La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el Estatuto de los Trabajadores

El Estatuto de los Trabajadores, la ley que, en buena medida, va a configurar el futuro de las relaciones laborales en nuestro país quedó el viernes dictaminado por la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados. Cuatro semanas de debates y más de mil votaciones ha requerido la aprobación de este texto que, al final, ha salido de la Comisión de Trabajo en el mismo clima de controversia y polémica con el que llegó a la misma.Como en los días previos a la apertura de los trabajos en la Comisión, al final de los debates el Gobierno -a través de su ministro de Trabajo, Rafael Calvo- insistía en que el Estatuto de los Trabajadores es un instrumento precioso para crear empleo y combatir el paro. Los socialistas, como entonces, se han mostrado posibilistas y moderadamente satisfechos. Y los comunistas, que desde el verano venían calificando el proyecto de ley de «estatuto de la patronal», han calificado de «bodrio» y «aborto» el texto aprobado. En el camino, sin embargo, ha desaparecido del Estatuto la regulación de los conflictos colectivos y el cierre patronal, reivindicación unánime de la izquierda, y la homologación de convenios, así como la exclusión de las secciones sindicales de cara a la negociación colectiva en la empresa. Por el contrario, se han puesto topes a la antigüedad, se ha fijado la jornada laboral en 43 horas semanales, se ha reducido el tiempo sindical retribuido y se ha eliminado la readmisión obligatoria en caso de despido improcedente, entre otros puntos negativos ajuicio de los sindicatos.

Pocas sorpresas

Los debates se han producido tal y como se preveía. La inclusión de los funcionarios públicos en el Estatuto de los Trabajadores, planteada por la izquierda, no pudo llevarse a efecto por la firmeza de UCD en este punto. La pretensión socialista de que los sindicatos pudieran negociar convenios, otra de las reivindicaciones claves de este partido, fue satisfecha por el partido del Gobierno mediante la interpretación en acta del término «representantes legales de los trabajadores». Por representantes legales de los trabajadores, según tal interpretación, se entienden tanto los delegados de personal como los comités o secciones sindicales. Más adelante, en los artículos referentes a la negociación colectiva, UCD asumió, como cabía esperar, las enmiendas socialistas que recogían los acuerdos UGT-CEOE. Lo que provocó, también como cabía esperar a la vista de la larga pugna entre CC00 y UGT por dar mayor protagonismo a los comités de empresa o a las secciones sindicales, la mayor irritación del Grupo Comunista.. Y, finalmente, tal y como se había dicho antes del comienzo de los debates (véase EL PAIS de 27 de octubre), el partido del Gobierno accedió a transferir a un tratamiento legislativo diferenciado la regulación del cierre patronal.

Durante las primeras semanas, que coincidieron con el examen del título I del Estatuto de los Trabajadores, se produjeron graves enfrentamientos entre los partidos de la oposición, que durante jornada y media votaron de forma unitaria, y el del Gobierno. Dos razones explican estos enfrentamientos. En primer lugar, los temas regulados por el citado título, relativos a los derechos individuales del trabajador, que han supuesto las críticas y objeciones más generalizadas al texto por parte de las centrales sindicales. Y, en segundo lugar, el pésimo funcionamiento de la organización de los debates, consecuencia directa del nulo trabajo previo de la ponencia, que provocó desconfianzas e irritaciones innecesarias.

Posteriormente, aprobado ya el título I, el panorama cambió radicalmente en la Comisión de Trabajo. Socialistas y centristas llegaron a un gran entendimiento, con reuniones casi continuas fuera de la Comisión, lo que junto al mejor funcionamiento de os debates, mérito que hay que reconocer al presidente Martín Oviedo y a los vicepresidentes Berenguer (UCD) y Vázquez (PSOE), contribuyó a una mayor diligencia en los trabajos. Paralelamente, fue in crescendo el radicalismo, de comunistas Euskadiko Ezkerra y, en menor medida, del PSA. Los primeros, especialmente, al ir viendo cómo se iban introduciendo en el articulado las secciones sindicales y los acuerdos UGT-CEOE, que ellos siempre habían rechazado.

Finalmente, aunque a punto estuvo de evitarse, surgió el previsto conflicto con los nacionalistas vas-cos. Socialistas y centristas hicieron claras concesiones a este grupo, pero no se llegó al acuerdo definitivo. El miércoles último, tras haber permanecido tres semanas en los debates como convidado de piedra, el diputado Monforte (PNV) tornó la palabra y abandonó los debates. Con él se iría Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, aunque sus razones no coincidían exactamente con las del PNV.

En la última sesión, por último, se registró la renuncia a la voz y al voto del diputado Camacho, tras un furibundo ataque al proyecto de ley, a UCD y a los socialistas.

Confianza de cara al Pleno

El entendimiento entre centristas y socialistas, siempre desmentido y siempre presente en los debates, puede traducirse en algunas modificaciones de fondo en el título I del Estatuto de los Trabajadores de cara al Pleno del Congreso.

Las minorías nacionalistas, casi seguro la catalana y, muy probáblemente la vasca encontrarán satisfacciones suficientes para votar a favor del texto en el Pleno. No habrá, sin embargo, marco autónorno de relaciones laborales para Euskadi en toda la amplitud de la palabra.

El mayor escollo de cara al Estatuto y a su aplicación efectiva procede del PoCE y de CCOO, que siguen movilizando -lo vienen haciendo desde hace meses- en contra del proyecto de ley. Las últimas conversaciones entre el ministro de Trabajo y el secretario general de CCOO, así como la grave situación económica por la que atraviesa el país, pueden, sin embargo, depararnos un acuerdo en el último momento.