Aplazada la regulación de un estatuto de la función pública

El Gobierno no acometerá, por ahora, una regulación completa del estatuto de la función pública. Las disposiciones sobre funcionarios remitidas a las Cortes el pasado sábado, dentro del proyecto de ley orgánica «del Gobierno, de la Administración del Estado y de la función pública», sólo tratan de llenar algunas de las principales lagunas existentes, según fuentes próximas al Gabinete.Aunque en el calendario de desarrollo constitucional figuraran como dos proyectos independientes -uno referido a la Administración estatal y otro a la función pública-, el secretario de Estado para el Desarrollo Constitucional, Juan Antonio Ortega, declaró a EL PAIS que el ministro de la Presidencia había anunciado ya el compendio de ambos textos, debido a la relación que existe entre la Administración y la función pública, y dado que no ha parecido oportuno abordar en este momento de forma omnicomprensiva el problema de la función pública.

No obstante, el proyecto remitido a las Cortes prevé ya algunos aspectos, tales como la sindicación, el derecho de huelga -vinculado este último al mantenimiento de los servicios públicos- y las incompatibilidades, estas últimas de forma no muy específica.

La refundición de los dos proyectos en uno ha causado sorpresa en medios del funcionariado, quienes apuntan que con ello se quiebra la tradición jurídico-administrativa española de contar con una regulación específica del funcionario público; señalan la falta de participación que han tenido en las sucesivas elaboraciones de anteproyectos sobre el tema, y acusan de «oportunismo» a UCD.

Desde el punto de vista político, lo más relevante del texto remitido a las Cortes es la configuración jurídica de la figura del presidente del y las amplias facultades que se confieren: entre otras, atribuye aljefe del Gabinete la capacidad de crear o extinguir, por decreto, ministerios y secre tarías de Estado.

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