Los diputados de UCD no admiten el documento episcopal sobre el divorcio para la sociedad civil

Cuarenta y cinco diputados de UCD, entre ellos varios ministros del Gobierno, han respondido a una encuesta planteada por EL PAÍS sobre la opinión que les merece el documento de los obispos en torno al divorcio y distintos aspectos relacionados con su partido y la futura ley de disolución del matrimonio. Las respuestas de los diputados de UCD, partido que, probablemente, impondrá, por razones numéricas y de gobierno, el texto de divorcio que haya salido de sus filas, y que, por razones de procedencia de sus miembros y de la muy reciente aconfesionalidad del Estado, mantiene fuertes vinculaciones con la Iglesia Católica, difieren en algunos aspectos, pero no demasiado, en el fondo de las cuestiones.

Los enfrentamientos que en el seno del partido está suscitando el tema se traslucen y fueron confirmados a EL PAÍS por el propio ministro de Justicia. Iñigo Cavero, quien, por cierto, dijo por toda contestación a la encuesta: «Le responderé con un proyecto de ley»

En primer lugar, puede decirse que sus señorías son abrumadoramente católicas, aunque con distintos matices, si bien una de ellas respondió con algo demasiado rotundo: «Si digo que no, me echan del partido.» Otros diputado algunos de los cuales se quejó de los continuos aplazamientos que el Gobierno está dando al tema del divorcio, «por miedo a la Iglesia y por las disensiones en la propia UCD pidieron ser avisados de cuándo se publicaba la encuesta, «porque no quiero que la vea mi mujer». Posiblemente, por pensar que evitan problemas en este sentido, cuatro parlamentarios declaran tajantemente que jamás harán uso del divorcio: el vicepresidente Fernando Abril. Sebastián Martín Retortillo, Guillermo Medina y Jesús Viana. Un quinto. Emilio Attard, tampoco piensa divorciarse, «porque ya a mi edad...».

Además de preguntarles sus creencias, para conocer el grado en que podía incidir sobre ellos el documento episcopal sobre el divorcio, se plantearon a los diputados de UCD otras cuestiones, como si eran o no partidarios de introducir el mutuo consenso entre los cónyuges como causa de divorcio, si estaban de acuerdo con los obispos cuando decían que «el divorcio no es un derecho de la persona humana», o cómo resolverán el dilema que algunos sectores, preferentemente vinculados al Opus Dei, entre ellos el ministro de Administración Territorial, Antonio Fontán, han planteado: que no se exija en esto disciplina de partido y se permita, por el contrario, la libertad de voto.

La gran mayoría de los encuestados no se ha leído el documento episcopal, aunque también los hay que están muy enterados y ofrecen, incluso, una pista sobre quién ha cortado el bacalao: «Sé que los obispos han hecho un extraordinario esfuerzo para llegar al consenso y que éste se ha producido quizá a instancias de monseñor Dadaglio», dirá Julen Guimón, diputado por Vizcaya.

El ministro Joaquín Garrigues es el único encuestado que ha planteado la necesidad de convocar un referéndum sobre el tema del divorcio, a pesar de que iba en los programas electorales de los partidos que más votos han conseguido yen el de la propia UCD. Luis Gamir opinará sobre esto que sería una guerra de religión que no beneficiaría a nadie.

Algunas respuestas no son precisamente una muestra de firmeza de convicciones. Cuando se le pregunte a Elena Maria Moreno, diputada por Pontevedra, si el mutuo acuerdo entre los cónyuges es para ella causa suficiente de divorcio, responderá: «No lo sé, en unos casos, sí, en otros, no. Por lo general, yo creo que sí.» Mariano Alierta, diputado por Zaragoza, responderá a la pregunta de si cree que el divorcio es un derecho humano: «Yo soy ingeniero industrial y economista.» Y añadirá que, conforme se hace mayor, cree en la familia, pero no en el mantenimiento de nadas circunstancias, 'desde el punto de vista civil.

