El juez requisó el "jeep" policial que actuó en los sucesos estudiantiles de Madrid

El jeep de la Policía Nacional del que, presuntamente, partieron los disparos que acabaron, en la tarde del día 13 de diciembre pasado, con la vida de los estudiantes José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez ha sido intervenido por orden de la autoridad judicial para su examen y reconocimiento periciales. La investigación deberá determinar los desperfectos sufridos en elj eep policial, así como el origen y las causas de los mismos.

En algunos medios parlamentarios, periodísticos y aun policiales se da cada vez más importancia a un rumor que ha cobrado consistencia en los últimos días: la desaparición, en las horas subsiguientes a la muerte de los estudiantes, del jeep del que presuntamente partieron los disparos, hasta el punto de que durante ese tiempo el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, no pudo localizarlo. El citado jeep estuvo en ese tiempo aparentemente fuera de control, aunque los medios arriba indicados lo sitúan en la Casa de Campo, no se sabe si con su dotación o con otra, a donde habría sido dirigido para cumplir una determinada misión.La dotación del jeep, formada por seis miembros, se presentó a declarar ante el juez instructor de guardia a las cinco de la madrugada del día siguiente, 14 de diciembre. En relación con la desaparición del jeep y el origen y las causas de sus desperfectos, el semanario La Calle plantea la necesidad, en un reportaje pablicado en su último número sobre lo sucedido el 13 de diciembre en Madrid, de que estos puntos sean investigados, tanto por el juez instructor como por el ministro del Interior, «ante el rumor que ha ido tomando cuerpo en determinados medios, entre ellos el parlamentario, acerca del origen y de los autores de los destrozos causados en el jeep».

A la vez que aumentan los interrogantes sobre los destrozos causados en el jeep policial, la versión oficial de los hechos, ofrecida poco después de producidos los mismos en una nota del Gobierno Civil de Madrid, y en una intervención del ministro del Interior ante el Parlamento, se aleja cada vez más, según se van conociendo datos de la reconstrucción judicial efectuada el pasado 20 de diciembre, de lo que presumiblemente ocurrió en la noche del día 13 en la ronda de Valencia, de Madrid. En la práctica de dicha diligencia judicial, efectuada por el juez instructor y por el ministerio fiscal, representado en esta ocasión por el fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid, José Julián Hernández Guijarro, los testigos coincidieron en que no hubo acometimiento o lucha cuerpo a cuerpo entre la dotación del jeep y los manifestantes, como insistieron las primeras, y hasta ahora únicas, versiones oficiales.

Tres testigos fundamentales

Gran trascendencia tienen a este respecto las declaraciones de tres testigos considerados fundamentales, ninguno de los cuales tiene interés directo en los hechos por no ser manifestantes; a saber: la persona que presenció los sucesos desde un balcón de la finca número 4 de la ronda de Valencia; la que recogió del suelo a una de las víctimas y la que se encontraba en línea recta detrás del jeep policial, concretamente en la acera opuesta al lugar donde aquél se encontraba averiado o simplemente calado, como consecuencia de la maniobra de giro a que se le sometió para avanzar hacia la glorieta de Atocha.

Desde luego, como pudieron constatar los numerosos periodistas que estuvieron presentes en la reconstrucción de los hechos, las dos víctimas fueron alcanzadas por los disparos a unos sesenta metros en línea diagonal del lugar donde se hallaba el jeep, concretamente frente al número 6 de la ronda de Valencia, si bien la distancia exacta obra ya en el sumario.

El testigo que se encontraba en línea recta detrás del jeep, en la acera derecha de la ronda de Valencia, declaró que el primero en, disparar fue el conductor del jeep. Según la versión de este testigo, el conductor abrió con la mano izquierda la puerta de este lado del jeep, y con su mano derecha, colocando la pistola bajo su axila izquierda, disparó hacia atrás, es decir, en sentido, contrario a la dirección del vehículo. El mismo testigo vio cómo a su lado fue herido en una pierna un joven, que posteriormente también prestó declaración ante el juez y estuvo presente en la diligencia de reconstrucción de los hechos.

Aunque la investigación judicial continúa, y no se puede hablar todavía de una versión definitiva, es evidente que los nuevos datos obtenidos serían motivo para que el ministro del Interior ofreciese al Parlamento nuevas explicaciones sobre los hechos, como prometió hacer en su intervención del día 14 de diciembre, en cuanto tuviese «más datos en su poder». Una ayuda en el esclarecimiento de la muerte de los dos estudiantes hubieran constituido las declaraciones de los manifestantes detenidos cerca del lugar de los hechos, si hubieran sido puestos a disposición del juez instructor, que estaba de guardia el día 13, y que investiga la muerte de los estudiantes.

En las actuaciones sumariales que realiza de oficio el juez instructor estará presente, a partir de ahora, como parte legalmente interesada, un ciudadano particular que ha ejercitado la acción popular prevista en la ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez instructor ha admitido que se ejercite la acción popular, aunque ha exigido a la persona interesada en su ejercicio el previo pago de una fianza de mil pesetas. Como parte interesada en la investigación judicial y personada en los autos, la persona que ha ejercitado la acción popular podrá proponer diligencias de prueba y asistir a la práctica de las mismas.

Recientemente también se ha ejercitado la acción popular por un grupo de abogados que denunció supuestos malos tratos a reclusos de la Prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, aunque su ejercicio se ha visto seriamente dificultado por el pago de la fianza de tres millones que se les exige.