Las responsabilidades sobre la tragedia y la democracia

Si la pérdida de vidas humanas obliga siempre a una reflexión, ésta es mucho más obligada aún tras la muerte de dos jóvenes estudiantes, manifestantes contra el proyecto de ley de autonomía universitaria (PLAU) que el Gobierno remitió a las Cortes.La reflexión debe apuntar necesariamente a una grave irresponsabilidad que pueden estar compartiendo los grupos parlamentarios que se ocupan de diseñar y de imponer -al margen de las opiniones mayoritarias de las comunidades respectivas- las distintas normativas a las que debemos ajustarnos.

Una cosa es que, tras unas elecciones generales que se ganan, se esté legitimado para gobernar y otra bien distinta es pensar que los gobernantes son los «sabelotodos» omnipotentes que pueden depreciar incluso la opinión de aquellas comunidades, cuando se trata de regular normativamente el funcionamiento de las mismas.

Hace meses disentía yo, desde la hospitalidad que a menudo me suelen dar estas páginas, de que hay algunas maneras de entender la democracia con las que otros no estamos de acuerdo (se nos llame o no demócratas o ácratas, que las etiquetas no vienen al caso). Los trágicos hechos recientes -pues tragedia es, en suma, la pérdida de vidas humnas- parecen darnos de nuevo la razón.

No se está legitimado desde el poder para suponer que los demás no tenemos nada que decir sobre aquello que hacemos cotidianamente. Tan ridícula pretensión descansa en la más estúpida aún de suponer que sólo ellos -los elegidos- saben lo que los demás hemos de hacer.

Que se ocupen los gobernantes, si así lo quieren, de esos marcos generales referenciales de convivencia en los que, según ellos, hemos de movernos. Ya nos ocuparemos de criticarlos y cambiarlos, a la vuelta de la esquina, si no nos gustan. Pero que se descienda a reglamentar -nuestra propia vida universitaria, perpetuando así la injerencia que la dictadura acentuó hasta el máximo en dicha comunidad universitaria, no sólo no tiene sentido democrático alguno, sino que consuma el desprecio más rotundo hacia el sentido general de los universitarios, expresado claramente en estos días, pero no solamente en estos días.

La comunidad universitaria lo manifestó también mucho antes, de muy diversas maneras y en un rico repertorio de alternativas que han sido.cuidadosam ente escamoteadas por el poder establecido.

Hablo con algunos elementos de juicio, pues durante todos estos años atrás he participado como representante de la coordinadora estatal de PNN de universidades en las distintas conversaciones con el ministerio, donde nunca solíamos encontrar otra cosa que la mera «información» de los planes del equipo de turno y, en algún caso, tomar nota de promesas que luego no se cumplían.

En una de las escasísimas ocasiones en que hemos podido entrevistarnos con el ministro actual éste nos llegó a afirmar con toda claridad que «ellos» presentarían «su» proyecto, tras algunos contactos y consensos con los grupos parlamentarios más fuertes. Y en un acto reciente en la universidad, donde los partidos políticos explicaban su posición ante el PLAU, el representante del partido del Gobierno en aquel acto ratificó esto respecto al consenso inicial (antes de la contestación estudiantil) que existía con otro grupo parlamentario de «oposición»... Era, pues, un proyecto más, consensuado..., ¿por quiénes? ¿Dónde estaban las opiniones de las universidades, de los estudiantes, de los PNN, del personal no docente, etcétera?

¿Acaso se está legitimando desde cualquier poder para imponer una normativa, al margen de la opinión extensivamente mayoritaria de aquellos a los que dicha normativa afecta?

Confundir Gobierno y tiranía¿Es que acaso todo el ritual de unas elecciones generales, y su desenlace a favor de unos, garantiza que ahí estén ya recogidas las opiniones mayoritarias en todos los sectores y/o comunidades?

Habría que decir a los insignes parlamentarios que se ocupasen de gobernar, si lo creen necesario; pero que no confundan ese gobierno con la tiranía que supone la interferencia al libre juego de la exposición abierta y democrática de las comunidades, y, en lo que a esta reflexión se refiere, a la universitaria.

Y, desde luego, no puede decirse que todos estos comportamientos aludidos y protagonizados por los que tal visión -estrecha y formalizada- de la democracia tienen estén exentos de culpa en cuanto al señalamiento de las causas últimas explicativas de la muerte de dos jóvenes estudiantes.

Es inútil y casi grotesco decir ahora que se va a abrir el debate, como dice el ministro de Universidades. Cuando la equivocación de un equipo cuesta de este modo vidas humanas, sólo hay un camino posible: irse.

Este es el grito unánime del movimiento estudiantil renacido en estos días: no alproyecto de ley de autonomía universitaria de UCD. Porque, efectivamente, es un proyecto no emanado desde las universidades, sino desde el Poder, y con desprecio absoluto de la mayoría de las opiniones de los integrantes de las comunidades universitarias.