Es especialmente reseñable la respuesta de Emilio Attard, diputado por Valencia, cuando se refiere a que «quien acepta la doctrina católica en su totalidad no puede disolver su vínculo matrimonial más que por la vía del derecho canónico. Ahora bien, aquí habría que matizar unas cuantas cosas; la interpretación es tan variable... Mire lo que le pasó a un cliente mío: pedía algo tan elemental como la separación de cuerpos y bienes, y la Curia española de entonces se lo negó. Remitimos el caso a un tribunal católico de Sao Paulo, y en pocos días, como quien dice, no sólo conseguimos eso, sino también la disolución del vínculo. Ahora, mi cliente vive muy feliz en segundas nupcias. Y claro, que su cedan estas cosas es tan opinable... Además hay otra cuestión: si un señor mata a otro, con un buen abogado le pueden condenar a treinta años y después queda libre. ¿Por qué entonces, cuando uno se casa, tiene que estar condenado toda la vida? Je, je. je.

Hay que hacer constar que los diputados ucedistas no piensan que el garbanzo negro de su partido en el tema del divorcio sean exclusivamente el ministro Fontán y quienes se aproximan a sus ideas. Otro ministro aludió a una carta, «y esa carta me consta que existe, porque la he visto», dijo, dirigida por un diputado a los obispos, en la que les dice, poco más o menos, que se han quedado demasiado cortos con su documento sobre el divorcio. También aludió a un artículo aparecido en la prensa contra el proyecto de ley de disolución del matrimonio, y especialmente contra el ministro de Justicia, Iñigo Cavero.

El firmante de este articulo, Manuel Díaz Pinés, diputado por Ciudad Real, tiene abierto expediente en el comité de disciplina del partido. Preguntado por EL PAÍS, respondió que él no era quien había dirigido carta a Ios obispos después de conocido el documento episcopal, sino que se había dirigido a ellos antes. El señor Díaz Pinés respondió amablemente al cuestionario de este periódico, pero retiró sus contestaciones a instancias de las altas esferas de UCD, que le han pedido que no haga ninguna declaración.

1 ¿Es usted católico?

El que dos terceras partes de los encuestados hayan respondido a esta respuesta con un escueto sí no ha impedido a algunos de sus compañeros de partido hacer toda clase de matizaciones. Desde la reiteración de José Luis Álvarez- «Sí, si claro»—, hasta el mero formulismo de «Católico bautizado nada más»: de Luis Berenguer: el «Soy bautizado», de Antonio Alfonso Quirós, o la respuesta un poco más específica del ministro de Universidades e Investigación. Luis González Seara — bautizado, pero no practicante»—, los diputados ucedistas han dado una amplia gama de respuestas. Entre los «católicos de bautismo» están Carmen Solana. Lorenzo Olarte. Luis Berenguer y Ramón Álvarez de Miranda: luego los hay «católicos, pero no practicantes», como José Manuel García Margallo y Antonio Márquez: también hay uno «católico practicante más bien regularcillo» (Fernando Bergasam, presidente de la Junta de Canarias) y otro «practicante no demasiado bueno, pero en fin» (Pío Cabanillas). Incluso Emilio Attard dice que «Soy católico y quiero ser practicante».

El diputado por Zaragoza Mariano Alierta reconoce que «Soy un hombre religioso, pero no voy para la santidad», y su compañero de Tenerife Zenón Mascareño responde con un «Hasta ahora, sí», casi como una invitación a repetirle la pregunta dentro de dos meses. Joaquín Muñoz Peirats dice: «Soy católico y lo peor es que soy practicante. »

Junto a los que se niegan a manifestar sus creencias «porque la Constitución no obliga a ello» (Eduardo Moreno Díez) o porque «Nunca hablo de mis creencias, pero no soy agnóstico» (José Antonio Trillo), está Miguel Herrero de Miñón, quien afirma que «Soy católico y practicante, pero esa pregunta es inconstitucional».

Sebastián Martín Retortillo va un paso más allá y hace un auténtico artículo de ley de aceptación de la doctrina: «Cuando estaba en la Oposición democrática nos negábamos a contestar a esta pregunta: ahora, no: «Soy católico y creo en el infierno, en el diablo y en la Inmaculada Concepción».

Los que hicieron más gala de su catolicismo militante fueron José Luis Álvarez, Antón Canyellas y Jesús Viana y. en menor medida, José Javier Rodríguez Alcalde y Alfonso Soler Turmo.

2 ¿Qué opinión le merece el texto de los obispos?

