Sesenta técnicos municipales rechazan la dedicación exclusiva
Sesenta profesores del Laboratorio Municipal de Higiene prefirieron pedir la excedencia a aceptar la dedicación exclusiva que se les exigía para reorganizar el centro, que la Corporación ha conseguido revitalizar con una inyección de cincuenta millones de pesetas y la contratación de nuevo personal.
Durante dos días, Madrid va a ser escenario del I Simposio Nacional de Laboratorios e Institutos Municipales de Higiene, organizado por el Ayuntamiento de la capital. Hoy y mañana, alcaldes, concejales, directores y funcionarios de los laboratorios existentes en el país discutirán sobre la legislación, la organización y los problemas comunes que afectan a sus centros.Esta reunión viene a coincidir en el tiempo con la terminación de una larga fase de reorganización del laboratorio municipal de Madrid, que le ha hecho salir del estado de semiabandono en que se encontraba, para situarse al más alto nivel, dentro del desarrollo de la sanidad preventiva que le toca acometer en el término municipal de la ciudad.
El Laboratorio Municipal de Higiene está organizado en tres departamentos, que se subdividen, a su vez, en doce secciones. El departamento de epidemiología e inspección sanitaria cuenta con las secciones de seroterapia y vacunoterapia, hemoterapia y transfusiones, profilaxis humana de la rabia, desinfección y desinsectación y parque de ambulancias. El de represión de fraudes está compuesto por las secciones de análisis clínicos, inspección química, toxicología, microbiología, aguas potables y productos industriales. Y el departamento de servicios veterinarios se divide en las secciones de análisis de diagnósticos y epizootología y zoonosis, a las que hay que añadir el centro de protección animal.
Sin embargo, en el año 1976, de esas doce secciones, tres se encontraban sin funciones específicas a realizar, cuatro estaban reducidas a la mínima expresión y cinco se enfrentaban a grandes necesidades de personal y medios. En esas condiciones, sólo se realizaba el 10% de las inspecciones que la ley le atribuye para el control sanitario de la ciudad y los análisis que se realizaban no se efectuaban de acuerdo con la normativa analítica vigente.
La situación se veía agravada por el hecho de que las misiones debía desarrollarlas una plantilla que tenía la misma composición numérica que veinte años atrás, cuando Madrid no sobrepasaba los dos millones de habitantes. Esa plantilla además estaba mermada en un 50% debido a las bajas habidas por fallecimiento, jubilaciones, excedencias, etcétera; de ese 50%, el 80% eran contratados, lo que provocaba una inestabilidad laboral que redundaba directamente en una baja productividad.
En los tres últimos años, sin embargo, la situación ha cambiado en gran manera desde el punto de vista estructural, aunque no ha llegado todavía a su máximo: de las 375 personas que están previstas en la plantilla del centro, hoy trabajan en el edificio de la calle de Bailén 339. Aun contando con ese déficit humano, las doce secciones del laboratorio funcionan normalmente, con lo que se cumple el fin específico del mismo.
El comienzo de este cambio vino dado por la exigencia que se les hizo a todos los médicos, veterinarios, famacéuticos, químicos y biólogos -la base profesional del laboratorio- de que aceptaran la dedicación exclusiva y abandonaran el sinnúmero de puestos que ocupaban en distintas instituciones. Sesenta de esos profesionales prefirieron pedir la excedencia, con lo que dejaron abierta la posibilidad de contratación de otros nuevos que sí estuvieran dispuestos a ocuparse en forma exclusiva del laboratorio.
A partir de ahí, con una plantilla que ya podía absorber -dada su dedicación- todo el trabajo existente, las necesidades materiales se vieron cubiertas por una serie de inversiones, la última de ellas de cincuenta millones de pesetas. El 80% de los aparatos existentes funcionan ya a pleno rendimiento.
Hoy, el laboratorio municipal se ocupa de controlar sanitariamente a la población madrileña. Además realiza todos los análisis que corren a cargo de la Diputación Provincial y el 90% de los que corresponden al Ministerio de Comercio, a través de la Dirección General de Comercio Interior.
