Organizacíón territorial y distribucíón de efectívos de la policía

y otros veinte miembros de la Unión Sindical de Policías (USP)La orden del Ministerio del Interior de 17 de octubre de 1979, por la que se modifica la organización territorial y distribución de efectivos de la Policía, desarrollada por disposiciones de la Dirección de la Seguridad del Estado, de fecha 25 de octubre, está a punto de materializarse con las consiguientes repercusiones.

El creciente malestar generalizado que dicha orden ha originado en los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía que se verán directamente afectados, al igual que los integrantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y la necesidad de contribuir con la crítica positiva a la existencia de una política policial sería y coherente y no de «parcheo», encaminada a la solución de los problemas de la seguridad ciudadana, principio de discordia de los ciudadanos, en general, y de la clase política, en particular, nos obliga a unos comentarios y consideraciones de forma inaplazable.

La creación de comisarías de Policía (unidad policial básica integrada por miembros del CSP y de la PN) en las poblaciones con más de 20.000 habitantes, basándose en un mero índice numérico, sin atender a consideraciones de conflictividad y criminalidad, y, con ello, sin tener en cuenta el criterio de excepcionalidad previsto en la propia ley de Policía, medida que fue adoptada durante la titularidad de Martín Villa al frente del Ministerio y que fue considerada como un error mayúsculo por ciertos sectores de la Policía, viene a ser corregida y aumentada por su sucesor al frente del Ministerio. Una vez más, la falta de previsión, planificación y objetivos se evidencian de forma clara y patente.

Vacantes donde sobran funcionarios

¿Cómo entender si no que el 28 de julio pasado se incorporen a sus nuevos destinos cerca de trescientos inspectores de Policía en poblaciones en las que ahora -25 de octubre-, apenas transcurridos tres meses, no sólo no faltan inspectores, sino que exceden: verbigracia, Alcorcón, Tarrasa, Lérida, Jerez de la Frontera, etcétera, e incluso en algunos casos no sólo sobran todos aquellos funcionarios que se habían incorporado, sino también funcionarios que ya estaban allí destinados: verbigracia, Sabadell, Gandía, Seo de Urgel; si, como es lógico pensar, en el mes de junio estaba ya en marcha el estudio de la reestructuración de plantillas, ¿por qué se convocan vacantes donde debería de saberse que no sólo no faltan funcionarios, sino que sobran? ¿Es que acaso los planteamientos del Ministerio varían de un mes para otro?

Además, el Ministerio vuelve a cometer errores de bulto al asignar y distribuir los efectivos a las distintas poblaciones. ¿Cómo comprender si no que Leganés sea equiparado en dotación de elementos humanos a Lugo, o que Alcorcón lo sea con Avila o Soria? ¿Es que acaso son los mismos los índices de criminalidad y conflictividad y la peligrosidad de los delincuentes en esas ciudades?

También hay que considerar aquí que al haberse hecho una convocatoria de vacantes hace apenas tres meses, los que han obtenido plaza en ese concurso ahora se ven privados de solicitar un nuevo destino, estafando así sus expectativas de destino, ya que muchos de ellos no hubiesen pedido de haber sabido que tres meses después se iban a producir vacantes en ciudades y poblaciones en las que desde hace años no se produce vacante alguna.

Por otra parte, la situación en que quedan 96 comisarías (36,5%) de toda España es verdaderamente lamentable, ya que al quedar cub,iertas únicamente por cinco funcionarios del CSP y que, descontando al comisario jefe y al subcomisario segundo jefe, quedan tres inspectores como personas efectivas, se verán abocados a ocuparse de tareas meramente burocráticas, dejando a un lado la información y la investigación y persecución de los delitos. Con esto lo que ha conseguido el señor ministro del Interior es crear cerca de quinientos burócratas, cuando, dicen que uno de los objetivos primordiales del Ministerio es sacár a los funcionarios de Policía a la calle a realizar tareas exclusivamente policiales.

Tenemos también el ejemplo de seis comisarías (Puertollano, Manresa, Prat de Llobregat, Ponferrada, Gandía y Seo de Urgel) donde las plantillas han sido reducidas drásticamente al 50%, e incluso al 60% de sus efectivos anteriores, lo cual nos lleva a preguntamos si es que anteriormente el número de hombres era manifiestamente excesivo o es ahora cuando el número es manifiestamente insuficiente.

Los millones de los traslados

Hemos de referimos a que este afán del Ministerio del Interior de que sus funcionarios hagan turismo (turismo forzoso muchas veces), con el incesante ir y venir de un lado para otro, acarrea unos gastos muy elevados que, en lo que se refiere sólo al CSP, hemos calculado alcanza la cifra de cien millones, solamente considerando agregadurías y traslados (dietas, viajes y transportes de muebles). Y este derroche contrasta con la actitud del Ministerio por lo que respecta a cualquier tipo de aumento de sueldo y abono de incompatibilidades.

También hay que considerar el problema moral y personal y el grave trastorno económico que les causa a muchos funcionarios que, tras años de esperar en ciudades y poblaciones en las que se sentían desarraigados y a disgústo han podido acercarse, cuando se crearon estas comisarías, a su tierra natal o a zonas menos conflictivas, y que ahora son forzados a abandonarlas. Porque no nos engañemos, existe prácticamente el mismo número de vacantes de subcomisarios (103) y de inspectores (678) que de excedentes numéricos (113 y 644, respectivamente), y considerando que la convocatoria es abierta, muchos de los excedentes no podrán conseguir plaza donde desean y tendrán que ir a un destino de carácter forzoso, y que de alguna forma habrá que resarcirles.

Por último, sólo nos queda señalar que la solución a los problemas de la seguridad ciudadana pasa por una reforma seria de los cuerpos de seguridad del Estado acorde a los tiempos modernos que vivimos, haciendo caso omiso de rivilegios y elitismos y poniendo la meta final de este proceso readaptador a las nuevas circunstancias en la necesaria unificación de la Policía.