La gran mayoría de los encuestados respondieron que el documento episcopal sobre el divorcio era la simple opinión de la Iglesia, que debía afectar, en todo caso, a los católico, pero que, en ningún caso, era vinculante para toda la comunidad social. Muchos de ellos reconocieron no haberlo leído si quiera y muy pocos admitieron que la opinión de la jerarquía católica hubiese modificado sus planteamientos iniciales. Como dijo el diputado por Álava, Jesús María Viana, la declaración episcopal «no ha sorprendido a nadie. Ha estado en la línea que ya esperábamos.

Sin embargo, algunos lo han criticado duramente. Así, para el diputado por Valencia Joaquín Muñoz Peirats es un texto totalmente extemporáneo: «Han tenido el detalle de presentarlo en un momento en el que la separación entre la Iglesia y el Estado es ya un hecho y, además, un hecho plasmado en la Constitución. Es por esto que no veo muy elogiable la postura de los obispos. Han querido influir una vez más en la esfera civil, como ya lo hicieron en las elecciones legislativas, y esta actitud me parece reprobable.» En términos similares se expresó el diputado por Almería y presidente de la comisión de Disciplina de UCD, Alfonso Soler Turmo: «Soy católico practicante y, como tal, respeto el texto, pero considero que los obispos se meten demasiado en terreno civil, y aunque digan que respetan a la sociedad civil, deberían haber pensado que su in fluencia es todavía muy notable entre todas las personas por esto pienso que no deberían haberse pronunciado como lo han hecho.

«Regresivo, reaccionario y conservador»

Un buen grupo de diputados canarios no dudaron, al calificarlo, de regresivo, reaccionario y conservador: estos fueron, Lorenzo Olarte, Fernando Bargasa y Juan Julio Fernández. El otro diputado tinerfeño, Antonio Alfonso Quirós, tampoco puso reparos a la hora de contestar: «Estoy en total desacuerdo, porque los obispos no deben mezclarse en cuestiones propias del Parlamento. Las Cortes legislan para los súbditos del Esta do; los obispos, que se dirijan a los súbditos de la Iglesia.»

A la diputada por Sevilla Soledad Becerril le hizo poca gracia que los obispos se salgan de lo que ella considera «límites de la Iglesia». «No veo por qué», explicó, «tienen que dejar su terreno y meterse en el campo de la sociología, de lo civil.»

Otros, como Julen Guimón (Vizcaya), aseguraron que los obispos se habían pasado a la hora de profetizar las catástrofes sociales que pudieran originarse con una ley de divorcio civil: «Pues yo, la verdad, no creo que las consecuencias negativas del divorcio sean mayores que las que pudieran producir las separaciones legales o las anulaciones matrimoniales que conceden los tribunales eclesiásticos.» El señor Guimón aseguró saber muy bien de qué estaba ha blando porque, dijo, «yo soy un experto en el tema. Estoy actualmente separado y me acogeré a la futura ley de divorcio.

Tema de responsabilidad

También hubo quien le quitó importancia a la voz de la Iglesia: «Es un documento como otro cual quiera y a mí no me va a influir para nada» (Dolores Pelayo, Tenerife), «respeto lo que hagan, pero no lo voy a aceptar» (José García Pérez, Málaga) o «mi punto de vista es muy distinto, y como yo no soy ni obispo ni sacerdote...» (Alberto Estella, Salamanca). En esta línea podría encuadrarse la respuesta del diputado por Valladolid, Ignacio Camuñas, quien considera que los católicos han alcanzado ya un grado de madurez suficiente como para que sean sus concepciones personales de libertad y de responsabilidad las que determinen sus decisiones en este campo, y no dar más valor que el que tiene (como simple referencia) al documento.

Dentro de un tono respetuoso hacia la Iglesia, fueron escasas las respuestas exclusivamente elogiosas para el documento episcopal, pero también las hubo. Antón Canyellas, que se declaró muy católico, dijo que como tal, él consideraba el documento muy correcto. Pío Cabanillas fue más explicito: «Tiene tres ventajas, es oportuno, es muy claro y está formulado en cumplimiento de la obligación pastoral hacia los católicos. Las tres cosas merecen mis plácemes, porque sitúan una posición absolutamente necesaria para los políticos, que ahora ya sabemos a qué atenernos. Ahora bien, la política tiene también un carácter laico, por lo que la ley del divorcio tiene que dejar a salvo el problema de la conciencia y de la confesión religiosa.»

