicas, siguiendo una política monetaria restrictiva, han colocado al empresario en tal situación de debilidad que las reivindicaciones obreras o no se han satisfecho o han debido moderarse simplemente para mantener en vida a la empresa. Ese método de contención salarial. es efectivo, pero su coste social es inmenso, puesto implica una disminución de la inversión productiva y un paro creciente. Los mismos aumentos de salarios nominales en un clima de expansión y confianza renovada conducirían inicialmente a un mayor empleo y más tarde a aumentos sustanciales del salario real por la vía de la disminución de la inflación.

La contribución empresarial es igualmente evidente: invertir y crear puestos de trabajo adaptándose a las necesarias modificaciones estructurales entre las que figurará, sin duda, una mayor colaboración con la clase trabajadora en el seno de la empresa.

Sería iluso pretender que eso se puede conseguir mediante decisiones colectivas voluntaristas. El empresario invertirá cuando vea claro el futuro, y en cierto modo su decisión de invertir puede considerarse como la variable dependiente del sistema, Pero también es verdad que las organizaciones empresariales pueden contribuir a crear el necesario clima de colaboración y optimismo.

Se dirá que el reciente acuerdo-marco entre organizaciones sindicales y empresariales debería ser suficiente para crear ese clima, pero por muy positivo que sea el acuerdo le faltan tres condiciones esenciales para contribuir a un. despegue efectivo de la economía española. La primera es la ausenciara de CCOO, que no suscribiendo el acuerdo ha demostrado estar más al servicio de los intereses estratégicos del PCE que del bienestar de la clase obrera española. La segunda es la duración: un año da impresión de tregua, y necesitamos una verdadera paz social. La tercera es la no intervención del Gobierno. Se equivocan las centrales sindicales que consideran una ingerencia inadmisible que el Gobierno intervenga en las negociaciones. El Gobierno debe fijar el marco global en que se desenvuelve la economía y es, en cualquier caso, quien tiene en su mano instrumentos tan decisivos como la política monetaria y la política presupuestaria.

Pero es que además, en otro orden de ideas el papel del Gobierno y de la clase política en general son fundamentales para la creación de un nuevo clima. España necesita un proyecto de futuro, unos objetivos claros que restauren la confianza de la sociedad española en su porvenir económico. Decíamos, en el primer artículo de esta serie, que el papel principal de la política económica en los países europeos debería ser proporcionar el marco adecuado para que los agentes económicos hicieran por sí mismos los necesarios ajustes. Ese papel debería traducirse en medidas de tipo técnico, que mejoraran el rendimiento del sistema económico, y de tipo sociopolitico, que aumentaran la satisfacción de los ciudadanos ante un sistema económico dado. El Gobierno español está, desde 1977, promulgando normas que pueden calificarse de revolucionarias en numerosos ámbitos de la vida de la sociedad española. Esas normas (como las que regulan el proceso autonómico) conducirán, sin duda, a una sociedad más democrática, más justa, más eficaz y más coherente con las aspiraciones de los ciudadanos. Desgraciadamente, el proceso de cambio es generador de incertidumbres en materia económica, y la política económica restrictiva y falta de audacia seguida hasta ahora sólo ha contribuido a agudizarlas. Pasado lo más importante de la transición a la democracia, es imprescindible cambiar de una política económica defensiva a un auténtico proyecto de futuro que fije metas concordes con las necesidades reales de nuestra sociedad, entre las que figura prioritariamente el empleo de sus ciudadanos y la consecución de mayores cotas de bienestar, sólo alcanzables con aumentos de nivel de vida.

Las reformas

Decíamos ya en el primer artículo de esta serie que los intentos de solución a la crisis en Europa deberían actuar tanto en el frente económico como en el sociológico, puesto que nos encontramos ante una verdadera crisis de sociedad. El problema es aun más agudo en España, que sufre una crisis de valores más repentina por haber estado anteriormente más contenida.

Es necesario que la sociedad española encuentre nuevas fórmulas de convivencia, que deben manifestarse no sólo en el mundo de la empresa, sino también en el de la cosa pública. La sociedad industrial ha deshumanizado las relaciones sociales con sus grandes empresas, pero también con sus grandes núcleos urbanos y con sus todopoderosas burocracias. Es necesario descentralizar, desburocratizar, acercar los centros de decisión al ciudadano, mejorar la calidad de vida incrementando el gasto de los municipios, que en el caso español es, en relación con el PNB, del orden de la tercera parte de lo que es en las CCEE. La Constitución española ha marcado muy claramente el camino, pero nos quedan por realizar toda una serie de reformas que empiezan por la reforma de la Administración, cuya estructura es, en su estado actual, prácticamente incompatible con el espíritu de la Constitución, y culminar en una transformación profunda de las estructuras del Estado que lleve a un pleno ejercicio de las libertades ciudadanas.

El otro capítulo de reformas es el económico. Todo lo que hagamos para mejorar las estructuras de la economía española redundará en una mayor capacidad de adaptación ante la crisis actual y las venideras. Necesitamos una reforma del sistema financiero para conseguir que el ahorro español se dirija hacia sus usos más rentables y, sobre todo, permita financiar a largo plazo las ingentes inversiones que requiere un nuevo despegue económico. Necesitamos reestructurar sectores enteros de la economía española (naval, siderúrgico, textil), sin oponernos a cambios, sino facilitando un ajuste gradual hacia las nuevas estructuras. Necesitamos una política de innovación tecnológica no sólo en nuestras técnicas de producción, sino en nuestros sistemas organizativos, que son, probablemente, el talón de Aquiles de la economía española. Necesitamos cambiar radicalmente un sistema de Seguridad Social anquilosado en el centralismo y la burocracia, y para ello deberemos tener el valor de romper moldes establecidos y seguir criterios de eficacia, potenciando al máximo los conciertos con mutualidades y otros entes privados sin o con fin lucrativo.

Conclusión

Pero se hace camino al andar. La sociedad española no puede permanecer inmóvil, contemplando sus deficiencias y esperando a que se hayan corregido antes de emprender la búsqueda de nuevos horizontes. En términos estrictamente económicos, es perfectamente factible iniciar una nueva era de expansión, mientras se van corrigiendo, en un proceso que es, por su propia naturaleza, perpetuo, deficiencias estructurales. Para ello hace falta ni más ni menos que la sociedad española, una vez consolidado el proceso democrático, se fije un nuevo objetivo: aumentar las cotas de bienestar de Iodos, creando las nuevas fuentes de riqueza necesarias para dar empleo al mayor número posible de españoles. Es una simple cuestión de solidaridad, concebida en términos dinámicos y no malthusianos. De que consigamos o no hacer frente a ese reto depende, en nuestra opinión, el futuro de esa nueva forma de sociedad democrática que desea la inmensa mayoría de los españoles.

Emilio Fontela catedrático en Ginebra, es presidente de la Agrupación Europea de Política Económica; Eduardo Merigó, director adjunto de la OCDE entre 1971 y 1974, ex subsecretarío, es en la actualidad presidente de VISA-España.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 31 de enero de 1980.

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