Los Funcionarios, excluidos del derecho europeo a la negociación colectiva

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó ayer la ratificación de la Carta Social Europea, convenio sobre los derechos laborales del Consejo de Europa. La declaración que el Gobierno hace sobre la Carta, que excluye a los funcionarios públicos de la negociación colectiva, provocó la abstención de los Grupos Socialista y Comunista, a pesar de su postura favorable al convenio. El portavoz socialista, Manuel Marín, llegó incluso a advertir que su partido puede reconsiderar si merece la pena seguir coadyuvando con el Gobierno a una política de Estado, a la vista de hechos como éste.La declaración del Gobierno contaba con la oposición total de socialistas y comunistas, aunque la enmienda había sido presentada sólo por el grupo del PCE. El portavoz de, éste, Gregorio López Raimundo, dijo que la declaración es anticonstitucional porque el artículo 28 de la Constitución española no excluye a los funcionarios de los derechos sindicales, sino que únicamente prevé la regulación de las peculiaridades de este cuerpo en cuanto a sus derechos.

Asimismo, y en esto insistieron también los, socialistas, el Grupo Comunista entiende que el Gobierno trata de prejuzgar el futuro estatuto de la función pública.

Frente a todo ello, el portavoz de UCD, Joaquín Muñoz Peirats, afirmó repetidamente que el Gobierno hace su declaración de conformidad con las reservas constitucionales sobre la sindicación de los funcionarios y que no se trata de condicionar leyes futuras, sino de prever que éstas no sean contradictorias con los convenios internacionales que se ratifican.

Derrotada la enmienda, el portavoz socialista pidió que se votasen por separado la ratificación de la Carta Europea y la declaración del Gobierno, a lo que se opuso tajantemente el presidente de la Comisión, Ignacio Camuñas. Socialistas y comunistas se abstuvieron en la votación, y explicaron después que lamentaban profundamente no haber podido votar a favor de la Carta Social Europea, por culpa de una declaración gubernamental inadmisible, en palabras de López Raimundo.

Manuel Marín, por su parte, comunicó que su grupo estudiará la presentación ante la asamblea del Consejo de Europa de una pro puesta de recomendación al Gobierno español para que retire la declaración en cuestión, y advirtió que este puede ser el primer caso en el que actúe el Tribunal Constitucional, para que se pronuncie sobre lo que calificó de «monstruosidad jurídica».

En la misma sesión se aprobó la ratificación del convenio europeo para la represión del terrorismo. Al mismo se oponían, con sendas enmiendas a la totalidad, los diputa dos Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, y Fernando Saga seta, de Unión del Pueblo Canario. El señor Sagaseta no asistió a la sesión y Bandrés se limitó a sostener las enmiendas.