La subida de las tarifas eléctricas

LAS ALZAS de los crudos en los mercados internacionales, después de provocar la elevación de precios de la gasolina y de otros carburantes dentro de nuestras fronteras, han repercutido también en las tarifas eléctricas. Al igual que en los gasóleos, y a diferencia del fuel, el Gobierno ha decidido mejorar la estructura de costes interna y ha incrementado desigualmente las tarifas para acortar diferencias. Así, la energía para usos domésticos ha sido encarecida en un 13%, mientras que la de consumo industrial se aumenta en un 21 %. Dado que los consumos industriales son superiores a los domésticos, la subida se instala aproximadamente en el nivel promedio del 17% al 18%, equivalente a unos 65 céntimos por kilovatio, que pasa de 3,50 pesetas de precio facturado a 4,15 pesetas.Este alza nada desdeñable de las tarifas concede a las compañías eléctricas un margen lo suficientemente holgado como para mejorar sus estructuras financieras y aumentar sus porcentajes de autofinanciación. Tal reorientación, caso de hacerse efectiva, aliviaría el mercado de capitales, tan solicitado hasta ahora por el sector eléctrico para préstamos, y permitiría a otras empresas de menores dimensiones el acceso a unos recursos financieros sobre los que actualmente pesa excesivamente la demanda de los grandes. Ahora bien, en ninguna parte está escrito que las compañías eléctricas tengan que aplicar los ingresos adicionales derivados de las nuevas tarifas a unos objetivos que, en última instancia, son los que realmente justificarían la medida.

Cabe suponer, sin embargo, que el Gobierno habrá negociado con el sector eléctrico los nuevos precios y habrá, como mínimo, recomendado que la parte del león de los aumentos sea dedicada a la autofinanclación de las inversiones, y no a la mejora corporativista del sector, en forma de subidas excesivas de los emolumentos de los directivos o de los salarios sujetos a convenio, o a una elevación de dividendos. En un momento de dramática. escasez de energía derivada del petróleo, el objetivo de promover intensamente el desarrollo del sector energético mediante la explotación de fuentes alternativas es una tarea nacional y una necesidad de la sociedad entera. Aunque las compañías eléctricas no tengan siempre buena prensa, todavía es peor la imagen de nuestro sector público en el que, salvo escasas y honrosas excepciones, la ineficacia, el despilfarro, la corrupción y el gremialismo hacen estragos y convierten casi en un chiste las propuestas de expandirlo sin una previa y nada fácil remodelación de lo que ahora tan malamente existe. Pero aunque muchos consideren que la nacionalización o, para ser más exactos, la estatalización es un remedio mucho peor que la enfermedad, las compañías eléctricas deben ser conscientes que la única forma de disipar ese espectro con el que la oposición les amenaza es mejorar su capacidad para producir energía a costes razonables y para programar con sensatez, eficiencia y seguridad el desarrollo de otras fuentes alternativas.

Así, pues, la elevación de las tarifas deberá ser aprovechada por el sector eléctrico para acometer, con una estructura financiera mejorada, tales objetivos, y no para utilizarla como un regalo destinado a adornar el escaparate de cara a los accionistas. De otra forma, el momentáneo alivio dejaría pronto paso a una elevación de los costes financieros y de los gastos generales que comprimirían los beneficios, harían. desaparecer las posibilidades de autofinanciación y eliminarían los márgenes para nuevas inversiones. Llegados a este punto de la espiral, el Estado tendría que establecer canales subvencionados o preferentes de financiación para nuevas inversiones en el sector energético. Entonces, la respuesta de, los partidarios de la nacionalización sería señalar la incongruencia de que el gasto público fuera administrado por la iniciativa privada y se constituyera en fuente semioculta de beneficios para unas compañías incapaces de hacer compatibles una cuenta de resultados satisfactoria y esas inversiones que la economía nacional necesita.

En cualquier caso, queda abierta la interrogante de si el Gobierno ha autorizado la elevación de las tarifas en función de previas negociaciones con el sector eléctrico. La política de tarifas debería ser aclarada por la Administración a fin de que la opinión pública reciba un trato tan poco cicatero en el terreno de la información como las compañías eléctricas lo han tenido en la subida de sus precios.