La Diputación, contra el proyecto de ley de centros inocentes de UCD
Una propuesta del diputado socialista Jesús González Escribano en la que se pedía a la Diputación que mostrara su disconformidad con el estatuto de centros docentes presentado por UCD,«i las Cortes levantó una fuerte polémica entre la mayoría de izquierdas y la oposición en la Diputación Provincial. Carlos Revilla, que calificó de bochornosas algunas de las polémicas suscitadas, afirmó que esta postura de obstrucción de los diputados ucedistas era la mejor forma de apartarse a sí mismos del gobierno de la Diputación.
El acto comenzó con la lectura de un comunicado pidiendo la libertad de Javier Rupérez. Ya en el orden del día, y como estaba previsto (véase EL PAIS de ayer), los ucedistas se negaron a apoyar dos mociones presentadas por Luis Larroque respecto a la posible: inconstitucionalidad de. dos decretos del Ministerio de Obras Públicas por los que se obligaba a la Diputación a elegir sus representantes, de forma que UCD tenía asegurado uno de los dos puestos.Poco más tarde, los ucedistas se negaron a aprobar varios asuntos por el hecho de que se remitían al pleno desde los órganos de gestión de las residencias de ancianos u otras entidades en las que ellos no participan. Aquí se produjeron ya las primeras risas porque, en aplicación de su postura, los diputados de UCD se negaron a devolver una fianza de 32.850 pesetas a la sociedad Ibérica de Almacenistas de Patatas, entre otros temas. Dejando aparte el anecdotario, Luis Larroque y Eduardo Ferrera pidieron a los servicios jurídicos de la Diputación que estudien si se puede votar en contra de devolver una fianza que legalmente pertenece a la empresa en cuestión.
Mientras el secretario leía los puntos del orden del día sin necesidad de aclaraciones, todo iba bien. Pero en el momento en que algún diputado socialista o comunista pedía la palabra para explicar el alcance de alguno de los temas, invariablemente UCD la pedía a continuación para oponerse. Así ocurrió cuando el presidente de la Comisión de Hacienda, José Borrell, expuso la buena situación financiera de la Diputación, que la capacitaba para pensar en la conveniencia de acometer una política expansionista dirigida a solucionar los graves problemas de infraestructura de la provincia.
Primero, Enrique Castellanos, y luego, Juan Manuel Santos, mostraron su preocupación por la forma en que se manejaban los fondos públicos. El segundo manifestó que deben acometerse prioritariamente proyectos generadores de puestos de trabajo, y no sólo consultivos, para no caer en el error de dar el pez en lugar de enseñar a pescar. El señor Borrell, un poco molesto ya, pidió a los diputados ucedistas que, de una vez por todas, le dijeran qué entendían ellos por gastos consultivos, presentaran cifras concretas.
Así fue transcurriendo el pleno. Todos los puntos en que hubo escollos se salvaron por la superioridad del voto de socialistas y comunistas. Fuera del orden del día, el socialista Jesús González ,Presentó una moción e claro contenido político: la Diputación debía mostrar su disconformidad por el proyecto de ley de estatuto de centros docentes no universitarios, al que el diputado calificó de antidemocrático en base a una larga enumeración de aspectos que para la izquierda constituyen graves deficiencias. El señor Castellanos utilizó como recurso para mantener su postura contraria el que dicho proyecto de ley se debatía en las Cortes y que no era competencia de la Diputación ni podía interferir en las tareas del Parlamentó.
La posición de la izquierda fue que la Diputación contribuye con sus recursos a edificar y mantener escuelas en la provincia y que está capacitada para dar su opinión sobre temas que afecten a toda la población, aunque se debatan en otros niveles políticos. Sometida avotación, la propuesta fue aprobada por mayoría.