En general, las respuestas de los parlamentarios centristas dejaron muy claro que la Iglesia, ya que estarnos en un país donde existe la libertad de expresión, tiene todo el derecho a decir lo que considere conveniente, pero también tienen muy claro los señores diputados que «una cosa es la ética religiosa y otra muy distinta la ética del legislador». Este punto concreto, sobre el que los obispos pusieron especial énfasis en sus documentos: «el legislador debe meditar muy seriamente sobre los males sociales y morales del divorcio y. en todo caso, que sepan los católicos que el hipotético divorcio civil no disolverá su vinculo matrimonial y que la doctrina de la Iglesia permanece inmutable», fue sistemáticamente rechazado por estos posibles legisladores. Soledad Becerril dijo: «Los legisladores debemos tener en cuenta la opinión de las instituciones, pero no podemos olvidar que representamos a un país con católicos, no católicos y miembros de otras confesiones.» Eduardo Moreno Diez (Valladolid): «Los legisladores deben atenerse a la Constitución, la máxima ley esta tal, y ahí se indica ya la posibilidad de disolución del matrimonio.» Antonio Faura (secretario del Grupo parlamentario y diputado por Tarragona): «Procuraré legislar de tal manera que lo que resulte esté de acuerdo con la realidad sociológica.» José Antonio Trillo (Orense) concluyó: «Desde el punto de vista de los obispos, son coherentes, lo han hecho muy bien. Lo que no se puede imponer uniformemente en una sociedad civil y plural son las consecuencias de unas determinadas confesiones religiosas. El legislador debe atender más a los problemas que plantea la sociedad que al prisma exclusivo de una confesión religiosa, por muy mayoritaria que ésta sea.»

La frase textual del documento de los obispos: «No podemos admitir que la regulación civil del divorcio sea un derecho de la persona humana», ha sido sistemáticamente rechazada por la mayoría de los diputados entrevistados, sobre todo porque la jerarquía eclesiástica no introduce la palabra católica al referirse a la persona humana.

"Un derecho poco serio"

Desde quien opinó que «el mismo derecho que tiene una persona para casarse lo tiene para divorciarse» (Lorenzo Olarte), hasta quienes lo negaron, como Antón Canyellas: «Qué va a ser un derecho, ni las Naciones Unidas lo han considerado así'>, o Herrero de Miñón: «Se tiene derecho para efectuar un contrato, no para disolverlo», o Alberto Estella y Fernando Bergasa, hasta quien lo consideró una frivolidad: «No. Los derechos humanos son cosas muy serias» (Sebastián Martín Retortillo), pasando por quien se mostró muy cauteloso; Pío Cabanillas: «Este es, desde luego, el apartado más discutible del texto episcopal» y por quien ve que primero hay que «cubrir los derechos humanos que sólo existen a nivel de papel, y luego trataremos el derecho a divorciarse», como es el caso de José A. Trillo. La declaración más expresiva puede ser la de Jesús María Viana, que aseguró haber renunciado a este derecho a cambio del sagrado sacramento del matrimonio. Pero la mayoría, veintitrés, contestaron que el divorcio puede ser un derecho humano o civil.

3 ¿Debe primar la conciencia o la disciplina?

Por una ligera mayoría (diecisiete contra catorce), los diputados entrevistados consideran que a la hora de votar cuestiones relacionadas con el divorcio debe primar la disciplina de partido sobre la con ciencia individual. Al margen de estos dos grupos de respuestas claras, diez diputados cor que preferirían que fuera un tema de conciencia, pero se avendrán a la voluntad disciplinaria de UCD.

Entre estos últimos, el ministro d Sanidad y Seguridad Social. Juan Rovira, opina que «aunque lo importante en la vida es actuar con arreglo a la conciencia individual. la disciplina del partido es necesaria, y sólo en el caso de un choque frontal ideológico, debería prevalecer la conciencia. Sin embargo, en el programa de UCD, la posición del partido respecto al divorcio está muy clara». Ignacio Camuñas, Álvarez Miranda, Emilio Attard, Pío Cabanillas y Juan Julio Fernández aseguran que preferirían libertad de voto, pero que se atendrán a la disciplina. El parlamentario Julen Guimón es más tajante: «Votaré en favor de la ley del Divorcio si se respetan los derechos de la prole, si no. no.»

