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La democracia ante la corrupción

Una de las cualidades positivas que caracteriza a las democracias pluralistas, sólidamente establecidas, es la de no primar el escándalo con el silencio. Es harto notorio que en los regímenes autoritarios el escándalo y la corrupción se amparan en la impunidad. Las dictaduras temen más el pecado de escándalo que al escándalo mismo y, con ello, la corrupción encuentra abonado el campo para su producción y desarrollo.Se ha dicho muchas veces que las políticas autoritarias se apoyan en el engaño, los mitos y el miedo; pero lo que no se ha destacado suficientemente es la implacable ley del silencio, que en tales regímenes rige frente a todo debate público para discutir los problemas y las cuestiones que afectan a la comunidad. La ley del silencio es, pues, una ley típicamente autoritaria. Sólo en dichos sistemas puede hablarse, en puridad, de mayorías silenciosas.

La cosa pública o res publica de los romanos lo es tanto por sucarácter público -y como tal, de interés público- como por su obligada publicidad, claridad, diafanidad y transparencia. Donde el debate público está prohibido, el ciudadano vive amordazado.

En las democracias pluralistas no debe haber ocultismos ni ocultaciones. Nada de lo que afecte al interés de la colectividad debe sustraerse a la crítica, control y fiscalización de las instituciones representativas y de las fuerzas políticas y sociales del país.

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Es el escándalo en si mismo el que debe escandalizar a quienes lo cometen. Impedir su divulgación y esclarecimiento es contribuir a la tentación de cometerlo y asegurar su impunidad.

Ya en 1929, Francisco Cambó fustigaba la corrupción como uno de los males inherentes a las dictaduras, incluso a las que él calificaba de «buenas dictaduras»; esto es, aquellas encarnadas en la persona de un hombre íntegro y austero. En este sentido, afirmaba que «la moralidad de los hombres públicos, de los investidos de autoridad en régimen normal, está garantizada no sólo por el propio espíritu de honradez, sino también por la coacción" que implica la crítica, bien de la prensa, ya del Parlamento, o de las sesiones plenarias de las corporaciones locales. Suprímase esta coacción -el régimen de dictadura la suprime completamente- y la prevaricación no tardará en aparecer y en desenvolverse entre los hombres que ejercen funciones de poder».

Silenciar u ocultar lo que afecte a la gestión de los intereses de la comunidad es hacerse cómplice de las irregularidades que en la misma puedan cometerse y propiciar los beneficios torticeros que de las mismas se deriven. Denunciar el escándalo es ponerse en el buen camino para prevenirlo, esclarecerlo y, cuando así proceda, corregirlo y sancionarlo ejemplarmente.

Prejuzgar la falsedad de la denuncia o divulgación de un escándalo o corrupción, sin antes adoptar todas las medidas necesarias para su total averiguación y responsabilidades, es atentar contra el deber público subjetivo de denuncia frente a cualquier posible corrupción, manifiesta o encubierta, que toda sociedad, moralmente sana, debe erradicar.

Las consideraciones anteriores no pueden llevarnos a la conclusión de que la corrupción sólo exista en las dictaduras. La diferencia estriba en que en estas formas de Gobierno y de Estado, la corrupción se ampara en el silencio, y el escarmiento y ejemplaridad de su castigo, que no siempre se produce, quedan prácticamente eliminados o disminuidos por la ausencia de publicidad. No ocurre lo mismo cuando de las democracias pluralistas se trata. En éstas, la corrupción y la inmoralidad política son objeto de polémica, debate y discusión públicas y estas características lejos de debilitar el sistema lo que hacen es fortalecerlo, robustecerlo y asegurarlo.

En definitiva: tanto la sombra como el silencio son los aliados naturales del escándalo, la corrupción y la inmoralidad. No puede decirse lo mismo de la luz, la discusión y el diálogo.

Son, pues, dos enfoques radicalmente opuestos de enfrentarse al fenómeno de la corrupción representados, respectivamente, por las dictaduras y las democracias. Ante esa alternativa, creemos que la opción no es dudosa.

Enrique Santín es secretario general técnico del Ministerio del Interior.

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