La Iglesia acusa a la izquierda y a la "indefensión jurídica" de la situación de sus centros de enseñanza

El arzobispo de Zaragoza y presidente de la comisión episcopal para la enseñanza, monseñor Elías Yanes, ha presentado ante la asamblea plenaria del Episcopado Español que se celebra durante esta semana en Madrid un informe de treinta folios, preparado por la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), en el que se señalan, entre las causas de la grave situación de los centros no estatales, «la decidida oposición, de palabra y con hechos, de que son objeto por parte de los partidos de la izquierda», y «la situación de indefensión jurídica para el mantenimiento del ideario». Por otra parte, ayer por la tarde, comenzaron los debates de los obispos sobre el divorcio, tema central de la conferencia, aunque, como comentó uno de ellos, en tono humorístico, «no va a haber ningún susto, porque está todo atado y bien atado».

El informe de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza cita, además de las causas ya señaladas, que confluyen en la situación de los centros no estatales, «la grave situación económica de los centros y de las familias, el deterioro del clima de convivencia, absolutamente necesario para la calidad de la enseñanza las repercusiones de la falta de vocaciones, la opción por una escuela popular cristiana, que pasa necesariamente por la financiación estatal», y «la reintegración de los colegios de la Iglesia en la pastoral local, que exige el respaldo de toda la comunidad local».A juicio de monseñor Montero, portavoz de los obispos, el que la Iglesia hable de «indefensión jurídica» para el mantenimiento de su ideario no quiere decir que se oponga a normativas del poder civil, como la aconfesionalidad del Estado o la ley de libertad religiosa, entre otras cosas porque «también está legislada la libertad de enseñanza», sino que la Iglesia lamenta que no puede defender «la identidad de un colegio al crearlo. Si un profesor anticristiano hace propaganda de sus ideas, el centro se encuentra atado, porque el profesor se acogerá a sus derechos laborales», afirma monseñor Montero. «Entre las condiciones laborales del centro debería estar la aceptación de sus ideologías; sería como una cláusula de conciencia, pero por parte del centro. Es el mismo caso que si despiden a un redactor de El Socialista porque no comparte el ideario de ese periódico.» El comparar un centro educativo con un periódico de partido, utilizado con cierta frecuencia por los dirigentes de la enseñanza confesional, ha sido criticado desde diversos sectores, por considerar que la enseñanza es un servicio público y no un mero vehículo de transmisión ideológica. Por otra parte, estos mismos sectores señalan que no puede decirse que el abanico de opciones en cuanto a centros educativos sea precisamente amplio en España y consideran que muchos padres se ven obligados a llevar a sus hijos a un centro privado por razones de proximidad geográfica o de carencia de plazas estatales. A este respecto, señalan que la Iglesia combatió los pactos de la Moncloa porque crearon 400.000 puestos escolares estatales, y recuerdan que los centros privados no dejan de mostrar su protesta o inquietud cuando en sus proximidades se instala un centro estatal, aunque luego hagan hincapié en que existe libertad de elección de centro.

Días antes de iniciarse las sesiones de la conferencia episcopal, el padre Laureano Suárez, presidente de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, asociación que ha elaborado el texto que están manejando los obispos, dirigió una carta a cada uno de éstos, en la que afirmaba que este es un momento «de gran trascendencia para el porvenir de la educación cristiana y de la escuela católica», y advertía que «los ataques por parte de los partidos y de las centrales sindicales ya han comenzado», por lo que vería «necesario que nosotros ( ... ) sepamos desenmascarar la falsedad de los argumentos empleados en una demagogia bien montada y promover acciones para la justa defensa de derechos y libertades». En la carta del presidente de la FERE se llamaba «ley de financiación a la gratuidad en los centros no estatales» al proyecto que el Gobierno ha titulado «ley de financiación de la enseñanza obligatoria».

Mientras la Iglesia lamenta que los poderes públicos no dicten una normativa jurídica que permita a sus centros «el mantenimiento del ideario», el diputado socialista Luis Gómez Llorente denunciaba hace unos días que «el Gobierno estaba más preocupado por atender a las presiones de los sectores confesionales de la enseñanza que por realizar la política compensatoria que demandan las desigualdades sociales», y hablaba de la falta de prioridades a la hora de proyectar la financiación de la enseñanza. (Más información sobre enseñanza en página 30.)

La conferencia episcopal trató también, en la tarde del lunes y en la mañana del martes, lo que el portavoz de los obispos calificó como «la parte del león, una parte importantísima en la plenaria»: la Iglesia misionera y la España misionera, tema planteado por vez primera a nivel de la asamblea episcopal.

En el tema de las misiones, monseñor Larrañeta, obispo auxiliar en la selva peruana, afirmó que «es imposible una labor de evangelización sin una labor de promoción», y lamentó que el Gobierno no ayude a las misiones. Monseñor Prieto, obispo en Rodesia, explicó los problemas raciales de aquel país y dijo que el movimiento guerrillero era bueno al principio, pero que los líderes políticos se habían formado en Rusia, Cuba y China y habían vuelto con una mentalidad atea, marxista y desafricanizada.