Como ejemplos de disciplina destaca la respuesta de Martin Retortillo: «Claro, claro, yo soy muy disciplinado siempre», o Lorenzo Olarte: «Aun siendo yo divorcista, si mi partido presentase una ley contraria, la votaría. Y el que no esté de acuerdo», concluye, «que se cambie de partido.» Igual piensan Fernando Bergasa, José García, Antonio Faura, Guillermo Medina, Juana Arce, Carmela García Moreno, Dolores Pelayo y Luis Berenguer, entre otros.

Mención aparte, por tratarse del portavoz del Grupo parlamentario, para el diputado Jiménez Blanco, quien, tras mantener la primacía de la disciplina sobre la conciencia, apoya su tesis con la explicación de que «este tema en casi ningún Parlamento europeo es de conciencia». Justo el mismo argumento que utilizarán Soledad Becerril y José Luis Álvarez, para apoyar la tesis contraria. También piensan que el divorcio es un tema exclusivamente de conciencia, Rodríguez Alcalde, los ministros Garrigues y González Seara, Herrero de Miñón y Muñoz Peirats, entre otros.

Para el diputado por Tenerife, Zenón Mancareño Alemán «se debe respetar la disciplina de partido, pero en este tema tan importante, habría que dejar libertad de con ciencia al votar».

¿Han de tener el mismo tratamiento jurídico las parejas con o sin hijos?

A esta pregunta, una abruma dora mayoría se pronunció en favor de un tratamiento distinto: deben tener más facilidades legales a la hora de divorciarse las parejas sin hijos.

Las excepciones corrieron esta vez a cargo de Jesús Maria Viana: «Lo que no admito es que la existencia de unos hijos amarguen la vida de los padres en trámite de separación.» Soledad Becerril. José García. Elena María Moreno y Antonio Delgado no desearían diferencias. Para Carmela García Moreno, «habría que flexibilizar los plazos, no sólo por la existencia o no de los hijos, sino también por la duración del matrimonio». Y, finalmente, hubo una respuesta difícil de clasificar, la de Mariano Alierta: «Sin hijos debería ser menos complejo, lo cual no quiere de cirque más fácil.»

4 ¿Admite el mutuo consenso como una de las causas de disolución del matrimonio?

En el tema del mutuo consenso, las opiniones de los diputados centris tas aparecen divididas. Hay señorías partidarias de que se establezca entre las causas de divorcio: «Es la primera causa que debe haber», dirá Dolores Pelayo, tinerfeña, aunque añada: «Soy partidaria del mutuo acuerdo, que es diferente al mero disentimiento.» También apoyan esta opinión el ministro González Seara, «aunque con matizaciones»; Soledad Becerril, Carmen Solana, Ignacio Camuñas, Lorenzo Olarte, Luis Gamir y Eduardo Moreno Diez, este último «si responde a una imposibilidad de convivencia con causas profundas».

El paquete del no rotundo está mejor provisto que el anterior. No consideran que los cónyuges puedan divorciarse por acuerdo entre ellos, los ministros Abril Martorell y Rovira Tarazona —el primero no necesita ni esta causa ni otras, por que ha anunciado en esta misma encuesta que jamás acudiría al divorcio—, José Luis Álvarez, Fernando Bergasa, Antón Canyellas, Miguel Herrero de Miñón, Félix Pérez Miyares, Sebastián Martín Retortillo, Antonio Faura, Alberto Estella, Antonio José Delgado, la albaceteña Juana Arce —«tiene que haber causas serias»—, Marisol Arahuetes — « Debe haber otras causas»— y Antonio Orpez, quien dice que un divorcio consensuado puede ser visceral.

Para Pío Cabanillas «hay que procurar no llegar al divorcio por mutuo acuerdo», pero su negativa no es tajante. Igual sucede con las opiniones de Jesús María Viana —»No soy partidario de que exista el mutuo consenso en una primera ley.»—, Zenón Mascareño — «Hay que condicionarlo a la influencia sobre terceras personas, como los hijos.»—, o el portavoz del Grupo parlamentario centrista, Antonio Jiménez Blanco, quien, pese a que afirma que no se pronuncia, «por que soy el portavoz», explica una tesis mantenida por varios compañeros suyos: «En una primera ley no debería existir el mutuo consenso como causa de divorcio, porque dado el status social de las mujeres, cuya gran mayoría son de profesión sus labores, se las dejarla muy desprotegidas.»

