UCD impone la "moral pública" como límite penal de los derechos de reunión, manifestación y asociación

A pesar de la cerrada oposición de los grupos parlamentarios de izquierda, Unión de Centro Democrático (UCD) logró ayer por la fuerza de sus votos imponer el concepto indefinido de moral pública como uno de los límites penales que, de no respetarse, pueden hacer delictivo el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación reconocidos en la Constitución. La postura del partido del Gobierno se abrió paso durante el debate mantenido en la Comisión de Justicia del Congreso en torno al proyecto de ley de reforma del Código Penal en materia de delitos relativos a las libertades de expresión, reunión y asociación.

Las posiciones enfrentadas de UCID y de los grupos de izquierda, principalmente el socialista, se manifestaron también en la discusión a la totalidad del proyecto de ley de retribuciones del personal al servicio del poder judicial, y del proyecto que establece el cobro de las multas gubernativas y administrativas por faltas de circulación mediante la vía de apremio judicial. Socialistas y comunistas defendieron sin éxito la devolución al Gobierno de los citados proyectos de ley.La introducción en el Código Penal del respeto a la moral pública como uno de los límites al ejercicio de los derechos constitucionales de reunión, manifestación y asociación mereció duros calificativos por parte de socialistas y comunistas. Los primeros calificaron el hecho de «auténtica barbaridad », por boca del diputado Virgillo Zapatero,y denunciaron la alta ración de moralina que, a su juicio, contenía la posición mantenida por el partido del Gobierno. Gregorio Peces-Barba no dudó en calificar la actitud de UCD como inconstitucional, ya que los artículos de la Constitución que reconocen los derechos de reunión, manifestación y asociación no se refieren para nada al respeto a la moral pública como límite para el ejercicio de dichos derechos. Los comunistas, por boca del diputado Josep Solé Barberá, calificaron, por su parte, la posición de UCD de «desafortunada».

En nombre de Unión de Centro Democrático, el diputado Antonio Vázquez Guillén respondió con fuerza a las denuncias de los grupos de izquierda. Reconoció que el concepto de moral pública era indeterminado, pero que era precisamente una labor propia de los tribunales determinar sus contornos, de acuerdo con las exigencias de cada momento histórico. Añadió que su partido aceptaba la existencia de una moral pública, cuyo concepto no era necesariamente asimilable a las apreciaciones morales que puedan tener ciertos grupos o personas particulares.

Mientras UCD defendía con éxito la introducción en el Código Penal de un límite al derecho de asociación, no contemplado expresamente en la Constitución, los autores y los ponentes del proyecto de ley de reforma del Código Penal en materia de delitos relativos a la libertad de expresión, reunión y asociación estuvieron a punto de olvidar la penalización de las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar, prohibidas expresamente por la Constitución. El olvido pudo ser reparado mediante la oportuna aceptación de una enmienda comunista que preveía este supuesto. Todos los grupos sin excepción aceptaron la enmienda comunista y, en consecuencia, quedaron declaradas en el Código Penal como asociaciones ilícitas las de tipo secreto y las de carácter paramilitar.

Otro punto que mantuvo el enfrentamiento entre UCD y los grupos de izquierda fue el referido a la consideración como delito la publicación de impresos clandestinos. Los socialistas mantuvieron la tesis de que los impresos clandestinos y las emisiones igualmente clandestinas de radio o televisión constituían infracciones administrativas, que ya están contempladas en leyes de esta naturaleza y que, por tanto, no pueden ser consideradas al mismo tiempo infracciones de carácter penal. En este tema, la oposición sólo logró, mediante la aceptación de una enmienda comunista, definir con mas precisión el tipo delictivo de impresos clandestinos, que en el proyecto del Gobierno quedaba al criterio de la legislación reguladora de prensa e imprenta.

Con anterioridad, la Comisión de Justicia debatió las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos Socialista y del PNV a la ley de retribuciones del personal al servicio del poder judicial. El diputado Marcos Vizcaya, en nombre del PNV, alegó que el aspecto retributivo del personal judicial forma parte de la ley Orgánica del Poder Judicial y debe ser contemplado cuando se inicie el debate parlamentario de esta última disposición. El Grupo Socialista, por boca del diputado Leopoldo Torres, alegó varias razones de fondo para la devolución al Gobierno del citado proyecto de ley. En síntesis, el Grupo Socialista se pronunció por que el Gobierno sustituyese este proyecto de ley por otro anterior del propio Gobierno, en el que se incluía en el régimen especial retributivo de la Administración de justicia a los oficiales, auxiliares y agentes judiciales. UCD, por boca del diputado Bravo de la Laguna, se opuso a una y otra enmienda. Estimó que el tema retributivo del personal de la Administración de justicia exigía una solución urgente y anunció que su grupo no cierra el camino de la negociación en lo que se refiere a las reivindicaciones que seanjustas del personal auxiliar de ¡ajusticia. Aventuró que, en este punto concreto, el proyecto de ley del Gobierno podría mejorarse cuando fuera informado por la ponencia. Como prueba de la buena disposición de su grupo y del Gobierno, adujo la reunión mantenida ayer en el Ministerio de Justicia entre representantes de la política económica del Gobierno y de los representantes del personal auxiliar de la justicia.

La oposición socialista y comunista tampoco tuvo éxito en su pretensión de que fuera devuelto al Gobierno el proyecto de ley por el que se establece el cobro por vía judicial de las multas impuestas por los gobernadores civiles y por los delegados de tráfico por faltas de circulación. Los socialistas denunciaron que el citado proyecto de ley convierte a losjuzgados municipales y de distrito, ya sobrecargados de trabajo, en simples recaudadores, tarea que no es propia de lajusticia. El diputado socialista Pablo Castellano calificó este proyecto de «chapuza oportunista salida de la mente del legislador con la única finalidad de aumentar la caja y de no respetar los derechos ciudadanos». Al proyecto también se opuso Coalición Democrática, que, a través del diputado De la Vallina, estimó que la Administración del Estado no puede echar sobre las espaldas de la justicia funciones que le son propias, como son las de ejecutar sus propios actos.