Confirmada la convocatoria de huelga general en las universidades para la próxima semana

La ratificación de la convocatoria de una huelga general de todas las universidades del Estado para la semana comprendida entre los días 28 de enero y 3 de febrero fue acordada unánimemente por 520 delegados estudiantiles, representantes de 260 centros universitarios de 37 provincias, que se reunieron durante el pasado fin de semana en Madrid. El motivo de esta huelga es expresar el «rechazo total» al proyecto de ley de autonomía universitaria y la petición de que sea retirado de las Cortes.

De la importancia que el Gobierno concede a esta movilización estudiantil sin precedentes en los años posteriores al franquismo, puede ser buena prueba el hecho de que el secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, cediese ayer al titular de Universidades e Investigación, González Seara, su habitual conferencia de prensa de los lunes.En la citada asamblea estudiantil, según informaron ayer sus portavoces, se aprobó, también por unanimidad, un documento que resume la posición de todas las coordinadoras ante el proyecto de ley de Autonomía Universitaria, que, en síntesis, supone la petición de que éste no sea discutido en las Cortes, «porque sobre la base del texto del Gobierno no es posible que salga una ley favorable a la universidad».

Las coordinadoras de estudiantes piden a los partidos parlamentarios de izquierda que exijan la retirada del texto gubernamental y que apoyen la posición del movimiento estudiantil, al tiempo que reivindican la apertura de un proceso democrático para la elaboración de una nueva ley, basado en la participación de todos los universitarios y el conjunto de los sectores sociales después de un amplio debate público.

Los estudiantes representados por la coordinadora estatal consideran no negociables «la configuración de la universidad como servicio público y gratuito; su dependencia exclusiva de las comunidades autónomas, por lo que deberá estar al servicio de los intereses populares de las nacionalidades y regiones, y el verdadero autogobierno de la universidad, lo que supone su autonomía financiera y la capacidad de cada universidad para contratar y controlar a su profesorado».

La coordinadora estatal de estudiantes rechaza la privatización directa o indirecta de la universidad y todas las formas de selectividad: encarecimiento de las tasas, limitación de la permanencia, pruebas de acceso, etcétera.

Por último, los portavoces estudiantiles informaron que los días 31 de enero y 1 de febrero serán las jornadas claves de la semana de huelga. que no va a limitarse a una mera suspensión de las clases. Para el primero de estos días está prevista la celebración de asambleas y manifestaciones y el día 1 de febrero estará especialmente dedicado a la reafirmación de las lenguas nacionales y de las aspiraciones autonómicas de las nacionalidades y regiones.

González Seara afirma su disposición al diálogo

Casi a la misma hora en que los portavoces estudiantiles explicaban el sentido de su huelga, el ministro de Universidades e Investigación, González Seara, declaraba, en la sede de la Presidencia del Gobierno, su absoluta disposición al diálogo, al tiempo que criticaba el recurso a las movilizaciones y a la huelga como procedimiento para expresar la disensión con un proyecto de ley y anunciaba un inminente debate en la televisión con los principales partidos parlamentarios, en torno a la ley de Autonomía Universitaria, según informa Efe.El ministro se mostró sorprendido ante la declaración de apoyo del PCE a la proyectada semana de huelga, porque ésta no es el mejor sistema -«la discusión, sí»- y puesto que una semana de paro sólo puede producir perjuicios a los estudiantes y a la sociedad.

Dijo también que los tres principios generales que inspiran el proyecto de ley, son los de «servicio público autonomía y libertad académica», concebida esta última no sólo como libertad de cátedra, sino también de estudio e investigación.

Se refirió a la confusión que algunos crean al mezclar el concepto de autonomía universitaria con el de las comunidades autónomas cuando ambas son distintas y las dos están reconocidas por la Constitución.

El ministro precisó que la idea de «servicio público» implica que el Estado, en nombre de la sociedad, vele por el uso de los fondos públicos y garantice que se impartan los conocimientos que se reconocen en los títulos que facultan para el ejercicio de una profesión.

Tras afirmar que ninguna ley europea sobre autonomía universitaria es más amplia que la española, rechazó la acusación de que el proyecto favorece a las universidades privadas, dado que no hace otra cosa que cumplir con la Constitución, la cual reconoce el derecho de creación de centros docentes de cualquier nivel a todas las personas físicas y jurídicas. Reiteró, a este respecto, la idea expresada en ocasiones anteriores de que en realidad este proyecto de ley supone el fin del privilegio que antes tenía la Iglesia en esta materia, al someter a todas las universidades privadas a la exigencia de unas garantías mínimas para los títulos que vayan a impartir.