Hay, incluso, algunos diputados que consideran que el divorcio, por mutuo consenso, puede ser una puerta de comunicación con las revistas del corazón, un paso previo para asimilar este país a lejanas ciudades norteamericanas. Son los que hablan de que si se aceptara el acuerdo entre los esposos para poderse divorciar esto sería «Reno o Las Vegas». Por eso, aunque dan un si al mutuo consenso, piden «normas que lo compliquen», como el ministro Garrigues, o «cautelas en defensa de los hijos» (Julen Guimón). No se debe, pues, «minusvalorar el matrimonio y convertirlo en un divorcio tipo Las Vegas» (Mariano Alierta), porque «lo de Las Vegas es un divorcio de pitorreo» (Juan Julio Fernández).

Por t hay otro grupo amplio de encuestados que admiten el acuerdo entre los cónyuges como causa de divorcio, siempre que se le pongan algunos peros, que no siempre especifican claramente los parlamentarios. «Habría que establecer limitaciones al mutuo consenso, para que el matrimonio no se convierta en una institución de quita y pon», dice Joaquín Muñoz Peirats, o «dar un margen de tiempo en evitación de un divorcio alocado, producto de una disputa o acaloramiento conyugal», como afirma el tinerfeño Antonio Alfonso Quirós. Luis Berenguer, José Javier Rodríguez Alcalde, Ramón Álvarez de Miranda, José Manuel García-Margallo y Guillermo Medina, entre otros, aceptan el mutuo consenso con cautelas temporales. Carmela García-Moreno responde: «No soy partidaria del mutuo consenso todavía, en este momento y en esta sociedad.»

Contestaron a la encuesta:

Fernando Abril: Antonio Alfonso Quirós: Mariano Alierta; José Luis Álvarez; Ramón Álvarez de Miranda; Soledad Arahuetes; Juana Arce; Emilio Attard; Soledad Becerril; Luis Berenguer; Fernando Bergasa; Pío Cabanillas; Ignacio Camuñas; Antón Canyellas; Antonio José Delgado; Alberto Estella; Antonio Faura; Juan Julio Fernández; Luis Gamir; José M. García Margallo; Carmela García Moreno; José García Pérez; Joaquín Garrigues; Luis González Seara; Julen Guimón; Miguel Herrero de Miñón; Antonio Jiménez Blanco; Antonio Márquez; Sebastián Martín Retortillo; Zenón Mascareño; José Luis Mederos; Guillermo Medina; Eduardo Moreno; Elena Maria Moreno; JoaquÍn Muñoz Peirats; Lorenzo Olarte; Antonio Orpez; Maria Dolores Pelayo; Félix Pérez Millares; José Rodriguez Alcalde; Juan Rovira Tarazona; Carmen Solano; Alfonso Soler Turmo; José Antonio Trillo y Jesús María Viana.

No quisieron responder:

EL PAÍS se acercó a Suárez en el bar del Congreso. «Presidente: ¿le importaría contestar a la encuesta?» Adolfo Suárez, con su amplia y estudiada sonrisa, dijo: « ¡Claro que sí me importaría! Es decir, no le respondo.» Después se interesaría por saber cómo se estaba desarrollando la encuesta.

Antonio Fontán, ministro de Administración Territorial, a quien se considera preocupado por las negociaciones Gobierno-Iglesia para el tema del divorcio, manifestó: « ¿Qué me parece el documento de los obispos? Tendría que estudiarme el tema: ahora mismo no lo puedo decir.»

José Pedro Pérez Llorca —«¡Uy, no, no! Mañana, mañana»— y Landelino Lavilla —»Mañana: todavía tengo que firmar»— aplazaron sus respuestas. Gabriel Cisneros también se excusó en varias ocasiones. Miguel Ángel Fernández Arias y el navarro Pedro Pegenaute —le habían dado la tarde con la ratificación del Estatuto Vasco— se negaron simplemente a responder.

Para conocer la respuesta de José Luis Meilán habrá que esperar un tiempo, porque prometió darla «cuando pase la tormenta del Estatuto Gallego. Ahora no quiero hablar de ningún tema».