Los tribunales eclesiásticos expedientan a las abogadas firmantes del escrito "Yo también he abortado"

La vicaría judicial del arzobispado de Madrid-Alcalá ha abierto expediente a las abogadas firmantes del escrito «Yo también he abortado», hecho público el pasado 20 de octubre, y que ejercen su actividad profesional ante los tribunales eclesiásticos. En caso de ser resuelto negativamente para las interesadas el expediente abierto, la consecuencia sería la suspensión definitiva del ejercicio profesional de las citadas abogadas ante la jurisdicción eclesiástica. Dos de las letradas expedientadas han enviado un amplio informe sobre el tema al Colegio de Abogados de Madrid y a la Asociación de Jóvenes Abogados, en el que manifiestan que «son conscientes de que se les está presionando de forma indigna, con claro prejuicio de terras personas que nada tienen que ver con conductas asumidas por sus letradas al margen de la mera actuación profesional». Algunas de las abogadas expedientadas, en caso de ser sancionadas con la suspensión del ejercicio profesional, dejarían pendientes más de un centenar de causas matrimoniales correspondientes al turno de oficio obligatorio y gratuito.La apertura de expedientes a las abogadas firmantes del escrito a favor de la despenalización del aborto fue solicítada al vicario judicial del arzobispado de Madrid-Alcalá a raíz de la publicación del citado escrito por la junta de fiscales de los tribunales eclesiásticos madrileños. Según el informe enviado por dos de las abogadas expedientadas al Colegio de Abogados de Madrid, la secretaría de los tribunales eclesiásticos viene desde hace algún tiempo denegando los poderes a favor de las letradas expedientadas. Personadas las interesadas en los tribunales eclesiásticos para aclarar la causa del inhabitual comportamiento de dichos tribunales, el secretario manifestó que los mandatos serían retenidos hasta que por escrito manifestaran su postura en relación con la campaña pro legalización del aborto. Lo mismo fue manifestado por el propio vicario judicial a las interesadas, afirmando que el expediente de suspensión en el ejercicio profesional que se les había abierto respondía a sus manifestaciones públicas en torno a la campaña pro legalización del aborto.