Reivindican el derecho a criticar la institución monárquica

El juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial de Madrid contra el director de la revista Saida ya desaparecida, y contra los autores del dossier sobre la polémica Monarquía-República, publicado en el número de dicha revista correspondiente a diciembre de 1977, se convirtió en un debate en torno a los límites de la crítica política a las instituciones del Estado y, más concretamente, a la institución monárquica.

Sentados en el banquillo comparecieron ante el tribunal el periodista Miguel Bayón, en cuanto director de la publicación, y los autores de los artículos incriminados: Eugenio del Río, secretario general de Movimiento Comunista; Adoni Hernández Arana, del comité federal del mismo partido; Miguel Romero, del buró político de la Liga Comunista Revolucionaria, y Carlos Tuya, del comité central del Partido Comunista de los Trabajadores.Los cinco fueron procesados como presuntos autores de un delito de injurias al Jefe del Estado, a raíz de la publicación del número de Saida correspondiente al mes de diciembre de 1977, en el que figuraba un amplio informe sobre el tema Monarquía-República, del que formaban parte los artículos Viva la República y la Monarquía y la Constitución, que sirvieron de base a la querella del ministerio fiscal. La acusación pública solicita para cada uno de los procesados la pena de seis años de prisión menor.

El director de Saida, Miguel Boyer, de cuya presencia en el banquillo se extrañó su abogado, ya que el Código Penal establece que el director de una publicación sólo será judicialmente perseguido en caso de no ser hallados los autores del texto incriminado, enmarcó la publicación del dossier Monarquía-República dentro del debate constitucional, en el que se incluía la forma de Estado y de Gobierno, que tenía lugar en el Parlamento y en los medios informativos en diciembre de 1977. Los procesados, a preguntas de sus abogados, reivindicaron el derecho a criticar políticamente la institución monárquica.

El ministerio fiscal, que mantuvo la petición de seis años de cárcel para cada uno de los procesados, negó que los acusados estuvieran ante el tribunal «por entender que la República es mejor que la Monarquía». «El ministerio fiscal», dijo, «nunca se querel.lará por esto, ya que la opción republicana puede ser defendida legalmente. » Sin embargo, el legítimo debate sobre las excelencias y defectos de la Monarquía y de la República fue sustituido en los artículos incriminados, según el representante del ministerio fiscal, por una crítica a esta Monarquía y a la persona. que actualmente encarna esta institución. «Se puede centrar la crítica», concluyó el fiscal, «en los aspectos políticos y en el comportamiento público de esta persona, pero sin referirse, bajo pretexto- de ello, a aspectos personales que pueden rendundar en su deshonor y descrédito. »

La defensa de los procesados, a cargo de los letrados Pablo Castellano., José Miguel Martínez González del Campo, Francisca Sauquillo y José María Mohedano, resaltó que, en los artículos incrimiriados no hay ninguna referencia expresa a la persona del actual Monarca y llamaron la atención del tribunal sobre el momento histórico en que fueron publicados, es decir, en pleno período constituyente, en que los españoles debían tener todos los datos disponibles sobre la Constitución que iban a votar.

El abogado Pablo Castellano recordó a los miembros del tribunal que, mientras se procesaba a unas personas por criticar políticamente a la Monarquía, se permitía que otras profiriesen públicamente frases injuriosas contra los Monarcas, como ocurrió el pasado domingo en la plaza de Oriente.